El régimen de Irán ejecutó este jueves a tres hombres detenidos durante las protestas de enero de 2026, en los primeros ahorcamientos oficialmente reconocidos por las autoridades relacionados con esas manifestaciones. Mehdi Ghasemi, Saleh Mohammadi y Saeed Davoudi fueron colgados al amanecer en la prisión central de Qom, al sur de Teherán, tras ser condenados por moharebeh —enemistad contra Dios—, el delito capital que establece la sharia iraní, según informó la agencia judicial Mizan.
El caso que concentró mayor atención fue el de Mohammadi, que acababa de cumplir 19 años y era miembro del equipo nacional de lucha libre, con participación en competiciones internacionales. Fue condenado por su presunta implicación en la muerte de un agente de policía durante los disturbios del 8 de enero en Qom. Según la organización noruega Iran Human Rights (IHR), la condena se fundó en una confesión obtenida bajo tortura. Su abogado de oficio no logró que el tribunal admitiera las pruebas de descargo, incluidas imágenes de cámaras de vigilancia que, según los allegados del joven, no lo situaban en el lugar de los hechos.
Amnistía Internacional señaló que a Mohammadi se le negó una defensa adecuada y fue forzado a confesar en procedimientos tan acelerados que no se parecieron en nada a un juicio real. El monitor jurídico Dadban añadió que los tres condenados carecieron de acceso efectivo a abogados independientes y que, en esas condiciones, el uso de la pena de muerte equivale a una ejecución extrajudicial. Davoudi fue acusado de matar a dos policías con armas blancas; Ghasemi, de llevar a cabo acciones operativas a favor de Israel y de incitar a la violencia para desestabilizar el país, según la versión oficial.
Las ejecuciones se produjeron un día después de que las autoridades ahorcaran a Kouroush Keyvani, ciudadano con doble nacionalidad iraní-sueca, por espionaje en favor del gobierno israelí, el tercero ejecutado en 2026 por ese motivo, según IHR. La canciller sueca Maria Malmer Stenergard declaró que el proceso legal no fue jurídicamente sólido, y la Unión Europea también condenó la ejecución.
Las protestas estallaron a finales de diciembre de 2025 con movilizaciones de comerciantes contra el alza del costo de vida, y se extendieron a más de cien ciudades, convirtiéndose en las mayores manifestaciones desde la Revolución de 1979. Las jornadas más cruentas fueron las del 8 y 9 de enero. El régimen de los ayatolás admitió más de 3.000 muertos entre manifestantes y efectivos de seguridad, y atribuyó la violencia a terroristas financiados desde el exterior. La agencia estadounidense HRANA documentó más de 7.000 muertes, con la mayoría entre los propios manifestantes, y advirtió de que la cifra real podría ser mucho mayor.
IHR calcula que centenares de detenidos enfrentan cargos que podrían acarrearles la pena capital. El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, advirtió que no habrá clemencia para quienes resulten condenados por actos violentos.
La organización teme que la guerra en curso —iniciada el 28 de febrero con los ataques que causaron la muerte del líder supremo Alí Khamenei— sirva de pantalla para acelerar los ajusticiamientos. “Estas ejecuciones se llevan a cabo para sembrar el miedo en la sociedad, pues la República Islámica sabe que la principal amenaza a su supervivencia proviene del propio pueblo iraní”, señaló IHR.
Irán es el segundo país del mundo en número de ejecuciones tras China; el año pasado registró al menos 1.500 ahorcamientos, según IHR. La ejecución de Mohammadi evocó de inmediato la del luchador Navid Afkari, ahorcado en 2020 pese a una campaña internacional que no logró detener el ajusticiamiento. El régimen responde hoy a una presión exterior todavía mayor con la misma lógica: más horca, menos ruido.
Un nutrido grupo de hijos y familiares de altos funcionarios del régimen iraní han asumido roles docentes en algunas de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, mientras aumenta la presión de organizaciones opositoras para que se revise su permanencia y se investigue su estatus migratorio, en medio de tensiones diplomáticas y cuestionamientos sobre los valores que estos académicos transmiten en el ámbito universitario.
Según información publicada por el medio The New York Post, allegados al círculo de poder en Teherán—muchos de ellos descendientes de líderes políticos o religiosos—han recibido críticas por residir y trabajar en instituciones académicas estadounidenses, mientras sus familias mantienen un discurso abiertamente hostil hacia Occidente y restringen derechos fundamentales en Irán.
Un dato relevante indica que hay un estimado de entre 4.000 y 5.000 familiares de altos cargos del régimen iraní residiendo en Estados Unidos, según expertos y activistas iraníes citados por The New York Post. Además, cientos han optado por establecerse en Canadá y Australia. Muchos de estos parientes no comparten el mismo apellido que los funcionarios iraníes, lo que dificulta el rastreo de sus trayectorias académicas y profesionales, explicó Janatan Sayeh, analista de la Foundation for the Defense of Democracies.
Cargos docentes e investigativos
Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del ex líder de facto Ali Larijani, se desempeñó como docente en la Universidad Emory, Atlanta, dentro del Winship Institute, orientado a la investigación y tratamiento del cáncer. Ardeshir-Larijani, quien superó un cáncer gracias a la atención médica recibida en Estados Unidos, dejó la institución en enero tras la presión de grupos disidentes iraníes en el exilio y una campaña que reunió más de 156.000 firmas en change.org para solicitar su deportación. Este episodio se inserta en la polémica generada por la confrontación entre Estados Unidos e Irán y la represión de manifestantes durante el invierno pasado.
Lawdan Bazargan, activista de derechos humanos y miembro de la Alianza contra los apologistas del régimen islámico iraní, puntualizó que la familia Larijani accedió a tratamiento en Estados Unidos mientras millones de iraníes carecen de servicios sanitarios básicos: “Fatemeh Larijani… vino a Estados Unidos para ser tratada de cáncer, el mismo país que su familia condena, mientras que a millones de iraníes se les niega la atención básica de salud y oportunidades”, subrayó Bazargan a The New York Post.
En Nueva York, Leila Khatami, hija de Mohammad Khatami—presidente de Irán entre 1997 y 2005 y representante del sector reformista—enseñaba Matemáticas en Union College de Schenectady. A raíz de los ataques aéreos estadounidenses sobre Irán el mes pasado, el nombre de Khatami fue retirado de la página oficial del Departamento de Matemáticas del centro académico. Opositores han promovido otra petición, que ha conseguido más de 84.000 firmas verificadas, para que el Departamento de Seguridad Nacional investigue su estatus migratorio. No se han presentado pruebas públicas que evidencien irregularidades en su documentación.
La presencia de estos profesores, vinculados a familias influyentes del régimen, ha reavivado el debate sobre la figura del “Aghzadeh” o “nacido noble”, término iraní que alude a los descendientes de altos burócratas y líderes religiosos. Estas personas despiertan resentimiento popular por sus privilegios en el extranjero, mientras las autoridades de Irán promueven políticas restrictivas y antioccidentales.
Posiciones relevantes en la academia
Entre los cargos más destacados figura Zahra Mohaghegh Damad, hija del clérigo Ayatollah Mostafa Mohaghegh Damad y sobrina de Ali Larijani, quien ejerce como profesora en el Departamento de Ingeniería Nuclear, de Plasma y Radiológica en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y lidera un centro dedicado al estudio del riesgo en sistemas tecnológicos complejos, incluyendo reactores nucleares comerciales.
En la costa oeste, Eissa Hashemi se desempeña como profesor en la Chicago School of Professional Psychology de Los ángeles. Su madre, Masoumeh Ebtekar, fue parlamentaria y actuó como portavoz de los estudiantes que, en 1979, retuvieron a 52 diplomáticos estadounidenses en la embajada en Teherán durante 444 días.
Ebtekar, denominada por medios estadounidenses como “Screaming Mary” por su discurso enérgico, ejerció responsabilidades en políticas de género y medioambiente hasta 2021 y defendió la obligatoriedad del hiyab femenino: “No existe ninguna ciudad en el mundo donde se pueda caminar desnudo por la calle sin que intervenga un organismo regulador”, afirmó Ebtekar en 2018 al argumentar en favor de las leyes de vestimenta.
En la Universidad de Massachusetts Lowell, la profesora asistente de ingeniería biomédica Zeinab Hajjarian es hija de Saeed Hajjarian, uno de los principales impulsores de las agencias de seguridad e inteligencia tras la revolución de 1979 y asesor del Ayatollah Khomeini en los años ochenta.
Por otra parte, Ehsan Nobakht es profesor adjunto en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad George Washington, donde su especialidad es el tratamiento de enfermedades renales e hipertensión. Es hijo de Ali Nobakht, médico de prestigio y exdiputado reformista, que fue viceministro de Salud en Irán.
Polémicas crecientes y dudas sobre el discurso reformista
Las actividades y notoriedad de estos académicos han despertado cuestionamientos, dada la posible influencia que podrían ejercer en la opinión pública y la imagen internacional del régimen. Janatan Sayeh, de la Foundation for the Defense of Democracies, señaló a The New York Post que aceptar en universidades a personas con nexos en el régimen puede “suponer un riesgo para la seguridad, porque los académicos iraníes han tenido un papel clave en la formación de la opinión pública progresista en Estados Unidos, confundiendo a liberales al presentar al régimen como más abierto, cuando en realidad mantiene una agenda radical inalterada”.
La percepción de convergencia entre reformistas y conservadores en Irán fue reiterada por Bazargan, quien argumentó: “En la práctica, el poder en Irán está concentrado en una red relativamente cerrada de familias y figuras políticas interconectadas… Para una buena parte de la sociedad iraní, la idea de ‘reformista vs. radical’ ha perdido significado. Se interpreta como una división interna de un mismo sistema. Parte de los medios occidentales y algunos analistas insisten en presentar la política iraní en este esquema, lo que ayuda a prolongar la vigencia del régimen al sugerir la posibilidad de un cambio real desde dentro”.
El rastreo y cuestionamiento público sobre la legitimidad y los valores transmitidos por estos académicos continuará mientras persista la controversia por la presencia de descendientes de las élites del régimen iraní en universidades estadounidenses, según informa The New York Post.
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