Anuncian la libertad plena de María Lourdes Afiuni, la jueza que fue “la presa personal de Chávez” durante casi 10 años/ Muere José Breijo: la historia del uruguayo encarcelado en Venezuela por una foto y que al salir encontró su casa ocupada por el policía que lo detuvo
Pie de foto,María Lourdes Afiuni desde su casa, cuando estaba bajo arresto domiciliario, en enero de 2012.
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- Título del autor,BBC News Mundo
- 7 agosto 2026
La familia de la jueza venezolana María Lourdes Afiuni anunció que la justicia cerró definitivamente el caso judicial por el que estuvo presa casi una década durante el gobierno del expresidente Hugo Chávez.
“La familia de la juez María Lourdes Afiuni Mora recibe con satisfacción la decisión que pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir”, indicaron su hermano, Nelson Afiuni, y su abogada, Thelma Fernández, en un comunicado publicado en X este viernes.
“Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso”, añade la nota.
En diciembre de 2009, Afiuni fue detenida poco después de ordenar la libertad bajo fianza del banquero Eligio Cedeño.
En su momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió que fuera condenada hasta 30 años de prisión por haber tomado aquella decisión.
Por ello, Afiuni es conocida como “la presa personal de Chávez”.
La jueza estuvo tras las rejas hasta que pasó a un régimen de arresto domiciliario.
En junio de 2013, logró la libertad condicional con medidas cautelares.
Pero en marzo de 2019 fue condenada a cinco años más de cárcel por “corrupción espiritual”, un cargo que denunció como un “delito inventado”.
“Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”, dice la nota.
El deterioro de salud
El jueves 6 de agosto, un día antes de que se conociera la decisión, su hermano había exigido la libertad plena para Afiuni por el deterioro en su estado de salud.
“Tras presentar un cuadro de mareos, vómitos e hipertensión, fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció bajo observación y logró ser estabilizada de manera satisfactoria”, informó Nelson Afiuni en un comunicado.
No obstante, las evaluaciones médicas revelaron “tres lesiones tumorales localizadas en distintas partes de su cuerpo que requieren atención médica inmediata con el fin de evitar consecuencias irreparables para su salud”.
“El cierre definitivo de este expediente no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados”, indica la nota en la que sus familiares agradecieron el apoyo de “personas e instituciones” que respaldaron las peticiones de liberación.
“El caso de la juez María Lourdes Afiuni permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad”.
La arremetida de Chávez
El fallecido mandatario arremetió públicamente contra Afiuni el día siguiente de la liberación de Cedeño, cuando se supo que el banquero había huido del país rumbo a Miami inmediatamente después de ser liberado.
Cedeño llevaba tres años en prisión preventiva, acusado de ejecutar operaciones cambiarias ilegales.
“Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Habrá que meterle pena máxima. ¡30 años de prisión pido yo a nombre de la dignidad de un país!”, dijo Chávez en 2009, al tiempo que calificó a la exmagistrada de “bandida” y aseguró que “todo estaba montado”.
“Le dije a la presidenta del Tribunal Supremo, a la Asamblea Nacional, habrá que hacer una ley porque es mucho más grave un juez que libera a un bandido, que el bandido mismo”, agregó el mandatario.
Afiuni, por su parte, aseguró que simplemente había aplicado la ley venezolana, que establecía entonces que nadie podía estar detenido más de dos años sin sentencia, así como una recomendación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que había cuestionado la situación de Cedeño.
Pero eso no evitó su detención por parte de los servicios de inteligencia venezolanos y su posterior envío a una prisión, donde se encontraban numerosas mujeres a las que ella había juzgado y sentenciado por delitos como infanticidio, robo y narcotráfico.
“Me vaciaron el útero”
Afiuni pasó poco más de un año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel donde sus abogados defensores denunciaron que habrían intentado “atacarla con cuchillos, abusarla sexualmente y hasta rociarla con gasolina”.
“No hubo semana en la que no me amenazaran”, contaría años después la propia jueza.
Durante ese período en prisión, la salud de Afiuni se deterioró significativamente: en febrero de 2011, poco antes de que le dieran arresto domiciliario, le tuvieron que extirpar el útero.
La exmagistrada también salió de la cárcel con quistes en un seno y una axila, así como con problemas de vejiga.
Cuatro años después, cuando ya gozaba de libertad condicional, Afiuni denunció haber padecido torturas y violaciones durante su estancia en prisión, que dijo le habían causado o agudizado sus problemas.
“A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida”, aseguró la exjueza durante una audiencia celebrada en julio de 2015.
“Tengo la cuarta parte del seno comprometida por el coñazo (golpe) que me dieron en el penal con una bota, y a esta altura nadie me lo quiere tocar porque no saben lo que tengo ahí. Todo el mundo ve las mamografías, pero me dicen que eso no se toca. Nadie sabe qué tengo”, aseguró también en ese mismo careo.
Impacto internacional
Para ese entonces, su caso ya se había vuelto una causa célebre. De hecho, varios años antes, el mismo Noam Chomsky -uno de los intelectuales más admirados por Chávez- ya había suscrito una carta pública pidiendo la liberación de Alfiuni, en la que se la calificaba de presa política.
Y en diciembre de 2017, Afiuni misma denunció que el tiempo que llevaba con medidas restrictivas de libertad sobrepasaba el de la pena máxima contemplada para los delitos de los que se la acusaba.
Nelson Afiuni le dijo a BBC Mundo en 2011 que su hermana padecía un calvario por orden expresa de Chávez.
“La rabia, la saña con la que ha actuado Chávez en este caso es algo inusual. Ella sabía dónde se estaba metiendo, no era tan ingenua, pero no pensó que la iban a detener”, dijo en esa oportunidad.
15 años después de aquella declaración, Nelson Afiuni escribió: “La historia de la juez María Lourdes Afiuni no debe ser recordada únicamente por la injusticia que sufrió, sino por la convicción de que la defensa de la independencia judicial es una condición esencial para la libertad y los derechos de todos los venezolanos”.
Muere José Breijo: la historia del uruguayo encarcelado en Venezuela por una foto y que al salir encontró su casa ocupada por el policía que lo detuvo
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- Autor,Juan Francisco Alonso
- Título del autor,BBC News Mundo
- 7 agosto 2026
En su casa, pero no libre.
Así murió José Ricardo Breijo Fedorchenko, quien era considerado el único uruguayo que terminó en una cárcel venezolana por razones políticas, según organizaciones de derechos humanos y el propio gobierno de Montevideo. ¿Su delito? Tomar una fotografía que presuntamente probaría la presencia de grupos militantes islámicos en Venezuela.
El deceso de Breijo, de 71 años, habría ocurrido el domingo, pero su cuerpo no fue encontrado hasta la madrugada del jueves.
“Conversé con él el sábado, cuando me mandó un mensaje extraordinario diciéndome que había tenido una entrevista con una periodista. Lo que presumimos es que murió el domingo”, relató a BBC Mundo el periodista y activista Carlos Julio Rojas, quien dio visibilidad a su caso.
“En la tarde del domingo fue la última vez que se conectó (a Whatsapp) y el miércoles los vecinos nos llamaron porque los olores que salían de su apartamento eran muy fuertes. Cuando llegaron los bomberos encontraron al señor Pepe en su cama”, agregó.
“Se presume que murió de un infarto, pero hay que esperar los resultados de la autopsia”, remató el periodista.
La imagen que lo inició todo
El drama de Breijo, quien llegó a Venezuela hace casi cinco décadas huyendo de la dictadura militar que entonces gobernaba su país, se inició a finales de 2023 por culpa de una fotografía.
Según el diario uruguayo El País, semanas después de los ataques que el grupo Hamás perpetró contra Israel, el ciudadano uruguayo acudió a un sitio en Caracas donde, según él, se reunían simpatizantes de esta organización, calificada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), para recabar evidencias de su presencia en el país latinoamericano.
“Saqué una foto en una oficina vacía, no había nadie, pero encontré una bandera en la pared (que) tenía fondo verde y con una inscripción árabe en rojo”, relató.
Después acudió a una de las sinagogas de la capital venezolana para mostrarle la imagen a un rabino.
“No logré hablar con el rabino, sino que un supuesto vigilante de seguridad que estaba en la sinagoga me dio un número de teléfono. Llamé. Me citaron en una panadería para tomar un café. Fui y, cuando mostré la foto, me pusieron las esposas y me llevaron preso. No era el rabino; me habían pasado el teléfono de un policía”, narró.
Algunos medios aseguran que Breijo tomó la fotografía con el propósito de venderla a algún medio y así costearse una operación quirúrgica. Sin embargo, Rojas niega esa versión.
“Nunca me comentó nada de eso. Él era una persona bohemia”, dijo.
Tras pasar unos meses en unos calabozos policiales en Caracas, el fallecido fue enviado a la prisión de Tocuyito, en el estado Carabobo, a unos 185 kilómetros al oeste de la capital venezolana.
Del proceso que se le siguió a Breijo no hay constancia en los archivos digitales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El único registro judicial que hay del fallecido es el de un juicio que data de 2007 y que está relacionado con la partición de una empresa.
BBC Mundo solo pudo obtener una copia de la orden en la que el Juzgado Especial Segundo de Juicio con competencia en Terrorismo de Caracas le concedió casa por cárcel.
También se contactó sin éxito al fiscal general de la República, Larry Davoe, para obtener sus comentarios sobre este caso.
La otra imagen
En ese momento la detención del ciudadano uruguayo pasó desapercibida y no fue sino hasta mayo pasado, cuando recibió una medida humanitaria de casa por cárcel, que su caso ocupó titulares. ¿El motivo? Se difundió otra imagen, esta vez de él acostado en un colchón a la entrada de la que había sido su casa durante décadas.
“El policía que me metió preso puso acá a una familia”, dijo Breijo al diario uruguayo El País a principios de julio.
“Es una práctica policial muy común: te agarran por la calle, te hacen un montón de preguntas y, si se dan cuenta de que vives solo, te mandan a la cárcel y te quitan la casa”, agregó.
Además de ver afectado su derecho a la propiedad, Breijo se veía imposibilitado para cumplir la orden judicial de permanecer en su residencia mientras cumplía su detención domiciliaria y, por lo tanto, corría el riesgo de terminar nuevamente tras las rejas.
Los vecinos de Breijo contactaron a Rojas, quien integra el Frente de Defensa del Norte de Caracas, una organización dedicada a la denuncia de fallas en los servicios públicos y de invasiones de la propiedad privada en la capital venezolana.
“Logramos visibilizar el caso. Eso fue lo que generó la presión para que el invasor, que es un funcionario del mismo grupo que estuvo vinculado al encarcelamiento del señor Pepe, le devolviera su apartamento”, comentó el periodista, cuyo activismo también lo llevó a pasar dos años tras las rejas.
Las gestiones de la Defensoría del Pueblo también contribuyeron a que Breijo recuperara su vivienda, así como a garantizarle tratamiento médico tras su excarcelación.
Sin embargo, la victoria fue parcial.
“Su casa fue totalmente desvalijada. Las cosas que estaban ahí eran del invasor porque él sacó todas las cosas del señor Pepe”, apuntó Rojas.
Breijo tenía un hijo en Buenos Aires (Argentina) que quiso venir a verlo tras su excarcelación, pero su padre le pidió que no lo visitara por temor a que también fuera detenido, reportó la agencia EFE.
Una víctima más
Aunque Breijo falleció en su casa, Rojas lo considera una víctima más entre las decenas de disidentes y opositores que han fallecido bajo custodia del Estado en los últimos años.
“Este caso es responsabilidad del Estado porque su deterioro físico fue consecuencia de los tratos inhumanos a los que fue sometido en Tocuyito”, aseguró el periodista y activista, quien recordó que, al momento de su detención, Breijo pesaba 120 kilogramos, pero cuando salió apenas llegaba a 60 y tenía un edema pulmonar bilateral.
“Le dieron la medida humanitaria para que no se muriera en la cárcel”, aseguró Rojas.
En similares términos se pronunciaron desde la organización Justicia, Encuentro y Perdón, cuyos representantes consideraron que la excarcelación de Breijo fue insuficiente.
“Falleció bajo medidas coercitivas y con secuelas de salud que reflejan el devastador costo humano de la privación de libertad y los procesos injustos”, escribió la agrupación en un comunicado publicado en X.
Según agrupaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), 27 presos políticos han muerto bajo custodia de las autoridades desde 2014.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que permanecen recluidas miles de personas en las cárceles venezolanas han motivado en los últimos años múltiples llamados de atención y condenas al Estado venezolano por parte de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solo en 2026, 49 reclusos perdieron la vida por falta de medicamentos y malnutrición, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización que monitorea las penitenciarias del país.
“Hasta el último aliento le negaron la libertad plena tanto Nicolás Maduro, que lo secuestró, como Delcy Rodríguez, que no le dio la libertad”, se lamentó Rojas.
“La Fiscalía dejó el caso engavetado para que corriera la misma suerte que los miles de presos políticos que están totalmente olvidados y que son víctimas de la represión”, concluyó.
Pese a la Ley de Amnistía dictada por Rodríguez, en el país aún existen 382 presos políticos, según la organización Foro Penal. De ese total, 40 tienen nacionalidad extranjera, incluido el abogado argentino Germán Giuliani.
