César Emilio Peralta, alias “César el Abusador” cuando fue apresado en Colombia. (FUENTE EXTERNA)
La defensa sostiene que el tribunal negó anteriormente la entrega de “cualquier grabación”
Diario Libre USALa batalla judicial de César Emilio Peralta- (César el Abusar) dio un giro significativo con la presentación de una moción en la que su defensa exige la entrega de un video de seguridad grabado el 4 de noviembre de 2022, justo antes de que el narcotraficante dominicano se declarara culpable ante un tribunal federal.
Según el documento, el video captado por las cámaras del U.S. Marshals Service es la única evidencia objetiva de una interacción “fuera del récord” entre el fiscal Max J. Pérez-Bouret y el acusado en los minutos previos al inicio formal de la audiencia.
Esa conversación —que no aparece en el expediente ni en la transcripción oficial— sería central para demostrar que el acuerdo de culpabilidad no fue voluntario, sino producto de presión indebida.
La defensa sostiene que el tribunal negó anteriormente la entrega de “cualquier grabación” bajo la premisa de que, al haber estenógrafo (instrumento que transcribe conversaciones) presente, no existía archivo audiovisual.
Sin embargo, explica que esa negativa se basó en un error material: aunque no se activa audio oficial cuando hay taquígrafa, las cámaras de seguridad sí funcionan las 24 horas, y su contenido es independiente del sistema del tribunal.
Un argumento de alto calibre
En su moción, el abogado Edwin Prado cita precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos que obligan a revisar evidencia externa cuando un acusado afirma que recibió presiones o promesas fuera del acta. Entre ellos, Machibroda v. United States y Blackledge v. Allison, fallos que establecen que la transcripción del plea no es suficiente para determinar si este fue realmente libre.
Además, invoca la doctrina Brady v. Maryland, que obliga al Gobierno a entregar evidencia favorable al acusado. Si el video muestra acercamientos, gestos, palabras o conductas del fiscal que puedan interpretarse como presión, el material sería exculpatorio y, por tanto, su retención sería una violación constitucional.
¿Qué busca la defensa?
Con la entrega del video, la defensa de Peralta pretende demostrar que el plea —base del proceso y de su condena— fue defectuoso. Si logran probar que la declaración no fue voluntaria ni consciente, la consecuencia jurídica sería directa: el acuerdo de culpabilidad podría ser anulado, y con él el proceso completo.
En términos prácticos, Peralta quedaría nuevamente en posición procesal abierta, y dependiendo de la valoración judicial sobre la conducta del Ministerio Público, incluso podría solicitar libertad mientras se determina la validez del caso.
Un expediente que podría reventar desde adentro
El planteamiento no es menor. La moción señala que la interacción previa entre fiscal y acusado ocurrió justo antes de abrir el micrófono oficial, cuando el juez todavía no había iniciado la audiencia. Es decir, un momento que normalmente queda al margen del registro, pero que, según la defensa, fue decisivo para que Peralta cediera.
Si el tribunal concluye que hubo presión indebida o que se suprimió evidencia clave, estaría obligado a revisar el caso desde cero. En palabras simples: si el video existe y respalda la versión del acusado, el proceso corre el riesgo de derrumbarse.
¿Qué sigue ahora?
La defensa pide que el tribunal:
- Revoque su orden previa,
- Ordene la preservación inmediata del video,
- Lo incorpore al expediente,
- Y permita su revisión.
El juez podría, incluso, verlo primero en privado antes de decidir.
Si accede, este podría convertirse en el punto de inflexión del caso. Si lo niega sin revisar la evidencia, podría abrir paso a una apelación por violación al debido proceso.
Por ahora, lo único claro es que la defensa de “el Abusador” ha encendido una alarma jurídica, dado que lo ocurrido en los minutos previos al plea podría redefinir el futuro judicial de uno de los casos más emblemáticos del Caribe en la última década.
Audiencia de César el Abusador se suspendió por polémica con acuerdo de culpabilidad
La defensa argumenta que la declaración de culpabilidad no fue voluntaria
La audiencia de sentencia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta Adámez, alias “el Abusador”, en el Tribunal Federal de Puerto Rico, fue suspendida sin nueva fecha debido a una controversia surgida sobre la validez de su declaración de culpabilidad.
El juez Pedro A. Delgado Hernández ordenó posponer la vista, que estaba programada para el jueves 10 de octubre, después de que la defensa del acusado presentara una moción para anular la declaración de culpabilidad que Peralta firmó en 2022.
Según la defensa, la admisión de culpabilidad no fue hecha de forma consciente ni voluntaria, y el proceso estuvo viciado por una “asistencia legal ineficaz”. En respuesta a este nuevo alegato, la Fiscalía federal solicitó una prórroga de 30 días para poder preparar una respuesta completa, la cual fue concedida por el tribunal, según reportó el diario El Nuevo Día.
En su petición, el fiscal federal Antonio Pérez Alonso explicó que el Gobierno de Estados Unidos necesita tiempo para analizar la moción —un documento de 62 páginas acompañado de decenas de anexos— y consultar a varias personas ajenas a la Fiscalía que podrían ser relevantes para el caso.
“El acusado tuvo amplio tiempo para redactar su moción de 62 páginas, según demuestra el expediente. Por tanto, es apropiado y justo que el Gobierno tenga tiempo razonable para responder de manera adecuada y exhaustiva“, señaló Pérez Alonso en su solicitud.
Con la decisión del juez, la Fiscalía tiene hasta el 12 de noviembre para responder a la moción presentada el pasado 7 de octubre por el abogado Edwin Prado Galarza, representante legal de Peralta.
La defensa también solicitó la transcripción completa de la audiencia de 2022, en la que el acusado se declaró culpable, argumentando que el documento es clave para demostrar si la admisión se realizó conforme a las normas federales: de manera “consciente, voluntaria y con asistencia legal efectiva”.
¿Cuáles son los antecedentes del caso?
César Emilio Peralta fue acusado por un gran jurado federal en 2018 por cargos de conspiración para importar heroína y cocaína a Estados Unidos. Tras su arresto en Colombia, fue extraditado a Puerto Rico, donde en noviembre de 2022 aceptó su responsabilidad como parte de un acuerdo con las autoridades.
Durante su alegación, Peralta admitió haber liderado una red criminal que operó entre 2007 y 2017, transportando cocaína desde República Dominicana, Venezuela, Colombia y las Antillas Holandesas hacia territorio estadounidense.
El entonces jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, lo describió como el líder de una organización criminal transnacional con sede en Santo Domingo, a la que se le atribuye el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos a través de Puerto Rico.
Como parte del caso, las autoridades confiscaron cuatro propiedades y negocios vinculados a Peralta en la República Dominicana: Flow Gallery Lounge, La Koura Club, Aqua Club, Al Panino y Peralta Investment.
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