El sistema penitenciario dominicano se encuentra completamente colapsado, según la Defensa Pública
A pesar de los compromisos constitucionales que obligan al Estado dominicano a proteger la dignidad humana, las condiciones de los centros penitenciarios del país continúan siendo una de las expresiones más graves de violación de derechos fundamentales, especialmente hacia la población privada de libertad.
La Constitución de la República, en su artículo 8, establece como función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad. Más aún, el artículo 38 consagra que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable”, y su protección constituye una responsabilidad esencial de los poderes públicos.
Sin embargo, la realidad en las cárceles dominicanas dista mucho de ese mandato constitucional. Según el Informe de 2023 de la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública, las condiciones en las que viven miles de personas privadas de libertad en el país violan de manera sistemática sus derechos más básicos.
“No hay baño adecuado: todas tus necesidades la haces en un hoyo. La comida que dan es como si fuera para perros. Cuando se va el agua, el olor es insoportable. Si no tienes dinero para pagar el alquiler de una cama, debes esperar a que todos se bañen y se duerman para poder ocupar un espacio en el piso…
incluso en el mismo baño. Yo le exhorto a la gente que nunca haga nada malo, porque estar ahí es un verdadero infierno”, así describió su experiencia un hombre que estuvo tres meses en prisión preventiva en la celda C-5 de La Victoria.
El informe de la Defensa Pública documenta situaciones alarmantes como hacinamiento extremo, falta de acceso adecuado a servicios de salud, alimentación deficiente, falta de agua potable, condiciones sanitarias precarias y ausencia de programas de reinserción efectiva. Estas carencias, lejos de garantizar la dignidad de las personas, las exponen a tratos degradantes e inhumanos.
“Privar a una persona de libertad no significa despojarla de su humanidad. Las cárceles dominicanas deben ser centros de rehabilitación, no espacios de castigo extremo donde se normalizan condiciones inaceptables”, expresó el titular de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín.
Diversos organismos nacionales e internacionales han reiterado que la situación carcelaria del país requiere una reforma estructural y urgente, que garantice no solo el respeto a los derechos humanos, sino también el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en esta materia.
Manuel Meccariello, director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerados (ODHGV), sostuvo que cuando el Estado permite condiciones infrahumanas —como el hacinamiento, la falta de atención médica o la ausencia de programas de reinserción— incurre en violaciones de derechos humanos y en incumplimiento de los tratados internacionales que ha suscrito, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.“Privar a alguien de libertad no significa despojarle de su dignidad ni de sus derechos fundamentales”, afirmó Meccariello.
El defensor recordó que el artículo 40 de la Constitución de la República Dominicana establece que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad humana, un mandato que, aseguró, el Estado tiene la obligación de garantizar.
El informe del 2023 de la Defensa Pública hace un llamado a las autoridades responsables, incluida la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y el Poder Ejecutivo, a asumir con seriedad y responsabilidad la transformación del sistema penitenciario, bajo una visión de derechos humanos, dignidad y reintegración.
Mientras tanto, 24,805 personas permanecen privadas de libertad en el país. De este total, 8,787 (equivalente al 34.41 %) han sido condenadas, mientras que 16,018 (un 64.59 %) se encuentran en prisión preventiva. Todas ellas continúan viviendo en condiciones que, según la propia Constitución dominicana, no deberían existir bajo ningún poder del Estado.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó que en el país existen centros de privación de libertad que se han convertido en verdaderos “cementerios de hombres vivos”, debido a la extrema sobrepoblación que presentan.
Mencionó como ejemplos las cárceles del 15 de Azua, San Juan de la Maguana, Barahona y La Victoria, donde las condiciones de hacinamiento vulneran gravemente los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Mientras que el titular de la Defensa Pública describió a elCaribe un panorama de “insalubridad, falta de medicinas, ausencia de ventilación y celdas lúgubres y oscuras, con las paredes llenas de hongos”.
Según explicó, muchas personas viven y duermen “sobre heces fecales y orina”, mientras el hacinamiento alcanza niveles alarmantes de hasta un 500 %. “En espacios diseñados para 20 personas hay más de 100. ¿Cómo puede sobrevivir una persona así?”, cuestionó.
Sostuvo que no existen servicios médicos adecuados y no se dispone de medicamentos en los dispensarios médicos de las cárceles. Lo más alarmante, según Valentín Santos, es que algunas cárceles no cuentan con médicos permanentes que puedan atender emergencias.
Diversos estudios de los principales problemas carcelarios actuales revelan que, lamentablemente, el sistema penitenciario dominicano no proporciona las herramientas necesarias para la rehabilitación y reeducación de los condenados.
No se cumple el fin de la pena
El juez Rafael Armstrong Báez García, de la Primera Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, advirtió sobre la profunda crisis del sistema penitenciario de la República Dominicana, al señalar que las cárceles no cuentan con la capacidad ni las condiciones necesarias para cumplir con su función de reinserción social.
“Tenemos un sistema carcelario deficiente, que no tiene capacidad de respuesta para dar tratamiento penitenciario, que es lo que manda la ley”, expresó el magistrado.
El juez criticó la práctica “punitivista y prisionizante” que predomina en el sistema de justicia penal, la cual —dijo— busca llevar a prisión todos los casos, incluso aquellos que podrían resolverse mediante mecanismos alternativos.
“Hay casos que pueden tratarse con una salida alternativa al proceso sin necesidad de judicializarlo o con algún tipo de mecanismo que no sea la privación de libertad del ciudadano”, puntualizó el magistrado.
Armstrong subrayó que distintos sectores aún conciben la pena únicamente como castigo, sin entender el enfoque de la penalogía moderna, que la concibe como una sanción regeneradora. “La naturaleza del encierro es la corrección de las personas para conectarlos con el principio constitucional de la reinserción social, como lo establece el artículo 40.16 de la Constitución”, explicó.
Asimismo, hizo un llamado a los jueces a aplicar las penas de manera racional, tomando en cuenta las condiciones indignas en las que se cumplen las condenas en el país. “Ejecutar 40 o 60 años de prisión en esas condiciones atenta contra la dignidad de la gente y contra sus derechos fundamentales”, sostuvo al referirse al aumento de la pena en el nuevo Código Penal.
El director de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, coincidió con las declaraciones del juez Rafael Armstrong Báez García sobre la crisis del sistema carcelario dominicano, asegurando que en las actuales condiciones no se cumple con el verdadero propósito de la pena.
Valentín Santos explicó que la finalidad de las sanciones penales va más allá del castigo e “incluye la regeneración, rehabilitación, reeducación, reformación y reinserción social de las personas privadas de libertad”.“La pena debe preparar al ciudadano para reinsertarse en la sociedad y evitar que vuelva a delinquir. Pero con las condiciones infrahumanas en las que cumplen sus condenas, eso es imposible”, expresó.
El titular de la Defensa Pública advirtió que el trato que reciben los internos en los centros penitenciarios genera resentimiento, odio y sentimientos de maltrato, lo que alimenta un ciclo de violencia y reincidencia.
“¿Cómo tú crees que no puede haber reincidencia cuando a un privado de libertad lo tratan como un animal dentro de la cárcel?”, cuestionó de forma enfática durante una entrevista concedida al periódico elCaribe.
Valentín Santos coincidió con el juez Armstrong Báez en que es urgente una transformación estructural del sistema penitenciario, enfocada en la dignidad humana y en políticas efectivas de reinserción social.
En esta primera entrega de una serie especial de tres sobre el sistema penitenciario dominicano, se presenta un resumen detallado de las condiciones actuales en las que operan los 21 centros penitenciarios que aún pertenecen al modelo tradicional, también conocido como el viejo modelo carcelario.
La Vega: comida con gusanos
El Centro de Privación de Libertad Concepción de La Vega, parte del viejo modelo carcelario, aloja a más de 1,800 internos en condiciones deplorables.
El informe detalla que los alimentos servidos incluyen arroz con gusanos y vegetales podridos. Las raciones de carne y aceite han sido reducidas drásticamente. El dispensario médico está contaminado por excrementos de palomas y carece de privacidad, medicamentos y personal.
Cotuí: dormir en el suelo
El Centro de Palo Hincado enfrenta uno de los peores casos de hacinamiento: 200 internos duermen en el piso. La falta de camas obliga a improvisar hamacas o dormir sobre cartones.
Las cifras son alarmantes: más de 600 internos enfermos, incluidos 280 con hipertensión, 140 con diabetes, 6 con VIH/SIDA y 3 con tuberculosis sin aislamiento. Los espacios para reflexión funcionan como baños, dormitorios y zonas de castigo al mismo tiempo..
Menores en riesgo
El Centro Máximo Antonio Álvarez con capacidad para 75 jóvenes, alberga 41 menores bajo condiciones indignas. Las camas son estructuras de concreto con delgados colchones. Todos duermen juntos, sin privacidad. La recreación es casi inexistente: solo un aro de baloncesto.
El entorno es insalubre: agua estancada, maleza, plagas de ratones, serpientes y mosquitos rodean el recinto, poniendo en riesgo la salud de los adolescentes.
Sgo Rodríguez: la cárcel sin médicos
Diseñada para 23 personas, En el 2023 albergaba a 137. Los internos construyen sus propias “goletas” de dos niveles para dormir. No hay comedor; los alimentos son servidos en el suelo. La salud está totalmente abandonada: no hay personal médico, y solo una voluntaria, la doctora Daisy Méndez, atiende urgencias desde el hospital local cuando es avisada.
Baños convertidos en dormitorios
Con capacidad para 86 hombres, Monte Cristi aloja 240 internos, muchos de ellos durmiendo en patios, pasillos o incluso dentro del baño común. La insalubridad es total: colchones deteriorados, olores fétidos, y estructuras colapsadas evidencian la miseria del lugar. Los haitianos, que conforman una gran parte de los internos, suelen ser los más afectados.
SFM: enfermedades sin control
El hacinamiento y la promiscuidad elevan el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. No existen protocolos claros para visitas conyugales, lo que facilita incluso el ingreso de trabajadoras sexuales. Casos de gonorrea, sífilis, VIH y afecciones cutáneas proliferan, al igual que enfermedades graves como tuberculosis o fístulas no tratadas
Samaná, Nagua y Salcedo
En Samaná, más de 267 presos viven en condiciones para 120. La falta de camas obliga a muchos a dormir en el suelo.
En Nagua, la sobrepoblación alcanza un 485%. Celdas de 6×4 metros albergan hasta 76 personas. El calor es extremo, los baños están llenos de heces, y los internos duermen sobre inodoros.
En Salcedo, las celdas impiden la entrada de luz natural y solo 104 de los 155 internos tienen camas. El resto duerme en el piso o sobre ropa vieja.
La Victoria: la más sobrepoblada
Diseñada para 2,103 internos, La Victoria aloja más de 7,000 personas. Los pasillos se han convertido en dormitorios para los llamados “Ranas”, internos sin colchones ni goletas.
Las enfermedades abundan: 204 con VIH/Sida, 110 con tuberculosis, 151 hipertensos, 34 diabéticos, 83 asmáticos. La insalubridad y el hacinamiento convierten este centro en una bomba de tiempo sanitaria.
Baní y Higüey: castigos inhumanos
En Baní, celdas con 70 a 115 internos presentan una mezcla de humedad, hacinamiento y enfermedades. La celda de reflexión aloja a 12 internos con tuberculosis que no están aislados.
En Higüey, los baños de la celda de castigo consisten en simples agujeros en el suelo, sin agua ni papel higiénico. Internos duermen sobre heces y comparten espacio con plagas.
El Seibo y San Juan: poca rehabilitación
En El Seibo, las goletas son tan pequeñas que los internos no pueden ponerse de pie. Aunque el lugar se mantiene relativamente limpio, el espacio es muy limitado. En San Juan, con capacidad para 150, el centro alberga a más de 500 personas. A pesar de la reducción reciente, aún persiste la sobrepoblación, la falta de programas de regeneración y el abandono estatal.
Neyba, Barahona y Pedernales: plagas
En Neyba, 310 internos enfrentan mosquitos, malos olores y aguas residuales en sus celdas de castigo.
Las picaduras son visibles en la piel de los internos, que además no tienen camas ni colchones.
Barahona presenta un cuadro similar: basura, ausencia de camas e higiene, contaminación ambiental y enfermedades por falta de atención médica.
En Pedernales, los internos improvisan refugios con telas para protegerse de la lluvia. El hacinamiento y la presencia de una cañada con aguas negras contribuyen a una alta proliferación de plagas.
Azua y 19 de Marzo: el colapso
En Azua, una celda de reflexión carece de luz eléctrica, camas y condiciones higiénicas. Los internos viven rodeados de desechos fecales y plagas nocturnas.
El Centro 19 de Marzo, con capacidad para 40 personas, alberga 261. Muchos duermen en pasillos, cartones o simplemente en el suelo. No hay médico disponible, solo un psiquiatra. Este centro representa la precariedad del modelo penitenciario tradicional dominicano.
En las siguientes entregas, se analizarán las diferencias con el nuevo modelo penitenciario, de acuerdo al Informe de 2023 que emite la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública. El informe del 2024 no fue analizado debido a que se encuentra en un proceso de diseño y no ha sido publicado por la Defensa Pública.
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