La FEDELUCD denunció la presunta persecución de sus miembros por parte de la policía, a pesar de su labor legal de prevención de drogas. Su presidente, Francisco Núñez, pidió apoyo gubernamental.
Santo Domingo, RD.- La Federación Dominicana de Lucha Contra las Drogas (FEDELUCD) denunció este sábado una presunta persecución y criminalización de sus miembros por parte de agentes policiales, a pesar de ser una entidad legalmente constituida y dedicada a labores de prevención y orientación en materia de drogas.
Francisco Núñez Cáceres, presidente de FEDELUCD, acusó a las autoridades policiales de someter judicialmente a miembros de su institución bajo alegatos infundados, mientras estos llevaban a cabo operativos y programas comunitarios de prevención del consumo de sustancias ilícitas.
“Estamos observando una actitud represiva injustificada. En lugar de apoyar a quienes enfrentan al narcotráfico en las comunidades, algunos policías intentan desacreditarnos y llevarnos ante la justicia. Esto parece más una acción cómplice o ignorante que una fiscalización legítima”, afirmó Núñez durante un acto de reconocimiento a brigadistas y coordinadores regionales.
Núñez recordó que la Procuraduría General de la República ha reconocido en otras ocasiones la legalidad de sus operaciones y afirmó que la institución colabora activamente con escuelas, iglesias, juntas de vecinos y autoridades locales.
Asimismo, mencionó que la federación, con más de 35 años de labor, opera bajo el decreto presidencial 4091 y está amparada por la Ley 122-05 sobre asociaciones sin fines de lucro.
El dirigente denunció que, a pesar de la magnitud del problema y del alcance nacional de la organización, FEDELUCD apenas recibe 500 mil pesos anuales del presupuesto nacional. “Esa cantidad no es suficiente ni siquiera para mantener una sola oficina. Sin embargo, seguimos trabajando con esfuerzo propio y con la colaboración desinteresada de profesionales de la conducta y líderes comunitarios”, aseguró.
Aquí también, Núñez propuso que el Gobierno convoque una cumbre nacional contra las drogas, en la que participen el presidente Luis Abinader y los expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. “Si se ha podido reunir a los líderes políticos por el tema migratorio, ¿por qué no hacerlo por el flagelo de las drogas, que también está destruyendo vidas y familias?”, cuestionó.
Además, concluyó con un llamado a la sociedad para que se integre activamente en la lucha contra las drogas. “No podemos permitir que la República Dominicana caiga en el abismo del narcotráfico, como ha sucedido en otros países hermanos. Esta lucha no es solo nuestra, es de todos”, declaró.
La federación anunció que en los próximos días inaugurará un nuevo centro de orientación y tratamiento en el municipio de Santo Domingo Este, con el objetivo de establecer al menos un centro por provincia. “Seguiremos trabajando, con o sin respaldo oficial, porque nuestro compromiso es con el país y con la juventud dominicana”, concluyó.
Presidente Abinader autoriza la extradición de dos dominicanos a Estados Unidos
Joaquín Núñez Díaz será extraditado por asociación delictiva para importar cocaína. Los extraditados no enfrentarán penas superiores a las de República Dominicana ni la pena de muerte.
Santo Domingo,.- El presidente Luis Abinader autorizó la extradición a Estados Unidos de dos dominicanos, uno por homicidio y otro por narcotráfico, informó este sábado la Presidencia.
A través de un decreto, Abinader dispuso la extradición de José L. Sánchez, también identificado como José Luis Andújar Sánchez y José Luis Sánchez, acusado de homicidio en el estado de Massachusetts.
En otro decreto, el mandatario autorizó la entrega de Joaquín Núñez Díaz, imputado de asociación delictiva para importar cocaína a territorio estadounidense.
Ambos decretos precisan que bajo ninguna circunstancias los imputados serán juzgados en Estados Unidos or una infracción diferente a la que motiva la extradición , ni se les aplicará una pena mayor a la máxima establecida en la legislación actual dominicana, ni la pena de muerte, en caso de que se compruebe la culpabilidad.
