El mandatario ordenó “imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios” contras las medidas migratorias implementadas en su gobierno; la ACLU condenó la decisión en un comunicado.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado (22.03.2025) con tomar medidas contra aquellos abogados y equipos legales que presenten demandas contra medidas migratorias adoptadas por su Administración, en un nuevo intento por expandir el poder del Ejecutivo.
En un memorando firmado el viernes y hecho público este sábado por la Casa Blanca, Trump afirmó que los abogados están alimentando un “fraude desenfrenado y reclamaciones sin mérito” en el sistema migratorio, por lo que ordenó al Departamento de Justicia que sancione a aquellos que incurren en lo que a su juicio son conductas profesionales indebidas.
El documento también instruye a los responsables de los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional a “imponer sanciones a abogados y firmas que interpongan litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra Estados Unidos”.
En ese sentido, instó a la fiscal general, Pam Bondi, a remitir dichos bufetes a la Casa Blanca para que se les retiren ciertas credenciales y se les rescinda cualquier contrato que puedan tener con el Gobierno federal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que ha impulsado varias demandas contra las medidas adoptadas por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, condenó la decisión en un comunicado.
“Silenciar” a los abogados
Cecillia Wang, directora legal nacional de la ACLU, calificó la orden como “otro paso” de Trump hacia el desmantelamiento del “Estado de derecho” y un intento de “silenciar” a los abogados que intentan exigir al Gobierno responsabilidades cuando se vulneran los derechos de la población.
“Esta acción del presidente de Estados Unidos es un ataque sin precedentes y estremecedor a los cimientos de la libertad y la democracia”, afirmó Wang.
Actualmente, los tribunales federales están examinando más de un centenar de demandas contra medidas adoptadas por Trump, muchas de ellas en materia migratoria.
Un juez, por ejemplo, ha fallado en contra de su intento de negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes indocumentados o con visados temporales nacidos en Estados Unidos.
Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha gobernado a golpe de orden ejecutiva, buscando expandir los poderes del Ejecutivo y desafiando abiertamente la separación de poderes, con el poder judicial como su principal obstáculo.
mg (efe, reuters)
Análisis:
Trump contra la Justicia: ¿EE. UU. camino a la autocracia?
20 de marzo de 2025
Los tribunales estadounidenses han anulado varios planes de Donald Trump. Sin embargo, este en algunos casos ha pasado por alto las órdenes judiciales. ¿Se está socavando el Estado de Derecho?
El Gobierno de Donald Trump deportó el pasado fin de semana a cientos de venezolanos porque, según la administración estadounidense, eran miembros de una banda de narcotraficantes. Los hombres deportados fueron trasladados a El Salvador e ingresados en la prisión de máxima seguridad CECOT.
Trump invocó una ley de 1798 que permite expulsar del país a los “enemigos extranjeros”, pero el juez federal de Washington James E. Boasberg prohibió la deportación. Sin embargo la administración Trump pasó por alto la decisión del juez, asegurando que los aviones ya estaban en el aire al momento del dictamen judicial.
La disputa se recrudeció el miércoles (19.03.2025): “Si un presidente no tiene derecho a expulsar a asesinos y otros criminales, entonces nuestro país tiene un gran problema, ¡está condenado al fracaso!”, despotricó Trump en su red Truth Social sobre la decisión de Boasberg. Trump y varios congresistas republicanos pidieron incluso su destitución.
Numerosas discordias
Este no es el único caso en el que la administración Trump y el Poder Judicial estadounidense están enfrentados. Por ejemplo, un juez federal ordenó paralizar el cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID. Otra jueza de Maryland bloqueó la expulsión de las personas trans del Ejército , promovida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al menos de momento. Y un magistrado de Washington ordenó al Gobierno pagar subvenciones por un total de 14.000 millones de dólares a tres organizaciones ecologistas.
“Tenemos jueces fuera de control que están destruyendo nuestro país”, reprendió Trump en una entrevista con Fox News. Cuando se le preguntó si se opondría a una sentencia judicial, Trump respondió: “No, eso no se puede”.
¿Deportaciones ilegales?
“De momento, Trump está sufriendo derrota tras derrota en los tribunales”, dice Johannes Thimm, jefe adjunto del Grupo de Investigación de las Américas en el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), con sede en Berlín. “Y ahora se ven los primeros indicios de que está cuestionando abiertamente ciertas sentencias judiciales y prácticamente no las está cumpliendo”. Esto parece estar ocurriendo en particular con las deportaciones.
Lo que piensan Trump y sus seguidores de este tipo de sentencias ha quedado de manifiesto en varias declaraciones de los últimos días. El “zar de las fronteras” nombrado por Trump, Tom Homan, dijo a Fox News: “No me importa lo que piensen los jueces”. Si “los terroristas son sacados del país”, entonces “eso debería ser motivo de celebración en este país”, sentenció.
La ministra de Justicia, Pam Bondi, también criticó la suspensión de las órdenes de deportación como un “desprecio a la autoridad del presidente Trump”. Señaló que tales resoluciones de los jueces ponían en peligro a la población y a las fuerzas del orden.
La separación de poderes, en peligro
Para Johannes Thimm, se trata de señales de alarma. El experto del SWP cree que todo el sistema de separación de poderes en EE. UU. está en peligro. Por un lado, “el Poder Legislativo prácticamente ha abdicado como poder de control que también puede frenar al presidente”. Desde las elecciones, los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras y son “prácticamente leales al cien por cien a Trump”, dice Thimm.
Queda el Poder Judicial. “Y el problema básico aquí es que los tribunales no pueden hacer cumplir efectivamente sus sentencias, especialmente contra el Gobierno. Todo el sistema se basa en que los otros poderes respeten la autoridad de los tribunales”, agrega el experto.
“El hecho de que Trump esté empezando a ignorar o a negarse a cumplir las sentencias judiciales tiene el potencial de desencadenar una crisis constitucional”, sostiene. Después de todo, en un Estado constitucional, la Policía y las autoridades de seguridad están principalmente para hacer cumplir la ley. En última instancia, sin embargo, responden ante el presidente. Pero si hay instrucciones contradictorias de ambas partes, ¿a quién deben obedecer?
¿En camino a la autocracia?
Tal vez esa sea una de las razones por las cuales John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, rechazó el llamado de Trump a destituir a algunos jueces. “Está establecido desde hace más de dos siglos que el juicio político no es una respuesta adecuada a un desacuerdo sobre una decisión judicial”, explicó Roberts. “Para eso están las apelaciones”.
Es poco probable que el presidente estadounidense se arriesgue a un enfrentamiento abierto con el Tribunal Supremo, en cuyo nombramiento desempeñó un papel clave. Pero “ya no es descartable que Trump simplemente ignore al Poder Judicial y nadie haga o pueda hacer realmente algo al respecto”, teme Thimm. “Entonces EE. UU. habrá dado un gran paso hacia la abolición del Estado de derecho democrático”.
(mn/cp)
