Carlos Balcácer es abogado de uno de los acusados en la presunta red de sobornos. (WILDER PAÉZ)
Un primer teniente involucrado en el caso afirmó a través de su abogado que obedecía órdenes de sus superiores
El abogado de uno de los militares imputados en la red a la que se le atribuye sobornar a instituciones públicas para adquirir contratos de seguridad privada afirma que su cliente es un teniente que obedecía órdenes de superiores y de buena voluntad facilitó su cuenta a su jefe que le depositó “varios millones de pesos”.
El abogado Franklin Piña, se negó a ofrecer el nombre de su defendido, pero dijo que su superior ostentaba un cargo en una de las distribuidoras de electricidad y que su representado trabajaba para él en esa institución.
También, el abogado Víctor Manuel Marte, defensa del primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, sostuvo igualmente que este era de rango inferior y que solo obedecía órdenes.
Se le depositaron millonarias sumas en circunstancias similares.
Los abogados fueron entrevistados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde fueron a visitar a sus clientes detenidos, que esperan se les solicite medida de coerción.
Oficiales superiores arrestados
El Ministerio Público arrestó a 15 militares, entre ellos un mayor general del Ejército, y a civiles, acusados de pertenecer a una estructura delictiva que se apoyaba en la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Las investigaciones llevaron al arresto en el Distrito Nacional del mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como de los coroneles de ese organismo Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, del coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; del primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; del empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; y del coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los contratos eran en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Interrogan en la PGR a militares y empresarios vinculados a red de sobornos en contratos estatales
Se espera, que con el plazo de 48 horas que otorga la ley, se le deposite medida de coerción antes de la madrugada del próximo jueves
Cuatro de 15 coroneles activos, generales retirados y empresarios que figuran entre el grupo de 15 detenidos por el Ministerio Público involucrados presuntamente en la Operación Lobo están siendo interrogados en la Procuraduría General de la República (PGR), en el Centro de los Héroes (La Feria) Distrito Nacional.
Los vinculados fueron allanados durante la madrugada de este martes y se espera que con el plazo de 48 horas que otorga la ley, se le deposite medida de coerción antes de la madrugada del próximo jueves.
Abogados de los imputados, que prefirieron no identificarse, dijeron a Diario Libre que los detenidos agotan este proceso principalmente a partir de la tarde de hoy, pero no revelaron nombres.
Entre los señalados en este expediente de supuesta corrupción figura el primer teniente Wellington Peralta y el empresario Kilvio Rodríguez.
Esta supuesta estructura delictiva se apoyaba en la distribución de sobornos para suplir seguridad privada a instituciones públicas estatales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los arrestos se produjeron durante 15 allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y Santiago, con la participación de 189 agentes de la Policía Nacional y 26 fiscales, bajo la coordinación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución.
La alegada estructura criminal sobornaba a funcionarios encargados de contrataciones para asegurar servicios de seguridad en entidades como el Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y las distribuidoras eléctricas Edenorte, Edeeste y Edesur.
La denuncia que dio origen al caso fue presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
- El Ministerio Público se prepara para, en las próximas horas, depositar la solicitud de medida de coerción contra los detenidos, acusados de violar varias disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
Las autoridades adelantaron que la investigación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones o allanamientos.
Algunos de los abogados de los imputados, como Carlos Balcácer y Carlos Nova han restado importancia a la acusaciones.
“El único delito de mi defendido ha sido el dejarse doblegar por un grupo de “pandilleros” que le exigían a él dinero para que le salieran los cheques“, dijo Balcácer, defensor del imputado Kilvio Rodríguez, un empresario vinculado.
Según Balcácer Kilvio es dueño de una compañía de seguridad, la cual debía erogar pagos para recibir los cheques de hasta 700 mil pesos por su servicio.
De su lado, el abogado Carlos Nova, defensor del primer teniente de la Policía Nacional, Wellington Peralta, dijo que este fue allanado a las 4:00 de la madrugada y trasladado al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Apuntó que a Wellington se le vincula por haber permitido que en la cuenta bancaria de su esposa -embarazada- un coronel de nombre no especificado, realizara más de seis depósitos de entre 250 mil y medio millón de pesos.
El coronel no identificado recibía los pagos por concepto de servicios de seguridad privada, según dijo el jurista.
“El coronel le pidió una cuenta para depositar un dinero y él (primer teniente) le facilitó la cuenta de su esposa, pero él desconocía la procedencia de esos depósitos“, aseguró Nova.
El representante legal manifestó que esta investigación viene desde diciembre de 2023.
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