Julio Herrera Velutini: el banquero venezolano indultado por Trump tras un contrato a su exabogada
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini. (IMAGEN DE ARCHIVO)
The New York Times revela que la hija del empresario contrató a Alina Habba por más de US$50 millones antes del perdón presidencial. La familia también aparece vinculada a aportaciones millonarias a iniciativas de Trump, mientras una organización reclama investigar el origen de las donaciones electorales
El banquero venezolano Julio Herrera Velutini, heredero de una familia de larga tradición financiera y acusado en Estados Unidos de participar en un esquema de sobornos relacionado con la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced, obtuvo un indulto del presidente Donald Trump el 15 de enero de 2026.
Nueve meses después, una investigación de The New York Times ha colocado nuevamente su nombre bajo escrutinio al revelar que su hija contrató por más de 50 millones de dólares a Alina Habba, antigua abogada personal del mandatario y entonces vinculada al Departamento de Justicia estadounidense.
El acuerdo, negociado mediante Concord Partners, una empresa creada por Isabela Herrera en Florida en octubre de 2025, contemplaba una remuneración de 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, más bonificaciones que elevaban el valor total por encima de los 50 millones.
Según la investigación publicada el 20 de octubre, Habba comenzó formalmente sus funciones el 1 de enero de 2026, catorce días antes del indulto. La abogada ha negado haber intervenido en la decisión presidencial y la información disponible no demuestra que su contratación fuera una contraprestación por el perdón.
Una familia de banqueros venezolanos
Herrera Velutini, nacido en 1971 y con nacionalidades venezolana e italiana, pertenece a una familia vinculada durante generaciones al negocio bancario. Su trayectoria empresarial se ha desarrollado en el ámbito de la banca privada y los servicios financieros internacionales, con operaciones en América y Europa.
Uno de sus principales negocios fue Bancrédito International Bank & Trust, institución establecida en Puerto Rico en 2008 y orientada a servicios financieros para clientes privados. Su actividad quedó posteriormente bajo investigación de las autoridades reguladoras puertorriqueñas, circunstancia que desembocó en uno de los procesos judiciales más notorios contra un empresario extranjero en la isla.
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La dimensión internacional de sus negocios y su capacidad para contratar abogados y representantes políticos en Estados Unidos adquirieron especial relevancia cuando comenzó a enfrentar cargos federales.
El caso que involucró a una gobernadora
En agosto de 2022, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a Herrera Velutini, a Wanda Vázquez Garced y al exagente del FBI Mark Rossini de participar en un supuesto esquema de corrupción. Los fiscales sostenían que el banquero buscaba influir en las decisiones de la gobernadora para conseguir la destitución de George Joyner, responsable de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, que investigaba operaciones de Bancrédito.
Según la acusación, el empresario habría ofrecido apoyo financiero relacionado con la campaña electoral de Vázquez en 2020 a cambio de obtener un trato favorable para su banco. Los implicados rechazaron inicialmente las acusaciones de soborno y conspiración.
El expediente cambió en julio de 2025, cuando Herrera Velutini aceptó declararse culpable de un delito menor relacionado con contribuciones electorales de extranjeros. El acuerdo permitió dejar fuera los cargos más graves inicialmente formulados. Esa declaración de culpabilidad no supuso admitir las acusaciones originales de soborno.
Abogados cercanos a Trump
Para su defensa, Herrera Velutini contó con Christopher Kise, antiguo procurador general de Florida y abogado que también representó a Trump. Según The New York Times, Kise participó en las gestiones relacionadas con la búsqueda del indulto presidencial.
La investigación del diario estadounidense identificó además el contrato concedido a Habba, quien había defendido personalmente a Trump y posteriormente ejercido funciones en la Fiscalía federal de Nueva Jersey. La contratación como asesora jurídica principal de Concord Partners se produjo cuando mantenía vínculos con el Departamento de Justicia.
Habba rechazó haber participado en el procedimiento de clemencia. Las autoridades estadounidenses también negaron que hubiera intervenido en la decisión presidencial. El contrato y su proximidad temporal con el indulto están documentados, pero no constituyen por sí mismos prueba de una actuación ilegal.
Un indulto con documentos modificados
El registro oficial del Departamento de Justicia confirma que Trump concedió el 15 de enero de 2026 indultos a Herrera Velutini, Vázquez Garced y Rossini. En esa primera relación aparecen los delitos graves incluidos en la acusación original, como conspiración, soborno y fraude electrónico por privación de servicios honestos.
El 20 de enero se registraron documentos modificados para los tres beneficiarios, en los que figura el delito de contribución electoral por parte de un extranjero. Esta diferencia es importante para distinguir las acusaciones iniciales del acuerdo judicial posterior. El documento presidencial de Herrera Velutini establece expresamente un perdón pleno e incondicional.
Donaciones millonarias bajo investigación
El contrato de Habba no es la única operación financiera que relaciona a la familia Herrera con iniciativas políticas vinculadas a Trump. Según registros electorales examinados por Campaign Legal Center, Isabela Herrera aportó 2.5 millones de dólares a MAGA Inc. en diciembre de 2024 y otro millón en julio de 2025, para un total de 3.5 millones.
El 17 de febrero de 2026, Campaign Legal Center presentó una denuncia ante la Comisión Federal de Elecciones para que investigara si la hija de había actuado como donante interpuesta de su padre. La organización recordó que los extranjeros tienen prohibido financiar elecciones estadounidenses y cuestionó la procedencia de los fondos. La denuncia no demuestra que Herrera Velutini financiara las aportaciones ni que se haya cometido una infracción.
Otra operación fue documentada por The Washington Post el 15 de octubre. Según registros obtenidos por el periódico, Isabela Herrera se comprometió a aportar 2.5 millones de dólares al proyecto del salón de baile de la Casa Blanca promovido por Trump. El compromiso se remonta al 23 de septiembre de 2025, meses antes del indulto. Se trata de una aportación distinta de las contribuciones a MAGA Inc. El periódico precisó que su investigación no establecía una relación causal entre las donaciones y las decisiones favorables de la administración.
