Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil (c); Gustavo Petro, de Colombia (I); y Andrés Manuel López Obrador, de México (D)
Brasilia.- Los Gobiernos de Brasil, México y Colombia llamaron este jueves a las autoridades electorales de Venezuela a publicar de forma «expedita» los datos «desglosados por mesa de votación» de las elecciones del domingo, en las que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al actual presidente Nicolás Maduro.
Los tres países, liderados por presidentes progresistas, señalaron en un comunicado conjunto que las controversias electorales deben dirimirse por la vía «institucional» y que el principio de la soberanía popular debe ser respetado mediante la «verificación imparcial de los resultados».
Al mismo tiempo, los Gobiernos llamaron a los actores políticos a actuar con «la máxima cautela y contención» durante las protestas para evitar «una escalada de episodios violentos», después de que se reportaran al menos 11 muertos y cientos de detenidos.
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«Mantener la paz social y proteger las vidas humanas deben ser las preocupaciones prioritarias en este momento», reza el comunicado conjunto.
Por otra parte, los Ejecutivos reiteraron su «absoluto respeto» por la soberanía de la voluntad popular en Venezuela, así como su disposición para ayudar en los esfuerzos de «diálogo y búsqueda de acuerdos».
El CNE venezolano declaró ganador a Nicolás Maduro con el 80 % de las actas escrutadas, frente al opositor Edmundo González Urrutia, en un resultado que fue ampliamente rechazado por la oposición y por parte de la comunidad internacional.
Los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Gustavo Petro, de Colombia; y Andrés Manuel López Obrador, de México, han evitado reconocer los resultados sin por ello cortar los puentes con la Administración de Maduro.
Los tres líderes se abstuvieron o evitaron participar en la votación de una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pedía, entre otras cosas, la publicación inmediata de las actas de cada centro electoral.
El Gobierno de Maduro ya ha expulsado a diplomáticos de varios países de la región, entre ellos Argentina y Chile, cuyo líder, el también progresista Gabriel Boric, ha cuestionado abiertamente la validez de los resultados.
Santo Domingo.-El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó este jueves a cinco las provincias en «alerta amarilla«, más el Distrito Nacional, y mantiene 13 en verde, debido a la lluvia que se ha registrado y a la que se pronostica para las próximas horas.
Los aguaceros son provocados por un disturbio localizado sobre el país, el cual continúa fortaleciéndose, y se espera que se convierta en depresión tropical en un par de días, de acuerdo al pronóstico del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).
Las provincias en amarillo son El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo, más el Distrito Nacional.
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Otras 13 demarcaciones figuran en «alerta verde», entre ellas, Santiago de los Caballeros, La Vega, Duarte, Monseñor Nouel y Juan Sánchez Ramírez, en el norte, más Monte Plata (sureste), y La Altagracia, en el este.
Además, San Pedro de Macorís y La Romana (en el este), Bahoruco, Independencia, San Juan y Elías Piña (sur), donde se espera la ocurrencia de precipitaciones importantes en las próximas horas.
Mientras, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones oficiales que emitirán las autoridades en las próximas horas.
De convertirse en depresión tropical, sería la tercera de ese tipo en la actual temporada de huracanes en el Atlántico y el Golfo de México, en la que ya se han registrado dos tormentas con nombres, una de las cuales (Beryl) adquirió categoría de Huracán.
La primera tormenta fue Alberto, que se formó en el mes de junio, mientras el huracán Beryl pasó por el Caribe, en julio,
Para esta temporada se pronostica entre 17 y 25 tormentas con nombres, de las cuales trece podrían adquirir categoría de huracán, es decir, con fuerza de su viento de al menos 118 kilómetros por hora.
Panorama Internacional. Un policía keniano resultó herido de bala este martes en el centro de Puerto Príncipe durante un enfrentamiento con bandas armadas que, tras matar al conductor de un camión, saquearon su cargamento de sacos de arroz.
Godfrey Otunga, comandante en jefe de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití, detalló en un comunicado. Informaron además, que el policía resultó herido en el hombro izquierdo.
Al policía lo trasladaron al Hospital Life Support Area (LSA) y se encuentra «en estado estable». Está a «la espera de recibir tratamiento médico adicional», prosiguió el comunicado.
Los atacantes «escaparon con heridas graves que ponían en peligro sus vidas, desapareciendo en el interior de los altos edificios desde los que disparaban», según la nota.
El incidente se produjo cuando un equipo de la misión multinacional patrullaba la carretera entre el hospital nacional y el puerto marítimo de la Autoridad Portuaria Nacional, y se percató de que un camión estaba siendo atacado y saqueado por hombres armados.
El equipo de patrulla se enfrentó inmediatamente a las bandas después de que empezaran a dispararles.
Informe de la Policía
Precisamente este martes, la Policía de Haití informó de que 104 miembros de bandas haitianas han sido abatidos y 65 detenidos. Esto en el marco de una serie de operaciones, en pleno estado de emergencia, llevadas a cabo en colaboración con policías kenianos.
Un primer contingente de soldados kenianos llegó el 25 de junio a Puerto Príncipe para apoyar a la Policía Nacional de Haití a frenar la violencia a manos de las bandas armadas, que ha provocado miles de víctimas y de desplazados.
El número de efectivos kenianos debería ser de hasta 2.600 agentes, según el compromiso inicial, pero la misión, que se desplegó con meses de retraso, continúa aún expectante de que otros Estados cumplan con su promesa de envío de personal y/o de recursos financieros.
En el primer semestre del año, casi 3.900 personas resultaron muertas o heridas por la violencia de las bandas armadas en Haití. Unas 1.379 solo de abril a junio, según los últimos datos divulgados este martes por la ONU.
Panorama Nacional. El director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, condenó “enérgicamente” la agresión de un cabo de la institución a un reportero gráfico que cubría el incendio en el Mercado Modelo del Centro Histórico de Santiago.
El incidente, que quedó captado en video, ocurrió cuando el reportero Roberto Reyes, del programa radial y televisivo «José Gutiérrez», le indicó al agente que no podía ofender a los periodistas presentes.
Según informes, el cabo Juan Ramón Pascual Ramírez golpeó primero en la mano a la periodista Maricela Gutiérrez, corresponsal del SIN. Luego ofendió a la comunicadora Amparo Infante. Posteriormente, le propinó una bofetada a Reyes, quien cayó al pavimento en medio de agua y lodo.
Guzmán Peralta enfatizó en que ya está tomando medidas disciplinarias contra el alistado involucrado. Además, reafirmó el compromiso de la Policía Nacional con el respeto a los derechos humanos y la libertad de prensa.
El director general anunció que se implementarán medidas adicionales para reforzar la formación y capacitación de los miembros de la institución.
Estas acciones buscan prevenir futuros incidentes de esta naturaleza y garantizar que todos los agentes actúen en conformidad con los valores y principios de la Policía Nacional.
Panorama Internacional. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha convocado a los 10 candidatos presidenciales de las recientes elecciones a comparecer este viernes 2 de agosto. La citación forma parte de una investigación solicitada por el presidente Nicolás Maduro, quien también deberá asistir.
La presidenta de la sala, Caryslia Rodríguez, militante del chavismo, declaró que se ha abierto un proceso de «investigación y verificación para certificar, de manera irrestricta, los resultados» oficiales de los comicios, a pesar de que aún queda un 20% de las actas por escrutar. Esta medida responde a las alegaciones de fraude realizadas por la oposición.
Los convocados incluyen a Edmundo González Urrutia, Javier Bertucci, Benjamín Rausseo, Daniel Ceballos, Claudio Fermín, Antonio Ecarri, Luis Eduardo Martínez, José Brito, Enrique Márquez y Nicolás Maduro. La audiencia está programada para las 2 p.m. hora local.
Foto: Boleta presidencial de Venezuela elecciones 2024
Maduro ha calificado las denuncias de la oposición, liderada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), como un «intento de asalto al poder» y un «complot global contra Venezuela». La oposición sostiene que González Urrutia ganó las elecciones y ha publicado una página web con las actas electorales para respaldar su afirmación.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador con el 51,2% de los votos, a pesar de que el CNE aún no había contabilizado más de dos millones de votos. El Centro Carter, que observó las elecciones, criticó el proceso por no cumplir con los estándares internacionales de integridad electoral.
Por otro lado, la líder opositora María Corina Machado ha anunciado que se encuentra en la clandestinidad debido a amenazas de cárcel tras sus denuncias de fraude. Machado ha afirmado tener pruebas del supuesto robo electoral y ha solicitado el cese de la represión en las protestas recientes, que han resultado en la muerte de 11 civiles y más de 1.000 detenciones.
Las protestas continúan, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la situación en Venezuela.
El gobernante venezolano amenazó con encarcelar a los líderes de la oposición, reconocidos por EE.UU. como los ganadores de los comicios.
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El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el miércoles (31.08.2024) cárcel para la líder opositora María Corina Machado y su candidato Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos como vencedor en las presidenciales entre una ola creciente de denuncias de fraude.
“Si me preguntan mi opinión como ciudadano, te digo que esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja, y tiene que haber justicia en Venezuela”, dijo Maduro, que enfrenta señalamientos de fraude tras ser proclamado como ganador de las elecciones del domingo por el ente electoral bajo control del oficialismo.
Machado y González sostienen igualmente que ganaron los comicios con amplía mayoría y denuncian una escalada de la represión de protestas contra la reelección del mandatario socialista, que dejan desde el lunes al menos 11 civiles muertos y decenas de heridos, así como más de mil detenidos según el gobierno.
Maduro por su parte prometió presentar “el 100% de las actas” de las cuestionadas votaciones, al presentar un recurso frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que le pide pronunciarse sobre el asunto.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que el gobernante fue reelecto para un tercer mandato de seis años con 51% de los votos frente a González Urrutia, con 44%. La oposición, sin embargo, sostiene que tiene copia de 84% de las actas para demostrar un fraude.
Estados Unidos reconoce victoria opositora en las urnas
El jefe de la diplomacia estadounidense para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, afirmó este miércoles que el opositor González Urrutia derrotó al presidente Maduro.
Nichols le dio validez a las actas electorales compartidas en internet por organizaciones de la sociedad civil y la oposición, que afirma haber sufrido un fraude, y aseguró: “Está claro que Edmundo González Urrutia derrotó a Nicolás Maduro por millones de votos”.
“El CNE de Maduro necesita tiempo para preparar resultados falsificados”, añadió Nichols.
La autoridad electoral no ha publicado resultados en su web, alegando que fue blanco de un “jaqueo masivo”.
Tras la proclamación de Maduro como presidente electo, protestas estallaron el lunes en Caracas y otras ciudades de Venezuela.
Mientras Machado denunció una “escalada cruel y represiva”, asegurando que la cifra de fallecidos en protestas es de 16.
El llamado a la cárcel para ambos antichavistas lo hizo el martes el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento), el oficialista Jorge Rodríguez, quien los acusó de ser los responsables de una “conspiración fascista” contra los comicios, mientras que el considerado número dos del chavismo, el diputado Diosdado Cabello, amenazó con que los van “a joder”.
Familiares y oenegés locales denunciaron que los opositores en prisión fueron trasladados a otro lugar aún no revelado. Expertos creen que podría tratarse de un intercambio importante de prisioneros.
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Al menos cinco opositores encarcelados en Rusia fueron transferidos en los últimos días a destinos de momento desconocidos, indicaron sus familiares y oenegés, algo inusual en el sistema penitenciario ruso.
Uno de ellos es Ilia Yashin, condenado a finales de 2022 a ocho años y medio prisión por haber imputado crímenes a Moscú en Ucrania, había “desaparecido” de la prisión en la que cumplía su pena, en la región de Smolensk, denunció este martes (30.07.2024) su equipo en Telegram.
En tanto, la oenegé Memorial afirmó que Oleg Orlov, condenado a dos años y medio de prisión por haber criticado la ofensiva rusa contra Ucrania, también había desaparecido del centro de detención provisional de Syzran, en la región de Samara.
A Ksenia Fadeyeva y Lilia Chanysheva, dos cercanas del fallecido opositor Alexei Navalny, condenadas respectivamente a nueve y nueve años y medio de prisión por “extremismo”, también las sacaron de sus lugares de detención, según el esposo de Chanysheva y el grupo de apoyo de Fadeyeva.
El grupo de apoyo de la artista Alexandra Skochilenko, condenada a siete años de cárcel por una acción pacifista, afirmó en Telegram que esta había sido trasladada de San Petersburgo “supuestamente” a Moscú.
Algunos observadores han especulado con la posibilidad de que se esté preparando un intercambio de prisioneros de opositores y estadounidenses detenidos en Rusia: “Pareciera que estemos en la antesala de un intercambio muy importante (y no solo con los estadounidenses)”, apuntó en Telegram la politóloga independiente Tatiana Stanovaya, en el exilio.
Rusia suele encarcelar a sus opositores y a veces lso traslada hacia destinos desconocidos. El otrora archienemigo del Kremlin, Alexei Navalny, murió en oscuras circunstancias en febrero de 2024, en una cárcel de alta seguridad del Ártico.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) respondió este jueves a la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) respecto a la denuncia sobre el encarcelamiento del señor Gerardo Luis, a pesar de tener una orden de libertad desde 2014.
Roberto Hernández, director de Prisiones, afirmó que la orden de libertad de Gerardo fue ejecutada luego de su depuración, el pasado 13 de mayo de 2024.
«El privado de libertad, quien guardaba prisión preventiva en la cárcel pública de El Seibo acusado de haber violado los artículos 379 y 401, que tipifican como ilícito el robo, fue liberado de manera inmediata», sostuvo Hernández mediante un comunicado enviado a la prensa.
El funcionario señaló que la dependencia bajo su cargo actúa con el debido respeto de las normas procesales cuando se trata de internos que concluyen sus condenas y obtienen su orden de libertad emitida por el tribunal correspondiente.
Además, destacó que esa dirección trabaja cada día para garantizar que no se vulneren los derechos de los privados de libertad que se encuentran en los diferentes centros.
En el documento, se aclaró que en los archivos de esa dirección reposan los documentos que avalan que dicho interno fue liberado el pasado 13 de mayo del presente año.
«En la DGSPC existe un protocolo exhaustivo de supervisión para evitar que pudieran ocurrir este tipo de casos. En lo que compete al exinterno Gerardo Luis, no es el caso», añade.
Sobre los otorgamientos de órdenes de libertad
La Dirección General de Servicios Penitenciarios comunicó que da ingreso a los privados de libertad solamente por orden judicial motivada y escrita. «Este procedimiento es vital para garantizar la legalidad y transparencia en el manejo de los casos de las personas recluidas. De igual manera, la ejecución de las libertades también está sujeta a este mismo protocolo», dijo.
Continuó diciendo que todo este proceso está en conformidad con las disposiciones legales establecidas en el artículo 77 del Código Procesal Penal, así como en la Resolución 1732 de la Suprema Corte de Justicia.
«Es un deber de las autoridades judiciales notificar de manera oportuna y precisa las decisiones tomadas por los tribunales, asegurando así que todos los procedimientos se lleven a cabo en estricto cumplimiento de la ley», indicó.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional inició este jueves la etapa de incorporación de pruebas en el juicio de fondo contra los acusados en el «entramado de corrupción administrativa», que habría estafado al Estado y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
Durante la audiencia, el primer testigo presentado por el Ministerio Público fue el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón, quien nuevamente echó tierra sobre los demás vinculados en el proceso, al detallar su participación en la «red delictiva».
Girón dijo que dentro de sus funciones «estaba pagar parte del dinero de la construcción de la casa del imputado Rafael Núñez de Aza en Colinas del Oeste al maestro constructor, Rafael Suárez. «Además, de la compra de una camioneta para el mismo maestro constructor, como forma de pago y que pudiese mover ciertos materiales para la construcción de la casa de Núñez de Aza».
«De igual forma, dentro de mis funciones para esa época, estaba el pago a ese mismo maestro constructor del dinero de la construcción en unos solares de la mamá del señor Rafael Núñez de Aza en el kilómetro 18 de la autopista Duarte, donde se construyeron una especie de pensiones. Inicialmente eran unas 25, siguieron creciendo con el tiempo, pero ya luego yo me retiré y eso se quedó manejándolo en su totalidad Rafael Núñez de Aza», declaró.
Sobre los casos Coral y Coral 5G
El MP señala al general Adán Cáceres Sivestre, exjefe del cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió el entramado de corrupción, de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, que desfalcó al Estado con más de 4,500 millones entre los años 2012 y 2020.
Así mismo, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; el coronel Rafael Núñez de Aza, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
El domingo 28 de julio de 2024 a la medianoche el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) dio a conocer un resultado de los comicios presidenciales que en las cuentas de la oposición no cuadraba.
Los números del ente electoral daban como ganador al actual mandatario, Nicolás Maduro.
No había pasado una hora del anuncio y la líder opositora, María Corina Machado, dijo que tenía no solo un resultado distinto que reflejaba la victoria de Edmundo González Urrutia, sino que, además, contaba con las pruebas para demostrarlo.
La oposición venezolana acudió a estas elecciones presidenciales, a pesar de jugar en una cancha desfavorable, porque tenía una pequeña garantía: 90.000 testigos en 30.000 mesas electorales alrededor de todo el país.
Esos testigos, con toda la tensión concentrada sobre las mesas y bajo la custodia de militares y simpatizantes del gobierno, tenían la tarea de observar los comicios y, todavía más difícil, salvaguardar las actas que cada mesa emitía con los resultados.
Machado dijo el domingo que tenía el 40% de las actas oficiales de escrutinio y que, con eso, como el margen era tan grande, podía asegurar que González Urrutia le había ganado a Maduro.
Este miércoles, la oposición ya tiene en su poder —y están publicadas— el 80% de las actas, luego de que sus testigos las fueron entregando y que algunos miembros del Plan República, la operación militar que controla el proceso, las filtraron.
Desde un principio, el mundo ha podido ver, verificar y contrastar las actas de la oposición, que en realidad eran las actas del CNE.
La página web donde publicaron los comprobantes se ha caído varias veces. Algunos denuncian ataques cibernéticos. Pero luego aparece otro link y la página vuelve al aire: las actas siguen ahí.
Mientras tanto, el CNE está por responder a la petición de decenas de países, entre ellos los mediadores Brasil y Colombia, para que también publiquen las actas originales.
Muchos vaticinan que se podría terminar en una puja de versiones, una “guerra de actas”, ante el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo.
Maduro, quien alega que la coalición opositora impulsa un “golpe de Estado” en su contra, acudió este miércoles a dicho foro judicial para “aclarar” lo sucedido el domingo.
Y si alguien sabía que eso podía pasar, era la oposición venezolana.
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Pie de foto,María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en una protesta el martes con las actas en la mano.
“Montaron un sistema de totalización paralelo usando las actas oficiales”, dice Miriam Kornblith, una experta electoral venezolana que fue vicepresidenta del CNE en los años 90.
“Y eso no es algo que pasó fortuito —añade—, sino que es el resultado de un proceso de años en los que la oposición desarrolló un conocimiento profundo, técnico, sofisticado del sistema”.
La respuesta de la oposición al anuncio del CNE, entonces, no fue improvisada.
Y tal vez sirve de metáfora para entender la evolución política y técnica de una heterogénea coalición que ha sufrido quiebres y golpes, muchos de ellos relacionados al abstencionismo electoral.
Pero parece haber aprendido la lección.
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Pie de foto,Testigos exigen a las autoridades acceso a las actas de escrutinio en Caracas.
“El mejor sistema del mundo”
Cuando algunos venezolanos aseguran tener “el mejor sistema electoral del mundo” no lo hacen del todo en vano.
En los años 90, en medio de la emergencia de un movimiento político alternativo liderado por Hugo Chávez, el sistema manual era cuestionado.
Se aprobó entonces una ley en 1997 que impulsó la automatización de la votación.
Chávez fue elegido en 1999 con un sistema que ya usaba lectores ópticos para identificar a los votantes y computadoras para registrar los votos.
Luego, en 2004, el chavismo introdujo la pantalla táctil y captadores de huellas.
En estos 25 años de gobierno chavista los venezolanos han acudido a las urnas 30 veces y, según Kornblith, “aunque se han cometido fraudes institucionales de cara a la elección, hasta ahora nunca se había podido probar un fraude electrónico, técnico, en unas presidenciales”.
Y eso es por una razón simple: intervenir el sistema automatizado de totalización es prácticamente imposible.
Esta es la primera vez que unas presidenciales venezolanas son cuestionadas en materia de totalización. Pero hay un antecedente, recuerda Kornblith: las elecciones a gobernación en los estados de Barinas y Bolívar en 2017 generaron una polémica similar sobre las actas.
Y entonces algunos políticos antichavistas —entre ellos los dos que dicen haber ganado en Barinas y Bolívar hace 7 años— tomaron nota.
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Pie de foto,Al día siguiente de la elección, Maduro fue confirmado como presidente por un CNE que, por primera vez en su historia reciente, no había publicado los resultados detallados.
Venezolanos por el mundo codificando
Aunque en la oposición se ha debatido mucho sobre la pertinencia de participar en elecciones que favorecen al partido de gobierno, esta vez hubo consenso en que la vía electoral era crucial para buscar la transición.
Machado misma, que antes era una de las mayores exponentes de la teoría del fraude electrónico apoyado por Cuba, en los últimos años, al contrario, trajo su conocimiento del sistema a la estrategia y se ha engranado en una estructura que tiene años consolidándose.
“La forma como se han publicado las actas, una por una, todas verificables, es un esfuerzo conjunto de programadores, testigos, expertos, que mezcla la labor del CNE y la labor de la oposición y que es resultado de un aprendizaje que tiene una década”, dice Eugenio Martínez, un reconocido experto electoral venezolano.
La oposición parece haber clonado las bases de datos del registro electoral con todas las cédulas de los habilitados para votar (casi 22 millones de personas).
Además, crearon una aplicación para subir las actas, así como un servidor seguro para resguardarlas y, más importante, poderlas verificar en línea con el número de cédula de cualquier venezolano.
Hay ingenieros de sistemas por todo el mundo —hay venezolanos por todo el mundo— organizando las bases de datos, robusteciendo el sistema, codificando números y letras.
Martínez añade: “Siempre se dijo que el sistema automatizado no era el problema sino que la gente que estaba a su alrededor era el problema, porque si se intentaba manipular, iba a ser muy evidente; y bueno, eso es lo que vimos esta vez”.
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Pie de foto,El sistema genera dos actas: una física y una electrónica, que van a una urna y, la otra, a un sistema encriptado. La oposición logró subir al sistema el 80% de las físicas.
Si cuando el CNE anunció sus resultados el domingo hubo un aire de decepción que es familiar para los opositores, cuando Machado salió a decir que habían ganado y tenía la prueba renació la esperanza.
Y eso, dice Martínez, tiene que ver con la labor de estos testigos que salen de las bases militantes de los partidos y son apoyados, según ha detallado Machado, por hasta 600.000 ciudadanos que vigilan su integridad.
“Es un organigrama de despliegue humano que tiene una década y por eso estaban tan preparados”, explica Martínez.
En las protestas de estos días la queja de la oposición no es necesariamente por las inhabilitaciones, los cierres de carreteras en campaña o el uso de medios y recursos públicos en favor del oficialismo: protestan, en realidad, porque tienen las actas de sus votos en la mano, con el código QR que permite verificarlas.
Son las pruebas, dicen, de la derrota de Nicolás Maduro.
