Andújar Záiter también resalta la importancia del tratamiento médico y cuestiona el seguimiento familiar en casos de esquizofrenia, además de considerar si existió influencia de narcóticos en el atacante.
SANTO DOMINGO.- El médico y abogado Leonardo Andújar Záiter aseguró hoy que no todos los que padecen esquizofrenia y cometen actos delictivos son inimputables.
“El artículo 64 del Código Penal especifica eso. Si se demuestra que el paciente realmente es ezquizofrénico, ah, porque es esquizofrénico, a todo esquizofrénico no lo vamos a juzgar, no, no es así”, dijo el galeno experto en derecho médico durante una entrevista con Edmundo Ledesma y Robinson Gálvez Lay, en Diálogo Urgente, por EN TELEVISION.
En torno al caso de Jean Andrés Pumarol Fernández, quien hirió cinco personas y mató otra en un arranque esquizofrénico en el ensanche Naco, el doctor Andújar Záiter dijo que hay que evaluarlo para determinar desde cuando padece la enfermedad.
“El seguimiento que le daban los padres a la consulta. Okey yo soy esquizofrénico, me diagnosticaron hace cinco años, pero hace cuatro años que no voy al médico, los medicamentos: tomaba yo los medicamentos diario, iba a terapia?, porque la esquizofrenia no se cura”, precisó el especialista.
Reveló que en esta sociedad dominicana hay muchas personas que son esquizofrénicas y ejercen sus actividades normalmente, pero que están medicados, bajo terapia y están bajo control.
“Ellos tienen un control de su vida, de su enfermedad. Hasta dónde esta persona y la misma familia tenía conciencia de su enfermedad?” se preguntó el doctor Leonardo Andújar Záiter.
Asimismo, dijo que otro punto que hay que ver es si el agresor estaba bajo los efectos de sustancias narcóticas, lo que habría que evaluar como un pensamiento crítico.
Sostuvo que el Ministerio Público con especialistas de la psiquiatría y la psicología deben evaluarlo y determinar si Jean Andrés Pumarol cometió el ataque durante un momento de crisis, al aclarar que el esquizofrénico no vive en crisis el dia entero.
Defensa de Jean Andrés Pumarol dice “no es prudente” la prisión preventiva por su condición mental
El joven es acusado de matar a una anciana y atacar a varios vecinos con arma blanca.
Richard Martínez, abogado de Jean Pumarol.Fuente externa
El representante legal de Jean Andrés Pumarol Fernández, joven acusado de matar a una anciana y atacar a varios vecinos con arma blanca, dijo que su defendido “es una persona enferma” y que “no es prudente” que sea enviado a prisión, tras ser diagnosticado con una condición mental.
“Él está en el hospital ahora mismo”, afirmó el abogado Richard Martínez al ser abordado por la prensa este viernes.
Martínez explicó que todavía no conoce la medida de coerción que presentará el Ministerio Público, pero adelantó que, en esta etapa, “realmente lo que se va a conocer es cómo él va a estar vinculado al proceso”.
Según el abogado, no se trata todavía de determinar culpabilidad y no lo considera “prudente”. “Ahora mismo no se va a conocer si él es culpable o no”, dijo.
Sobre el perfil de su cliente, Martínez expresó que “es un joven diagnosticado”, con tratamiento médico continuo, y que no se trataba de alguien aislado de la sociedad.
Calificó el incidente como una tragedia provocada por “un episodio de tipo psicótico”, señalando que todo eso en el tribunal en su momento se va a aclarar.
“Yo entiendo que a una persona enferma con una condición mental evidentemente que lo manden a prisión no es lo ideal”, reiteró el defensor legal.
Actualmente, Pumarol Fernández se encuentra hospitalizado y bajo evaluación médica, según su abogado.
El hecho que lo involucra ocurrió la tarde del pasado miércoles en el condominio Naco Dorado IV, en el Distrito Nacional, donde perdió la vida Ivonne Handal Abugabil, de 70 años.
Mientras que los heridos son Guillermo Pumarol, padre del victimario; Francisco Texano, vecino; Teresa Fabián Heredia, quien cuidaba a la fallecida, Griselda Ozuna y Victoria Heredia.
¿Dónde guardan prisión los imputados que padecen enfermedades mentales en RD?
431 internos con trastornos mentales y el caso de Naco reabren el debate sobre la atención penal-psiquiátrica en el país
El reciente ataque que dejó una mujer muerta y varios heridos en el sector Naco, del Distrito Nacional, a manos de un joven con aparentes trastornos mentales ha reavivado el debate sobre el destino de los acusados con problemas psiquiátricos dentro del sistema penitenciario.
En teoría, el Código Procesal Penal establece que las personas inimputables —aquellas que, debido a trastornos mentales, no comprenden la ilicitud de sus actos— deben ser sometidas a medidas de seguridad en centros de atención especializados, y no a penas privativas de libertad en cárceles convencionales.
Actualmente, el sistema penitenciario cuenta con tres pabellones de salud mental ubicados dentro de cárceles comunes: Najayo Hombres (San Cristóbal), Vista del Valle (La Vega) y San Pedro de Macorís
Estas áreas fueron habilitadas para responder a la necesidad de atención psiquiátrica en prisión, pero no cumplen con los requisitos mínimos, según denuncias de la Defensoría Pública.
La coordinadora de la comisión de cárceles de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Elizabeth Rodríguez, dijo que la creación de estas áreas fue una buena iniciativa, pero no está resolviendo el problema, debido a la carencia de psiquiatras permanentes, protocolos clínicos y personal especializado, lo que afirma, impide brindar un tratamiento adecuado y respetuoso de los derechos de esta población vulnerable.
´´Podemos decir que actualmente la situación sigue siendo caótica, no hay una atención o un seguimiento adecuado. Hemos encontrado internos desnudos, aislados, viviendo entre gusanos y sus propios desechos. No hay seguimiento médico. Están encerrados, no atendidos”, aseguró.
Internos con trastornos
De acuerdo con datos de la coordinadora de Defensa Pública, 431 personas privadas de libertad en el país presentan diagnósticos psiquiátricos. Muchos están distribuidos tanto en cárceles del viejo modelo como en centros del nuevo sistema, pero en ambos casos las condiciones siguen siendo inadecuadas.
Algunos han sido ubicados en celdas adaptadas para atención mental, pero esas áreas —según Rodríguez— no cumplen con los mínimos requerimientos: ni seguimiento psiquiátrico regular, ni condiciones higiénicas, ni abordaje clínico integral.
La mayoría de estos reclusos son representados por defensores públicos, que provienen de contextos de alta vulnerabilidad económica y social, en muchos casos han sido abandonados por sus propias familias.
Frente a este panorama, la organización de defensoría insiste en la urgente necesidad de crear un centro penal-psiquiátrico especializado, digno y funcional, que permita abordar esta realidad con el enfoque clínico, humano y legal que requiere.
Desigualdad
Otro problema estructural se debe a la desigualdad en el acceso a atención médica especializada. Según indicó Rodríguez, para muchas familias, tener un pariente con una condición mental y sin recursos económicos significa una condena silenciosa.
“En este país, si tienes dinero puedes pagar un centro psiquiátrico“, advirtió.
La defensora detalló que ni siquiera los seguros médicos cubren servicios de psiquiatría, y que una sola consulta privada puede costar hasta cinco mil pesos, lo que la vuelve inaccesible para la mayoría.
“La salud mental en este país es muy costosa. Estamos hablando de que ni siquiera el seguro médico cubre servicios de psiquiatría. Para ver un psiquiatra que no acepte seguro, tienes que pagar hasta cinco mil pesos. Ese es el problema que tenemos”, expresó.
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