Kelvin Cruz será nuevo Ministro de Deportes, Valdez Albizú confirmado, quienes se van, qienes se quedan

Designan a Kelvin Cruz como ministro de Deportes

Esta y otras designaciones, han sido publicadas atreves del canal oficial de Whatsapp del Presidente Abinader

SANTO DOMINGO.- El alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, ha sido designado este jueves como el nuevo ministro de Deportes.

Cruz sustituirá al actual ministro Francisco José Camacho Rivas. Se espera que para asumir este cargo, el alcalde elegido por tercera ocasión en ese municipio renuncie a esa posición.

En las elecciones de febrero, Kelvin Cruz obtuvo más de un 70 por ciento del favor del electorado de esa demarcación.

Este representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Cruz también es el actual presidente de la Federación Dominicana de Municipios.

Confirman a Héctor Valdez Albizu como gobernador del Banco Central

SANTO DOMINGO. – El presidente de la República, Luis Abinader, ha emitido el Decreto 442-24, mediante el cual se confirman importantes designaciones en el sector financiero del país, asegurando la continuidad y estabilidad de las instituciones claves del sistema bancario dominicano.

En el decreto, Héctor Valdez Albizu ha sido confirmado como Gobernador del Banco Central de la República Dominicana, cargo que ha desempeñado con distinción, consolidando su liderazgo en la política monetaria y estabilidad económica del país. Junto a él, Clarissa de la Rocha ha sido ratificada como Vicegobernadora del Banco Central, cargo en el que ha contribuido significativamente a las operaciones y decisiones estratégicas de la institución.

Asimismo, Alejandro Fernández Whipple ha sido confirmado como Superintendente de Bancos de la República Dominicana, rol en el cual ha demostrado un compromiso firme con la supervisión y regulación del sistema bancario, asegurando su solidez y transparencia.

Estas designaciones subrayan el compromiso del presidente Abinader con la estabilidad económica y financiera de la República Dominicana, garantizando la continuidad de un liderazgo experimentado en las principales instituciones financieras del país.

El decreto también instruye a que se envíe copia del mismo al Banco Central de la República Dominicana, a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio de Administración Pública, a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y a las demás instituciones correspondientes para su conocimiento y ejecución.

¿Quiénes se quedan y quienes se van? En nueva gestión gobierno de Abinader

SANTO DOMINGO, RD.- Llegó la hora cero. ¿Quiénes se quedan y quienes siguen?

El presidente Luis Abinader puso fin al mutismo al anunciar que viernes 16 de agosto, a partir de las 3:30 de la tarde dará a conocer al país, desde el salón de embajadores del Palacio Nacional, lo nombres de sus nuevos funcionarios.

En lo que va de esta administración que finaliza precisamente este 16 de agosto, el mandatario ha introducido pocos cambios de funcionarios, muchos de ellos motivados en situaciones que los cuestionan en el cumplimiento de sus responsabilidades.

La decisión as reciente de Abinader barco un movimiento para llevar al ministerio administrativo de la Presidencia al ex presidente del PRM, Andrés Bautista García y al de Interior y Policía la ex senadora del mismo partido, Farides Raful.

En los últimos cuatro años se han realizado decenas de cancelaciones en algunas de las más importantes instituciones del Estado.

Cerca de concluir el primer mandato constitucional del presidente Luis Abinader (2020-2024), el mandatario ha tenido que destituir a al menos 34 funcionarios de su gestión por conflictos que van desde problemas con la justicia hasta vicios gerenciales.

En este mismo período cuatro servidores públicos renunciaron.

Diario Libre ha realizado un levantamiento sobre los principales cambios que ha realizado la actual administración en direcciones, institutos, consejos u otras entidades gubernamentales.

En abril, con el develamiento de la operación Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiu tuvo que poner a disposición de Abinader su título como director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) tras ser imputado en una presunta estructura criminal que sustrajo del erario alrededor de 4,500 millones de pesos.

El 11 de mayo de ese mismo año, fue designado en esa posición el general Minoru Matsunaga, quien actualmente ocupa el cargo.

El jefe de Estado destituyó a Luis Maisichell Dicent como administrador de la Lotería Nacional el 15 de junio, luego de ser acusado de estafar a bancas de lotería por un valor de 500 millones de pesos. En marzo de 2023 el exfuncionario fue descargado del caso por la justicia.

El 19 de agosto Julio Antonio de la Cruz Nolasco fue destituido como titular de la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas (Dgecac), luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en dicha entidad.

Al día siguiente, Leonardo Faña fue despedido como director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por una supuesta denuncia de agresión sexual contra una exfuncionaria de ese organismo, en un caso del que posteriormente fue absuelto.

Juan Maldonado Castro, exdirector General de Comunidad Digna fue suspendido de esas funciones el 8 de septiembre tras ser apresado por su presunta vinculación a una red de lavado de activos y narcotráfico, develada con la operación Falcón.

El 11 de octubre el Poder Ejecutivo destituyó a Paula Disla Acosta del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), siendo designada como  viceministra de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mediante el decreto 634-21.

Seis días después, el presidente Abinader desvinculó a Edward Sánchez como jefe de la Policía Nacional y lo convirtió en posteriormente como asesor policial honorífico del Poder Ejecutivo, con asiento en el Palacio Nacional.

El 28 de octubre Serafín Canario de la Rosa fue reemplazado en sus funciones de administrador de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina (CTPC).

La exgobernadora de Samaná, Elsa de León, fue destituida de ese cargo el 1 de noviembre de ese año, luego de haber realizado declaraciones públicas en las cuales alegaba que iba a festejar cada persona que muriera por no haberse vacunado contra la enfermedad del Covid-19.

Siete días posterior a esta decisión, el mandatario suspendió al en ese momento director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, por presuntas irregularidades al otorgar contratos a la empresa de envíos Mia Cargo.

El 17 de noviembre Cecilio Rodríguez Montás fue cancelado del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) por denuncias sobre licitaciones irregulares.

Para concluir el año, el 6 de diciembre Abinader destituyó a José Altagracia Valenzuela Arias como cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, Haití, mediante el decreto número 784-21.

El 6 de abril Carlos Julio Martínez (hijo del comunicador Julio Martínez Pozo), Cristian Jesús Beltré Tiburcio y Paola Vásquez Medina fueron destituidos de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardas.

Con el decreto 414-22 (del 3 de agosto), el presidente Abinader realizó numerosos cambios en instituciones de primer nivel.

Con esta ordenanza fueron retirados de sus funciones como directores generales: Rafael Arias del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant); Enrique García de Migración y César Cedeño Ávila de la Dirección de Bienes Nacionales.

El 15 de diciembre, 12 representantes consulares del Estado dominicano fueron cancelados mediante el decreto 739-22.

Luego de que la institución se haya visto envuelta en una ola de denuncias por escasez de libretas y entregas tardías, Néstor Julio Cruz Pichardo fue despedido de la Dirección General de Pasaportes el 23 de enero.

A través del decreto 15-23, que disponía esta medida, Cruz Pichardo también fue designado como cónsul general de la República Dominicana en Panamá.

El 14 de abril el gobernante sustituyó a Mérido Torres como director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) tras ser señalado en el expediente de la Operación Calamar.

El primer mandatario destituyó el 7 de noviembre a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Promipyme) luego de denuncias de irregularidades en un programa de investigación periodística y por supuestamente obligar a los empleados de la institución que dirigía a comprar los boletos de una rifa para su movimiento político del PRM denominado Crece RD.

El 15 de enero de 2024, Wanda García fue destituida del Acuario Nacional por supuestas irregularidades en compras y contrataciones de esa institución, hecho por el que fue suspendida del cargo en noviembre de 2023.

Política Venezuela: A Maduro solo lo sostiene la fuerza

Cada acto de represión masiva, especialmente contra sectores populares, solo deja aún más claro ante la comunidad internacional el profundo rechazo de la población venezolana hacia el régimen de Nicolás Maduro.

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La represión de las protestas opositoras ha arreciado en Venezuela.Imagen: Matias Delacroix/AP/dpa/picture alliance

Junto con el control total del aparato estatal, la manipulación de las necesidades materiales de la población y el uso de violencia extrema contra los opositores, el régimen de Maduro ha sostenido su poder sobre una narrativa respaldada por un sistema comunicacional hegemónico, que presenta al chavismo como representante mayoritario del pueblo venezolano, especialmente de los sectores populares.

El escrutinio de las elecciones presidenciales del 28 de julio no solo ha echado por tierra esta falsa narrativa, sino que las burdas maniobras del régimen torciendo de forma fraudulenta los resultados electorales provocaron el estupor y la indignación de la población venezolana, la cual durante varios días salió a las calles de Venezuelapara manifestar su claro rechazo y exigir que se proclamara Edmundo González como presidente de la república.

Ante la legítima reacción de la sociedad venezolana, el régimen de Maduro ha recurrido a la aplicación masiva de la fuerza con el objetivo de desmovilizar lo antes posible las protestas ciudadanas. Todo indica que su propósito es ganar tiempo para que, en violación del Estado de derecho, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bajo su control, descalifique las actas electorales recabadas por la oposición, que dan como ganador a Edmundo González,y ratifique la proclamación infundada de Nicolás Maduro realizada por el CNE.

Numerosos detenidos

En un periodo de apenas nueve días, del 29 de julio al 6 de agosto, las fuerzas gubernamentales han privado de libertad a 2.229 ciudadanos acusándolos de terrorismo, según declaraciones del propio Nicolás Maduro. Esta cifra de arrestos masivos en tan corto espacio de tiempo, comparada con los 2.553 arrestos documentados por PROVEA durante los 134 días de protestas en 2017, evidencia un recrudecimiento sin precedentes en la intensidad represiva del régimen. En poco más de una semana, el régimen de Maduro ha detenido a un número de ciudadanos equivalente al 87% de los arrestados durante los más de cuatro meses de intensas protestas en 2017.

Los detenidos abarcan un amplio espectro de ciudadanos, incluyendo alcaldes, periodistas, líderes políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos que participaron en el proceso de recogida de las actas de escrutinio. Hasta el momento, los organismos de seguridad del Estado han arrestado a cinco alcaldes: Rigoberto Ovallos, del municipio Antonio Rómulo Costa; José Mosquera, de Lagunillas; Yonnhy Liscano, de Ayacucho; Jordan Sifuentes, de Mejía; y Fernando Feo, de Tinaquillo. También se encuentran privados de libertad los líderes de partidos políticos de oposición: Freddy Superlano y Roland Carreño, de Voluntad Popular; María Oropeza y Andrés Ruiz, de Vente Venezuela; Rita Capri y David Villarroel, de Primero Justicia; y Carlos Chancellor y Rafael Sivira, de La Causa R. Igualmente, la activista de derechos humanos Edni López fue apresada de manera arbitraria en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado que siete trabajadores de la prensa, entre periodistas y reporteros gráficos, han sido encarcelados desde el pasado 29 de julio.

Organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que la gran mayoría de los detenidos son acusados de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Estos delitos, además de ser castigados con penas muy altas, impiden que las personas puedan ser juzgadas en libertad. A estos detenidos el régimen les está negando el derecho a la defensa privada o a contar con abogados de las ONG. Estas organizaciones también denuncian la gran opacidad sobre el lugar de reclusión y las condiciones en que se encuentran los detenidos a raíz de las protestas postelectorales. El pasado martes 6 de agosto, Nicolás Maduro anunció que todos los apresados hasta el momento serán trasladados el próximo sábado 10, a las cárceles de “máxima seguridad” de Tocorón, en el estado Aragua, y Tocuyito, en el estado Carabobo, donde serán sometidos a trabajos y a procesos de “reeducación”.

Represión se concentra en zonas populares

En esta ocasión, la violenta política represiva del régimen frente a las legítimas protestas ciudadanas se ha enfocado en las zonas populares donde se iniciaron las protestas el 29 de julio, luego de que el CNE proclamara a Nicolás Maduro como vencedor de los comicios presidenciales. De acuerdo con Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, más del 90% de los ciudadanos detenidos son habitantes de estas humildes zonas y, por lo tanto, son personas muy vulnerables que cuentan con escasos recursos para enfrentar y defenderse legalmente ante estos arbitrarios procesos estatales.

Estas zonas populares no solo han sido objeto de brutal represión militar y policial, sino que también han quedado a merced de la violencia de los colectivos chavistas. Estos grupos paramilitares, bajo el amparo del concepto madurista de “unión cívico-militar-policial perfecta”, ejercen un control territorial fuerte y violento en muchas barriadas populares del país. En los días posteriores a la elección presidencial, estos grupos armados han acompañado a la Policía Nacional en la represión de las protestas en las zonas populares y han sido directamente responsables de muchas de las víctimas fatales.

Represión mortal: 23 vidas perdidas

La ola de violencia y represión desatada por el régimen no solo ha resultado en arrestos masivos, sino que también han producido hasta el momento casi un centenar de heridos y ha cobrado la vida de 23 venezolanos. De acuerdo con el portal Monitor de Víctimas, la responsabilidad de estas muertes se distribuye de la siguiente manera: seis víctimas fueron asesinadas por colectivos (grupos paramilitares afines al régimen); ocho perdieron la vida a manos de las fuerzas militares; dos fueron abatidas por la policía; una murió en una acción conjunta de la policía y los colectivos; y en seis casos, los responsables aún no han sido determinados.

La brutalidad de esta represión política se evidencia en el hecho de que al menos tres de las víctimas fueron asesinadas con disparos de arma de fuego por la espalda, mientras que diez recibieron impactos letales en el cuello y la cabeza, indicando una clara intención de causar muertes y no de controlar las protestas.

Intimidación y acoso a la sociedad

A pesar de los llamamientos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España y Portugal, que exigen que en Venezuela se respete el derecho de los ciudadanos a protestar y reunirse, el régimen de Maduro ha ordenado intensificar el control policial y militar sobre la población.

Protesta opositora, el 3 de agosto.
Protesta opositora, el 3 de agosto.Imagen: Matias Delacroix/AP/picture alliance

El pasado lunes 5 de agosto, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra María Corina Machado y Edmundo Gonzálezpor el presunto delito de “instigación a la insurrección”. Esto ocurrió luego de que estos dirigentes emitieran un comunicado conjunto en el que pedían a los miembros de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales que cumplan con sus deberes institucionales y se abstengan de reprimir al pueblo venezolano.

En paralelo a las medidas de violencia y represión, el régimen está implementando diversas tácticas de intimidación y acoso contra los ciudadanos. Estas incluyen la anulación de pasaportes de numerosos líderes políticos y activistas sociales; la inspección de teléfonos celulares de transeúntes por parte de las fuerzas de seguridad, en busca de indicios de actividades antigubernamentales; el bloqueo o eliminación del uso de redes sociales como WhatsApp y X en el país; y el fomento del uso de herramientas digitales para que simpatizantes del gobierno denuncien a ciudadanos que hayan participado en protestas o que estén vinculados a la oposición

Aunque todas estas acciones coercitivas han logrado, en cierta medida, reducir la protesta social en espacios públicos y mantener un control temporal sobre la población venezolana, es demasiado tarde para ocultar un hecho ya conocido mundialmente: Maduro perdió las elecciones presidenciales. De hecho, cada acto de represión masiva, especialmente contra sectores populares, solo deja aún más claro ante la comunidad internacional el profundo rechazo de la población venezolana hacia el régimen de Nicolás Maduro. Su mandato, ahora más que nunca despojado de justicia y legitimidad, se sostiene únicamente en la mentira y la fuerza bruta.

(ers)

Hipólito Mejía aclara no ha sufrido robo en su residencia

A través de un comunicado, Mejía respondió a las afirmaciones que circulan en redes sociales

El expresidente de la República Dominicana, Hipólito Mejía, desmintió los rumores de un supuesto robo en su residencia, ubicada en el sector La Julia, del Distrito Nacional.

A través de un comunicado, Mejía respondió a las afirmaciones que circulan en redes sociales, asegurando que tales noticias son falsas.

“Quiero dejar claro que dicha información es totalmente falsa y carece de cualquier fundamento”, declaró Mejía.

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El exmandatario subrayó que esta noticia falsa parece formar parte de un intento malintencionado de obtener notoriedad mediante la difusión de rumores infundados.

Lamento que personas sin escrúpulos recurran a este tipo de estrategias para llamar la atención, poniendo en duda la seguridad de nuestras comunidades y preocupando innecesariamente a quienes me aprecian y respetan, afirmó Mejía.

Además, Hipólito Mejía instó a la ciudadanía a no dejarse llevar por informaciones infundadas que solo buscan generar alarma.

Fuerza Aérea busca comprar una flota de aviones de combate FA-50 en Corea del Sur

Si la compra de aviones a la empresa coreana se realiza se materializa los nuevos aviones se sumarían a las 28 aeronaves ya adquiridas por la Fuerza Aérea Dominicana en los últimos dos años

Julián Herrera

Por Julián Herrera

Aviones de combate FA-50 en Corea del Sur.

El gobierno explora mercados internacionales para adquirir nuevas aeronaves y tecnología avanzada con el propósito de fortalecer las capacidades de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD).

El proyecto data de octubre de 2022. Desde esa fecha, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, y el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, han visitado varios países en busca de opciones para la compra de los aviones y la tecnología correspondiente.

En estos momentos el general Febrillet Rodriguez está en Corea del Sur, sosteniendo reuniones con el alto mando militar de ese país, así como con directores de empresas aeronáuticas y financieras, con el objetivo de adquirir una flota de aviones de combate FA-50.

Si la compra de aviones a la empresa coreana se realiza se materializa los nuevos aviones se sumarían a las 28 aeronaves ya adquiridas por la Fuerza Aérea Dominicana en los últimos dos años, que incluye diez aviones de entrenamiento y patrulla Flyng Legend TP-75 Dulos, seis helicópteros de transporte ligero Bell UH-1H Huey, cuatro helicópteros Leonardo AW169, siete aviones CASA ENAER T-35 Pillán/E-26 Tamiz y un Cessna 208 Caravan.

Las adquisiciones de aeronaves por la FARD están respaldadas por la orden ejecutiva 46-24, que permite a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a realizar compras directas de aeronaves, vehículos de combate, bombas de gas para enfrentar disturbios, armamento de todo tipo, drones, así como equipos marítimos y otros suministros, sin procesos de licitación pública.

En consecuencia, la Fuerza Aérea ha estado participando en eventos internacionales que promueven los suministros de defensa. Recientemente, el general Carlos Febrillet Rodríguez asistió a la feria internacional Farnborough Airschow 2024 en el Reino Unido, donde mantuvo reuniones con representantes comerciales de la industria aeroespacial, interesado en los aviones Airbus C295 de transporte, y el Leonardo M- 346FA de combate ligero multipropósito.

En mayo de 2023, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, viajó a España para reunirse con representantes de Airbus y la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), con el interés de adquirir aeronaves y repuestos para las Fuerzas Armadas, así como para discutir programas de capacitación.

Durante ese año, el ministro de Defensa asistió igualmente a la octava edición de la Exposición Internacional de Defensa y Seguridad (FEINDEF), llevada a cabo en Madrid, España. En el transcurso de su visita, Díaz Morfa acudió a las instalaciones de UROVESA en Santiago de Compostela, la empresa que fabrica los vehículos militares VAMTAC ST5 y TT URO, empleados por las Fuerzas Armadas Dominicanas, donde sostuvieron acuerdos.

Reequipamiento

El presidente Abinader también ha llevado a cabo un plan de reequipamiento para el Ejército de la República Dominicana, que abarca la adquisición de aeronaves, vehículos blindados y de transporte, drones, camiones antimotines, sistemas de comunicación, tecnología y otros insumos militares.

Se han adquirido 21 vehículos blindados Vamtac ST5 de la empresa española Uro Vehículos Especiales S.A. (Urovesa), así como cuatro camiones antimotines, todos destinados a fortalecer la logística operativa del Ejército en la frontera terrestre.

Además, la institución militar ha integrado dos nuevos helicópteros Bell, modelo TH-67, al Primer Escuadrón de Caballería Aérea del Ejército, obtenidos a través de los acuerdos de cooperación militar con el gobierno de Estados Unidos.

Durante el proceso de modernización y reequipamiento del Ejército, se entregaron cuatro camiones antimotines URO TT de fabricación española. Estos serán operados por la Policía Militar para manejar posibles conflictos con civiles, especialmente en la zona fronteriza.

El Gobierno, además, adquirió y proporcionó al Ejército 40 vehículos diseñados para operaciones militares, incluyendo 20 camiones de transporte de tropas de la marca Fuso y 20 camionetas tipo Pickup equipadas con ametralladoras M17 de 7.62 x 51 mm.

Con la incorporación de estos nuevos equipos, el Ejército dominicano ha incrementado su capacidad de transporte de personal en un 70 % y su movilidad para tareas de patrullaje en un 41 %, tal como lo señaló el comandante general, Fernández Onofre.

Estas adquisiciones, igualmente, están respaldadas por la disposición administrativa presidencial que otorga exenciones a las instituciones militares para comprar suministros bélicos sin la necesidad de licitaciones públicas.

Sin embargo, esta situación no exime al Gobierno de divulgar las cantidades asignadas para la compra de equipos para la Fuerza Aérea y el Ejército, como parte de un compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Le bajó “la pesá” a exesposa; expresidente argentino renuncia como presidente de su partido tras ser imputado por caso de violencia de género

BUENOS AIRES (Agencia EFE)- El expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023) renunció como máximo titular del Partido Justicialista (PJ, peronista), luego de que un fiscal lo imputara por presuntas lesiones graves y amenazas a su expareja Fabiola Yáñez, informaron medios locales.

“En el marco de la denuncia por presunta violencia de género a partir de la cual estoy siendo investigado en la Justicia Federal, vengo a elevar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del Partido Justicialista orden nacional con el que oportunamente me honrara”, afirmó el exjefe de Estado en un mensaje remitido a Gildo Insfrán, apoderado del partido.

Alberto Fernández insiste en su inocencia

En su escrito, difundido por medios locales, Fernández afirmó que toma esta decisión “con el único propósito de no involucrar al partido” en el que siempre militó “en los hechos que falsamente se” le “endilgan”.

“Deseo que ninguna esquirla del linchamiento mediático al que estoy siendo sometido pueda lastimar a este partido en el que militan hombres y mujeres que tanto hicimos por la igualdad de géneros y respeto a las diversidades”, sostuvo.

Fernández, quien presidía el PJ desde marzo de 2021, insistió en que los hechos que se le imputan “son falsos”.

“Aún aguardo que la Justicia actúe como tal, deje de lanzar irregularmente datos a través de los medios de comunicación y me permita ejercer el derecho legítimo a la defensa”, sostuvo.

“Con mi alma lastimada por tanto escarnio y siendo víctima de una cruel operación que también lastima a mis hijos, saludo a cada compañero y compañera con mi compromiso de siempre”, concluye Fernández en su carta de renuncia.

Imputación por supuesta violencia machista

El federal Ramiro González, a cargo de la investigación abierta por la denuncia contra Fernández impulsada por Yáñez por supuesta violencia machista, imputó al exmandatario de los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de violencia de género y de amenazas coactivas en perjuicio de su expareja.

Con esta acusación, el procurador solicitó recabar las primeras pruebas en el marco de la denuncia presentada a partir de fotografías y conversaciones halladas por la Justicia en el teléfono de la secretaria de Fernández, como parte de una investigación por presunta corrupción en la contratación pública.

En su dictamen, el fiscal afirmó que Yáñez “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar”.

Todo esto asentado “sobre una relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como presidente”, en 2019, y “el ejercicio del cargo”, hasta diciembre pasado.

Una médico del Ejército decapita a su hija de seis años en Santo Domingo Este

SANTO DOMINGO.-Una primer teniente del Ejército Dominicano decapitó a su hija de seis años la mañana de este jueves, en Santo Domingo Este.

Se trata de la teniente médico Ana Josefa García Cuello, 44 años, quien le cortó la cabeza a su hija dentro de su residencia, ubicada en el tercer piso del Residencial La Razón I, próximo a la avenida Charles de Gaulle.

De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, la cabeza de la niña fue hallada en el baño, mientras que el cuerpo permanecía en la cocina.

Agentes de la Policía se incautaron del arma homicida, la cual fue lanzada por García Cuello a un terreno contiguo luego de cometer el crimen, que ha consternado a los comunitarios.

La primer teniente se desempeñaba como médico de terapia ocupacional.

Versiones preliminares establecen que, hasta el momento, las cámaras de seguridad no registran la entrada de alguien extraño al apartamento este jueves.

Sindicato demanda a Trump y Musk por amenazar con intimidar a trabajadores que se declaren en huelga

El presidente de UAW, Shawn Fain, dijo que estas declaraciones por parte del expresidente son un ejemplo de cuando desde los sindicalistas dicen que “Trump es un esquirol” o que “se opone a todo lo que defiende” su sindicato.

MADRID, (EUROPA PRESS) – El sindicato estadunidense Trabajadores de la Automoción Unidos (UAW, por sus siglas en inglés) ha presentado cargos laborales federales contra el expresidente y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, y el propietario de la red social X, Elon Musk, por amenazar con intimidar a trabajadores que se declaren en huelga.

UAW indicó que “después de importantes retrasos técnicos en X, antes Twitter, Trump y Musk tuvieron una conversación desorganizada y confusa el lunes por la noche frente a más de un millón de oyentes en la que abogaron por el despido ilegal de los trabajadores en huelga”, por lo que recordó que según la ley los trabajadores no pueden ser despedido por hacer huelga, y amenazar con hacerlo es ilegal según la Ley Nacional de Relaciones Laborales.

“Mira, veo lo que haces. Entras y dices: ¿Quieres dejarlo? Se declaran en huelga. No voy a mencionar el nombre de la empresa, pero se declaran en huelga y tú dices: Está bien, os vais todos, os vais todos. Así que todos vosotros os vais”, dijo Trump mientras que Musk se reía de sus declaraciones.

Ante esto, el presidente de UAW, Shawn Fain, dijo que estas declaraciones por parte del expresidente son un ejemplo de cuando desde los sindicalistas dicen que “Trump es un esquirol” o que “se opone a todo lo que defiende” su sindicato. “Siempre estará en contra de que los trabajadores se defiendan a sí mismos, y siempre estará del lado de multimillonarios como Musk”, ha manifestado.

“Tanto Trump como Musk quieren que la clase trabajadora se siente y se calle, y se ríen de ello abiertamente. Es repugnante, ilegal y totalmente predecible por parte de estos dos payasos”, ha concluido Fain.

La campaña de Trump ha considerado que esta medida se trata de una orquestación política por parte de “jefes con intereses especiales demócratas”. “Esta demanda frívola es una maniobra política desvergonzada destinada a erosionar el apoyo abrumador que tiene el presidente Trump entre los trabajadores estadounidenses”, ha sostenido el asesor principal de campaña, Brian Hughes, según ha recogido la cadena de televisión CNN.

Los casos Odebrecht y Tucano se desvanecen por debilidad en pruebas

Santo Domingo.-Como si fuera un cantante de esos que pegan dos canciones, tienen notoriedad por un tiempo y luego se desaparecen del escenario, así mismo los casos de corrupción por sobornos en la compra de los aviones Tucano y las obras adjudicadas a la constructora Odebrecht, fueron de los primeros que adquirieron un extraordinario impacto social y mediático en República Dominicana en sus momentos, porque involucraban a exfuncionarios y legisladores de alto nivel, y por la cantidad de recursos del Estado mencionado como parte del fraude.

Estos casos tienen en común que ambos se conocieron primero en Estados Unidos, que las empresas involucradas Odebrecht y Embraer son brasileñas, ambas admitieron haber pagado sobornos en el país, además de que las investigaciones se iniciaron siendo Jean Alain Rodríguez el procurador general y las dos tuvieron que pagar multas al país.

Otro común es que han quedado absueltos sus implicados por falta de pruebas, a pesar de que el Ministerio Público ha presentado unos abultados expedientes que al parecer sólo contribuyeron a extender los procesos, pero que a la hora de la “verdad”, no demuestran las pruebas suficientes para motivar que los jueves emitan sentencias contra los imputados.

Los aviones Tucano
El caso Tucano, que se ordenó un nuevo juicio luego de que un tribunal diera por cerrado ese capítulo, tiene sus inicios en el año 2007, cuando el entonces presidente Leonel Fernández envió al Congreso Nacional el proyecto de préstamo ascendente a 4,000 millones de pesos para la compra de ocho aeronaves que serían suplidas por la empresa Embraer.

En el año 2008 los legisladores aprobaron el financiamiento entre el Estado dominicano y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil (BNDES) y la Empresa Brasileira de Aeronáutica, S. A.

En el año 2013, siendo Francisco Domínguez Brito el procurador general de la República, se inició la investigación, y en 2017, el Ministerio Público encabezado por Jean Alain Rodríguez presentó acusación formal contra seis personas y tres compañías por supuestamente haber violado varios artículos del Código Penal.

Los involucrados eran Rafael Peña Antonio, exministro de las Fuerzas Armadas, el exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana, Carlos Piccini Núñez; los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández; Ysrael Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Mientras que las empresas señaladas eran Embraer S.A., Magycorp, S.R.L. y 4D Business Group.

De los acusados, sólo Piccini fue a prisión preventiva, la cual fue variada tres años después a presentación periódica y una fianza de un millón de pesos.

El mayor general Pedro Rafael Peña Antonio se le impuso impedimento de salida y presentación periódica, mientras que, a los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo, Daniel Aquino Hernández, les fueron colocados brazaletes electrónicos, presentación periódica e impedimento de salida.

Luego de varios años en los tribunales, en 2022 el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional determinó que no se pudo demostrar el pago de sobornos contra los implicados y descargó por insuficiencia de pruebas a los dos militares, mientras que absolvió al empresario Daniel Aquino Hernández y a las empresas 4D Busssines Group y Magycor.

En junio de 2023 la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que descargaba a los involucrados ordenando un nuevo juicio.

Odebrecht
El caso Odebrecht fue más complejo y también tardó años en el vaivén de los tribunales.
La empresa admitió que entre 2001 y 2014 pagó US$92 millones a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras.

Fue a finales de diciembre de 2016 cuando el entonces procurador Jean Alain Rodríguez anunció el inicio formal de las investigaciones. Dos días después, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó sobre la recepción de documentos sobre los contratos con Odebrecht.

En resumida cuenta, de más de 20 mencionados e investigados inicialmente, la lista cada día era más reducida, quedando en seis personas enviadas a juicio de fondo en el año 2020.

En octubre de 2021, sólo Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa fueron sentenciados a 8 y 5 años de prisión, pero no fueron a la cárcel.

Google: piratas iraníes atacan campañas de Harris y Trump

Los expertos en ciberseguridad identificaron al grupo atacante como APT42, asociado a los Guardianes de la Revolución islámica, el ejército ideológico de Irán.

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El equipo de campaña de la demócrata Kamala Harris afirmó que es blanco de ataques informáticos desde otros países. (Archivo 06.08.2024)Imagen: Joe Lamberti/AP/dpa/picture alliance

Google indicó el miércoles (14.08.2024) que un grupo de piratas informáticos afiliado a Irán, conocido como APT42, tratan de atacar desde mayo las campañas de los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de Estados Unidos.

“En mayo y junio, APT42 se dirigió a las cuentas de mensajería de una docena de personas cercanas al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump, incluidos anteriores y actuales funcionarios del gobierno estadounidense y personas asociadas a sus respectivas campañas”, dijo en una entrada de blog un equipo de Google a cargo del análisis de amenazas en línea.

El gigante tecnológico precisó que “bloqueó numerosos intentos de APT42 de conectarse a la mensajería personal de las personas bajo ataque”, sin embargo siguen ocurriendo.

Los expertos en ciberseguridad de Google “continúan observando intentos fallidos de APT42 para comprometer las cuentas de personas afiliadas al presidente Joe Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris y al expresidente Donald Trump”, como ya habían advertido los equipos de campaña de ambos partidos.

Viejas tácticas conocidas

Según ellos, los ciberpiratas usan tácticas bien conocidas como tratar de entrar en contacto con sus objetivos haciéndose pasar por periodistas, después envían correos tipo “phishing” que contienen falsos enlaces con los que buscan acceder a los correos de sus víctimas.

Según Google, APT42 es un grupo de ciberpiratas asociado a los Guardianes de la Revolución islámica, el ejército ideológico de Irán.

Los ciberpiratas también buscaron atacar a “usuarios de alto perfil en Israel y Estados Unidos”, en especial a funcionarios gubernamentales y diplomáticos.

El equipo de campaña de la demócrata Kamala Harris, dijo el martes ser blanco de ataques informáticos desde otros países.

La víspera, Estados Unidos advirtió a Irán de consecuencias por tratar de interferir en las elecciones presidenciales luego de que el equipo de Trump también afirmara haber sufrido ciberataques, atribuyéndolos a “fuentes extranjeras”.

El FBI anunció el lunes que estaba investigando supuestos intentos de ataques informáticos iraníes a las campañas electorales de los dos principales partidos de Estados Unidos.

jc (afp, ap, efe)

 

Establecimientos chinos crecen y se convierten en “una amenaza para Santiago”

La expansión descontrolada de los negocios chinos constituye una amenaza para el comercio organizado de la República Dominicana, problema del que no escapan los comerciantes de Santiago y otras zonas del Cibao.

En la ciudad corazón hay cerca de 50 grandes tiendas de ropas y electrodomésticos; una decena de pequeñas y medianas empresas, aparte de varias de ventas al por mayor y detalle que están construyendo en puntos estratégicos de la ciudad. En pueblos como La Vega, Mao, Bonao y San Francisco de Macorís también se está adueñando el mercado chino.

“La mayoría no se ajustan al salario mínimo y pagan entre 9 y 12 mil pesos mensuales por jornadas de trabajo. Un empleado le sale 20 y 25 mil pesos por las horas extras que laboran. Ellos pagan como si fueran pequeñas empresarias, no como medianas y grandes empresas que son”, afirmó el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), Sandy Filpo.

Patrimonio de los funcionarios

Dijo que los chinos al pagar un menor salario por jornada de trabajo también se traducen en un pago inferior a la seguridad social.

El dirigente empresarial denunció, además, que una gran parte de las empresas chinas facturan cada dos días con diferentes Registro Nacional de Contribuyente (RNC), a pesar de que son de los mismos propietarios.

El comercio chino no solamente se ha establecido en el centro de la ciudad de Santiago como ocurría al principio, sino que ya se ha extendido hacia otros sectores y municipios, como Gurabo, Las Colinas, Cienfuegos, los municipios Licey al Medio y Tamboril, así como en otros pueblos de la región cibaeña.

 Un mercado millonario, pero sin transparencia

La migración china aporta a la diversidad empresarial en el país y se estima que el 49.6% de los inmigrantes asiáticos son comerciantes en tiendas, ferreterías y restaurantes.

Filpo informó que el mercado chino genera millones de pesos al año, pero que debido a la falta de transparencia las autoridades dominicanas no pueden establecer ni siquiera un estimado.

Para establecerse en el mercado de Santiago, los comerciantes chinos alquilan inmuebles por un periodo de 20 y 30 años, con pagos de rentas que oscilan entre los 12 mil, 20 mil y 30 mil dólares mensuales.

Pero el problema más grave que enfrentan los comerciantes de Santiago y el país y que, a juicio de Filpo, sale del control de las autoridades nacionales, es que la industria china cuenta con el respaldo del gobierno de su país.

Explicó que un comerciante dominicano que compra un producto en una fábrica china le ofrecen el valor real de ese artículo, pero si es un empresario chino compra el mismo producto, pero a mitad de precio y al momento de pagar en las aduanas dominicanas paga menos que los dominicanos que han hecho la misma transacción comercial.

La norma establece que se debe pagar impuestos por factura por declaración.

“Estamos enfrentado a una competencia desleal en el mercado nacional y eso ha ido provocando el cierre de empresas y otras que van por el mismo camino. Es una competencia desleal y apañada por autoridades chinas”, indicó el presidente de la ACIS.

El líder empresarial de Santiago dijo que, tras el bloqueo del mercado estadounidense, la estrategia del Gobierno chino ha sido buscar otros mercados para el cliente final. En ese caso, aseguró, las autoridades ofrecen cierto beneficio a los comerciantes chinos para que instalen sus negocios, pero con la condición de que el producto que vendan sea de origen chino.

ASECENSA también se queja

El presidente de la Asociación de Empresas del Centro de Santiago (ASECENSA), José Octavio Reinoso, coincide en afirmar que el comercio chino y de otras nacionales que operan de manera informal en Santiago crea competencia desleal. Dijo que la mayoría no cumple con el Código de Trabajo ni el Código Tributario.

“Muchos no pagan los impuestos correspondientes. Las autoridades deben prestar atención al comercio informal”, indicó.

Reinoso denunció, que además de cumplir con las regulaciones en el país, hay comerciantes chinos que traen mercancías de marcas falsificadas.

Formarán coalición por la trasparencia

Para contrarrestar esta competencia desleal que registran los comerciantes chinos en el país, pero de manera específica en la región norte,  una serie de instituciones integradas por la Organización Nacional del Comercio (ONE), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Región Norte (AIREN), la Asociación de Importadores de Materiales Ferreteros, entre otras empresas de electrométricos, formarán la Coalición por la Trasparencia del Comercio.

Sandy Filpo.

“Esta coalición estará formada por decenas de instituciones que pagará un estudio que va a indicar cuales son las falencias del mercado que están introduciendo esas empresas chinas”, manifestó el empresario Sandy Filpo.

Dijo que solicitarán ciertos niveles de regulación en base a un estudio de inteligencia comercial.

Además, indicó que como objetivo también se proponen concienciar a las autoridades dominicanas sobre la realidad del comercio chino y otros comerciantes que actúan al margen de la ley y con competencia desleal de mercado.

Filpo manifestó que por culpa de la desorganización y la proliferación de empresas que no cumplen con las leyes nacionales, una serie de empresas que han estado establecidas en el mercado local y nacional, por la situación actual, están cerrando sus puertas, tras señalar que en el mercado buscan precio, pero que los precios que se ofrecen ahora no se corresponden por un producto de calidad.

“La Coalición se formará y queremos reunirnos con las autoridades dominicanas y decirles lo que están pasando y se debe corregir”, dijo.

La voz disidente

Para el comerciante santiaguero Carlos Lora, el comercio chino en el Centro Histórico de Santiago ha dinamizado la economía con la reapertura de cerca de 20 tiendas de venta de ropas y electrodomésticos que estaban quebradas, así como con la generación de cientos de empleos.

Rechazó que el comercio chino impida sea una retranca para los comerciantes de Santiago y el país. Manifestó que debido a la inversión de los comerciantes chinos la gente de los barrios más vulnerables ha regresado al casco urbano porque cuentan con precios más asequibles.

“El comercio del Centro Histórico de Santiago estaba en declive total y los chinos han venido a revolucionar ese nicho y por ende la economía de la ciudad”, expresó el dirigente.

“Yo no puedo venir a decir que los inversionistas chinos están destruyendo el comercio, todo lo contrario, han levantado este negocio y ya hoy se ve más movimiento en la ciudad”, apuntó.

Carlos Lora dijo que los negocios que administran los chinos tienen un público muy diferente en la sociedad santiaguera que aprovecha los precios para comprar sus mercancías. Indicó que el mercado es competencia y eso no es negativo.

¿Qué dice la DGII?

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, dijo que la inconformidad de los comerciantes dominicanos ante el auge de los negocios de extranjeros, ocurre a nivel nacional.

Indicó que la evasión y la falta de formalización en el país son altas, por lo que están trabajando cada día para tratar de formalizarlos por distintas vías y métodos. Sostuvo que los comerciantes de todas las nacionalidades tratan de evadir impuestos. Recordó que a principio de año en un trabajo conjunto con la Dirección General de Aduanas cerraron algunos negocios, pero que estos ya se formalizaron.

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