periodista Vargavila Riverón depositó hoy otra querella contra el detective Ángel Martínez.
Más querellas se sumaron hoy contra el detective dominico-estadounidense Ángel Martínez, tras ser puesto en libertad ayer por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, que le levantó el estado de rebeldía en que se encontraba, pero le impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
A las querellas que por difamación e injuria pesan contra Martínez se sumó hoy una hecha por el periodista Vargavila Riverón, quien, al igual que los demás, dice que fue difamado e injuriado por Martínez.
Ángel Martínez enfrenta nuevas querellas por difamación tras ser liberado con restricciones judiciales
De su lado, la defensa de Martínez anunció que apelará la decisión dictada ayer por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, por considerar que no se ajusta a la realidad del proceso.
Carlos Mesa, abogado de Ángel Martínez, dijo además, que a su cliente le retuvieron los teléfonos y otras pertenencias que estaban junto a él durante el apresamiento.
Tras ser dejado en libertad bajo la condición de que no puede salir del país y presentación periódica, Martínez dijo que: “No puedo salir del país porque quieren atacarme, eso es injusto».
Defensa de Ángel Martínez apelará decisión, alegando injusticias en su detención y condiciones impuestas
Martínez se defendió argumentando que ha sido un ciudadano estable y localizable durante décadas, por lo que considera injusta la medida que le impide salir del país.
«Soy un hombre que tengo más de 55 años con la misma dirección, una oficina con 35 años en la misma dirección, con el mismo teléfono y hoy el Gobierno dominicano dice que yo no me puedo mover de la capital. ¿Dónde voy a vivir, en la calle?», cuestionó con reclamo.
La audiencia fue realizada ayer martes por una demanda interpuesta en 2021 por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya (Gory), por presunta difamación e injuria.
Martínez fue detenido la tarde del 26 de mayo de este año, en Puerto Plata, mientras se disponía a salir del país a bordo de un crucero.
El juez había declarado en rebeldía a Martínez y sobreseyó el proceso en su contra hasta que comparezca ante el tribunal, ya que el investigador no se presentó, a pesar de haber sido citado legalmente.
Milagros De Camps se querella también contra Ángel Martínez y otras cinco personas más
Seis abogados representan a la exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente en la querella
La exviceministra de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps Germán, se querelló también contra el comunicador Ángel Martínez, quien fue detenido ayer por rebeldía por su ausencia a las audiencias de otras acciones legales en su contra por difamación e injuria.
De Camps Germán está representada por seis abogados, quienes interpusieron la querella con constitución en actor civil en contra Martínez y otras cinco personas.
Las otras personas que serán perseguidas judicialmente son, además de Ángel de Jesús Martínez Jiménez, son Franchesca Castillo, José Manuel Mesa, Lya Báez, Aquiles Jiménez y Kiko Schwerer
La querella fue interpuesta ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional y, según los abogados de la exfuncionaria “es un caso que marca un hito en el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital”.
De Caps Germán demandó a Martínez Jiménez, a Castillo Mesa, Báez y Jiménez por la comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, establecidos en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La difamación e injuria que alega exfuncionaria
La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales, especialmente a través de la plataforma YouTube y las cuentas verificadas de los querellados, en los que, según la querella, “se propaga la falsa alegación de que la señora De Camps se encuentra embarazada y que el supuesto padre es el Presidente de la República, Luis Abinader”.
“La narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones carentes de sustento, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral. Se estima que el contenido alcanzó a más de 400,000 personas en menos de diez días, provocando un daño severo e irreparable a la honra, dignidad y reputación de la exfuncionaria”, agregan los abogados que representan a De Camps Germán.
10 millones de indemnización
La querella, suscrita por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, J. Guillermo Estrella Ramia, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes, incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$10,000,000.00, a ser destinada al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en virtud del compromiso ambiental de la víctima.
Los abogados sostienen que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, al tratarse de imputaciones falsas, ultrajantes y desproporcionadas.
“Este caso representa un ejemplo claro del ejercicio desmedido de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, señala el escrito introductorio de la querella.
Otras dos querellas de diputado y Guido
A Ángel Martínez Jiménez se le detuvo ayer por estar cuatro años en rebeldía por otra querella que le interpuso el diputado Sergio Moya (Goris), a cuyas audiencias nunca se presentó.
Esta tarde, el juez de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, le levantó la rebeldía, según el abogado de Moya, Enmanuel Pimentel (Hatueycito), pero se le impuso impedimento de salida y presentación periódica.
El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, es otro de los querellantes contra Martínez Jiménez, pero ambos firmaron un acuerdo de desistimiento en el que el acusado se retractó de sus pronunciamientos.
Según Joaquín Zapata, abogado de Gómez Mazara, por el caso del funcionario el juez dictó el apresamiento del comunicador por su inasistencia al tribunal, pero luego se le levantó tras el acuerdo al que arribaron ambas partes.
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