Panorama Justicia. El Ministerio Público identificó a varios altos exmilitares, oficiales activos y empresarios como los principales implicados en la red de sobornos que operó durante más de una década para asegurar contratos de servicios de seguridad en instituciones del Estado.
Entre los principales imputados figuran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur, y los coroneles del Ejército Andrés Pacheco Varela, exencargado de seguridad de Edenorte, y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste.
También están señalado Francisco Guarín Fernández, Elías Caamaño Pérez, exencargado de seguridad del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, quien se desempeñó como asistente del encargado de seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).
El coronel de la Policía Nacional Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de Edeeste, también está entre los implicados, así como el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal, encargado de seguridad de Edenorte.
Empresas involucradas
Las investigaciones revelan que varias empresas con sedes en Santo Domingo y Santiago formaban parte del esquema de corrupción, presuntamente utilizadas para canalizar sobornos y obtener contratos estatales millonarios.
Entre ellas se encuentran:
- Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase), con domicilio en el sector Arroyo Hondo Viejo del Distrito Nacional, propiedad de Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
- Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, ubicada en el sector Los Prados del Distrito Nacional, también propiedad de Rodríguez González.
- El Niño Prodigio EIRL, registrada en Arroyo Hondo Nuevo, igualmente vinculada al empresario imputado.
- Magesty Waste & Recycling Company S.A., con sede en Santiago, propiedad de Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
- Magesty Recycling SRL, también en Santiago, registrada a nombre de Fernández Espinal, Belky Antonia Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
De acuerdo con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), esta red operó de forma estructurada, cobrando entre un 5 % y un 10 % del valor de cada factura pagada por el Estado a cambio de garantizar la continuidad de los contratos.
La red que compraba seguridad: contratos, sobornos y complicidades
Panorama Justicia. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) afirma que la red dedicada al pago de sobornos para obtener contratos de servicios de seguridad en instituciones estatales operó durante más de diez años en la República Dominicana.
Según el escrito del Ministerio Público, dicha estructura, compuesta por militares, empresarios y funcionarios públicos, provocó una total subordinación del sistema de supervisión y recepción de los servicios contratados. Además, generó la sumisión de los directores de seguridad de diversas instituciones estatales, facilitando así el despliegue de prácticas ilícitas orientadas a favorecer de forma deliberada a determinadas empresas de seguridad privada, en perjuicio del interés público.
El Ministerio Público sostiene que estas prácticas incluyeron la omisión deliberada de deberes de control, la tolerancia de irregularidades y la protección activa de las empresas beneficiadas, con el objetivo de mantener vigentes los contratos y seguir recibiendo beneficios económicos personales a través del cobro sistemático de sobornos.
Los sobornos, entregados de forma estructurada y recurrente por las empresas investigadas, no se limitaban a una etapa del proceso, sino que contaminaban todas las fases: desde la elaboración de los términos de referencia y pliegos de condiciones, pasando por la evaluación de ofertas y adjudicación, hasta la ejecución, supervisión y renovación de los contratos, afirman las autoridades.
Este mecanismo corrupto operaba como una estructura coordinada, donde los pagos ilícitos eran exigidos por diferentes funcionarios involucrados en el proceso de contratación y en la seguridad física de las entidades públicas afectadas, y se entregaban tanto de forma directa como a través de intermediarios.
El Ministerio Público advierte que la contratación de servicios de seguridad privada por parte del Estado ha estado cooptada por décadas por prácticas corruptas. Se identificó un patrón consistente en acaparar contratos millonarios a favor de unas pocas compañías, a cambio de sobornos.
Durante la investigación, las autoridades lograron identificar el entramado a partir del análisis de transacciones financieras, donde se evidenció que las empresas adjudicatarias pagaban entre un 5 % y un 10 % del monto total de cada factura cobrada al Estado a funcionarios vinculados al proceso de contratación.
Estas sumas eran exigidas y recibidas por encargados de seguridad institucional y otros implicados, a través de transferencias bancarias y pagos en efectivo.
Imputados
Entre los acusados por su participación en esta red de corrupción figuran:
- Quilvio Bienvenido Rodríguez González, propietario de la empresa de seguridad Senase
- Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de Edesur
- Francisco Guarín Fernández Vásquez, vinculado a procesos de contratación
- Ramón Quezada Ortiz, del departamento de seguridad de Edeeste
- Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, relacionado a operaciones logísticas
- Andrés Pacheco Varela, militar y exencargado de seguridad de Edenorte
- Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de Edeeste
- Elías Caamaño Pérez, exencargado de seguridad del Seguro Nacional de Salud (Senasa)
- Bolívar Nicolás Fernández Espinal, actual encargado de seguridad de Edenorte
- Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi
Empresas involucradas
Las empresas señaladas como participantes en la red de sobornos están ubicadas en Santo Domingo y Santiago:
- Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (Senase)
- RNC: 101791403
- Dirección: Calle Coronel Rafael Fernández Domínguez #7, Arroyo Hondo Viejo, Distrito Nacional
- Propietario: Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL
- RNC: 130497842
- Dirección: Calle Max Henríquez Ureña #54, Los Prados, Distrito Nacional
- Propietario: Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- El Niño Prodigio EIRL
- RNC: 132368746
- Dirección: Calle Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, Arroyo Hondo Nuevo, Distrito Nacional
- Propietario: Quilvio Bienvenido Rodríguez González
- Magesty Waste & Recycling Company S.A.
- RNC: 130425957
- Dirección: Calle Prolongación 11 #2, Villa Olga, Santiago de los Caballeros
- Propietarios: Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez
- Magesty Recycling SRL
- RNC: 132016289
- Dirección: Calle Prolongación 11 #2, Villa Olga, Santiago de los Caballeros
- Propietarios: Bolívar Nicolás Fernández Espinal, Belky Antonia Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Operación Lobo: así «pactaron los sobornos» funcionarios de Edeeste y Senase, según el MP
Hoy
Imputados en la Operación Lobo / Foto: Guillermo Burgos
En la solicitud de medida de coerción de la denominada operación Lobo, el Ministerio Público (MP) señaló a funcionarios de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), quienes, según el documento, «pactaron sobornos» para favorecer a Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase) con contratos para la protección y la vigilancia.
Los encartados son 10 oficiales, retirados y activos, que también tenían tentáculos en las otras EDE, y en el Inaipi y Senasa, según el órgano acusador. El MP detalla que en octubre del año 2020, luego de ser designado como director de Seguridad Física de Edeese, imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio, en el marco de las contrataciones suscritas
entre la empresa Senase, contactó directamente al representante de las empresas, el imputado
Quilvio Bienvenido González, con el fin de sostener una reunión institucional
relacionada a la ejecución del contrato suscrito con esa entidad.
Dice que dicha reunión fue celebrada en la oficina del imputado Luis Ernesto Vicioso
Bocio, ubicada en la avenida Sabana Larga, donde, luego de abordarse brevemente algunos aspectos técnicos del servicio, comunicó al imputado Quilvio Bienvenido González que el formaba parte del equipo de dirección liderado por el ingeniero Andrés Fortuna, director general de Edeese, y que, en virtud su posición tenía control sobre las áreas administrativas y financieras responsables de autorizar y tramitar los pagos contractuales.
La solicitud de coerción dice que se contexto, fue aprovechado por el imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio para solicitarle al encartado Quilvio Bienvenido González la entrega periódica de un monto fijo de dinero a cambio de garantizarle la agilización de los pagos que la empresa debía recibir por concepto del servicio prestado; advirtiéndole que, de no aceptar su propuesta, los pagos podrían retrasarse por períodos de hasta 90 días o más.
Dice el MP que, ante la presión ejercida, y tras semanas de insistencia, el denunciante accedió a entregar los sobornos mensuales pactados, los cuales se ejecutaron desde enero hasta junio del año 2021, para un monto total de RD$1,655,000.00, supuestamente.
Según el MP, la exigencia de estos sobornos, bajo amenaza de obstaculización administrativa, se realizaron a través de transferencias salientes de la cuenta de la cuenta corriente número 16842190019 de la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL, a favor del imputado Luis Ernesto Vicioso Bocio, y del canje de cheques emitidos a nombre de empleados de la empresa imputada.
Indice que en el año 2015, mientras se desempeñaba como representante de Senasr del imputado Quilvio Bienvenido Rodríguez González sostuvo una reunión el coronel Ramón Quezada Ortiz, miembro activo de la Policía Nacional.
En dicha reunión, el imputado Ramón Quezada Ortiz, supuestamente, exigió el pago de un
soborno ascendente a RD$100,000.00 por cada factura pagada a la empresa Senase, según el Ministerio Públoco, como condición para permitir la continuidad de los pagos contractuales y evitar cualquier tipo de supervisión rigurosa sobre la ejecución del contrato.
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