
Trump dijo que estaba apuntando a Jenner & Block y WilmerHale debido a su desempeño en causas políticas con las que no está de acuerdo y por sus relaciones con las averiguaciones de Mueller. Crédito: Mark Schiefelbein | AP
Al menos tres jueces han criticado de manera directa y por separado las políticas de represalias del gobierno de Donald Trump contra los bufetes de abogados
Dos jueces federales, en fallos separados, congelaron partes de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, que fueron dirigidas a los bufetes de abogados Jenner & Block y WilmerHale, las dos firmas están relacionadas con la investigación de Robert Muller que el mandatario republicano ha buscado castigar.
El trío de jueces ha declarado que las órdenes posiblemente violan protecciones constitucionales fundamentales: que las personas y las compañías elijan a sus propios abogados y que los bufetes estén protegidos de represalias políticas debido a su discurso.
La orden de restricción temporal en el caso Jenner & Block, anunciada por el juez John Bates al final de una comparecencia programada repentinamente el viernes, pausa partes de la orden que instruyen a las agencias finalizar los contratos con la firma y sus clientes, así como las directivas de la orden que buscan limitar el acceso de la firma a funcionarios y edificios federales.
El juez aseguró que las directivas, así como otra que suspendió para tomar medidas enérgicas contra extrabajadores de Jenner contratados para puestos gubernamentales, eran probablemente inconstitucionales porque representaban represalias contra la libertad de expresión y constituían una manera de discriminación por punto de vista.
El lenguaje de la orden del presidente, que manifestaba su deseo de sancionar a la firma por trabajo pro bono en causas con las que Trump no está de acuerdo, era “inquietante” y “preocupante”, aseguró Bates.
La audiencia de Jenner & Block inició minutos después de que un juez diferente en el mismo tribunal escuchara una solicitud similar de WilmerHale, que también fue atacada por Trump en una orden ejecutiva emitida en la semana.
El juez Richard León emitió su orden el viernes en la noche, bloqueando partes de la orden ejecutiva que negaba a los juristas del bufete WilmerHale el acceso a edificios federales y tomaba represalias contra clientes del bufete con contratos gubernamentales.
Las normativas de la orden ejecutiva “amenaza la existencia misma de los demandantes”, indicó León.
“No hay duda de que esta acción de represalia paraliza la libertad de expresión y la defensa legal, y eso se califica como un daño constitucional”, escribió el juez el viernes por la noche, unas horas después de la audiencia.
El juez rechazó entrar en detalles sobre la decisión de la Casa Blanca de suspender las autorizaciones de seguridad de los abogados de la firma, asegurando que ese tipo de decisiones las toma el poder ejecutivo, informó CNN.
“Agradecemos la rápida actuación del tribunal para preservar el derecho de nuestros clientes a un abogado y el reconocimiento de la inconstitucionalidad de la orden ejecutiva y su efecto inhibidor en el sistema legal. La decisión del tribunal de bloquear disposiciones clave de la orden reivindica nuestros derechos fundamentales de la Primera Enmienda y los de nuestros clientes”, apuntó el bufete en un comunicado el viernes por la noche.
En sus órdenes ejecutivas, el presidente republicano dijo que estaba apuntando a Jenner & Block y WilmerHale debido a su desempeño en causas políticas con las que no está de acuerdo y por sus relaciones con las averiguaciones de Mueller, ya que las dos firmas usaron anterior o actualmente a veteranos de esa investigación.
El juez León, nominado por el expresidente George W. Bush, indicó su preocupación en varios puntos de la audiencia previa sobre cómo la orden del ejecutivo republicano podría causar que algunos clientes recurran a otro lugar para obtener representación legal si tenían preocupaciones sobre la eficacia con la que los abogados de WilmerHale podrían ofrecer servicios legales.
El edicto de Trump ordena a las agencias federales suspender las autorizaciones de seguridad y el acceso a los edificios federales de los abogados del bufete. Aparte, ordena a las agencias revisar cualquier contrato que puedan tener con el bufete y hacer todo lo posible por rescindirlo.
“¿No tendría esa incertidumbre un efecto paralizante?”, cuestionó León en un momento dado al abogado del Departamento de Justicia (DOJ), Richard Lawson, y agregó que la orden era “como una espada de Damocles que pendía sobre la cabeza (de la firma)”.
León parecía especialmente preocupado por una sección de la orden que decía que prohibía a la compañía ingresar a los edificios gubernamentales.
“Este es un edificio gubernamental. La Corte Suprema es un edificio gubernamental”, indico el juez.
Cuando Lawson señaló que no podía hablar si los posibles clientes de WilmerHale se preocuparían si sus abogados podrían entrar a los juzgados, León pareció incrédulo.
“¿Has ejercido la abogacía? ¿Has tenido clientes?”, preguntó. “Entonces usa tu sentido común.”
A inicios de marzo, un tercer juez de la corte emitió una orden que bloqueaba temporalmente otra orden ejecutiva de Trump que perseguía al bufete de abogados Perkins Coie.
El viernes en el tribunal, Clement expresó a León que esos tres casos “son algunos de los casos más importantes para la Primera Enmienda y para el Estado de derecho”, y añadió más tarde que prohibir ciertas firmas de abogados “no es la tradición en nuestro país”.
“Si los abogados están muy pendientes de si deben aceptar el caso o no, se preguntan: ‘¿Cómo lo defiendo? ¿Debo andar con pies de plomo… o defender a mi cliente con celo?’”, dijo Clement.