El barrio Capotillo, en el norte de la capital, fue ocupado de manera permanente, hasta que se logre garantizar la seguridad de ese territorio y los residentes puedan desarrollar sus labores cotidianas con un mayor nivel de seguridad.
La información la ofreció la Procuraduría General de la República, cuyos fiscales coordinaron el operativo de ayer en la madrugada.
En la ocupación participaron unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía y el Ejército, y se decomisaron drogas, dinero en efectivo, máquinas tragamonedas y desmantelaron una poderosa red de vídeo vigilancia ilegal.
El equipo de militares y policías, según las autoridades, permanecerá en Capotillo hasta garantizar la seguridad en la barriada, con el objetivo de que las personas que residen en el lugar puedan desarrollar sus labores cotidianas sin la presencia de delincuentes.
Con la acción, materializada la madrugada de ayer sábado las autoridades buscan llevar tranquilidad y paz a ese sector capitalino.
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El Ministerio Público dijo que la intervención forma parte de las acciones para garantizar mayor tranquilidad ciudadana y combatir la delincuencia de manera proactiva.
En el citado operativo participó un equipo integrado por 45 fiscales y más de 640 efectivos de la DNCD, la Policía y el Ejército, con la realización de 32 intervenciones puntuales que incluyen 22 allanamientos y 10 lugares abiertos.
Las acciones también buscan desmontar sistemas de video vigilancia ilegales utilizados por estructuras delincuenciales que afectan la paz social de los residentes en el sector y son utilizadas para evadir las labores de combate de la delincuencia que desarrollan las autoridades.
Como parte de las acciones, y en coordinación con diversos estamentos del Estado, el personal del Ministerio de Interior y Policía que participa en el operativo adelantó que esa dependencia oficial ampliará sus programas sociales en el sector capitalino.
El barrio Capotillo, ubicado al norte del Distrito Nacional, ha sido objeto de múltiples intervenciones por parte de las autoridades a lo largo de los años, principalmente debido a problemas relacionados con el narcotráfico, la delincuencia y disturbios sociales.
Aunque no existe un registro oficial que indique el número exacto de intervenciones, diversos reportes de prensa y comunicados oficiales evidencian una frecuencia significativa de operativos en la zona.
Uno de los operativos más significativo, fue realizado en enero de 2024, en la calle 42 del sector, en donde arrestaron a 83 personas y se incautaron máquinas tragamonedas, celulares, vehículos robados, armas de fuego y sustancias controladas.
Wander Franco, fue suspedido por los Rays de Tampa Bay, equipo para el cual juega como campo corto, tras estar acusado desde el año pasado por abuso sexual contra una menor de edad./ Foto de archivo.
El Tribunal Colegiado de Puerto Plata iniciará este lunes 2 de junio el juicio de fondo contra el pelotero Wander Franco y la madre de una adolescente víctima de delitos sexuales, en un proceso en el que el Ministerio Público asegura contar con pruebas contundentes para demostrar su responsabilidad penal.
Para esta audiencia han sido convocados los testigos y las demás partes del proceso, con el objetivo de dar inicio a la lectura formal de la acusación.
Wander Franco está imputado por abuso sexual infantil, mientras que la madre de la víctima enfrenta cargos por explotación sexual y lavado de activos. El nombre de la mujer se omite para preservar la identidad de la menor de edad.
Según la acusación del Ministerio Público, Franco habría mantenido a la víctima retenida durante varios días con fines sexuales en el municipio Villa Montellano, provincia Puerto Plata.
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Además, habría enviado altas sumas de dinero a la madre de la menor para evitar ser denunciado. Dichos fondos, de acuerdo con la investigación, habrían sido utilizados por la acusada para adquirir bienes muebles e inmuebles.
En representación del Ministerio Público participan en el juicio el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez, junto a otros miembros del órgano acusador.
Los indocumentados, junto al propietario del negocio, en momento de la agresión a inspectores de la Dirección General de Migración.
La Fiscalía del Distrito Nacional no había recibido cercano a este mediodía el sometimiento que anunció que haría la Dirección General de Migración contra un chino, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte de esta capital, por agredir a inspectores de ese organismo e impedir la detención de algunos haitianos indocumentados que tenía operando en el negocio.
En la Fiscalía del Distrito Nacional se informó esta mañana que, por el momento, el propietario del negocio continúa en libertad, puesto que aún no ha sido sometido a la justicia por la Dirección General de Migración.
Dueño de tienda se enfrenta a las autoridades por agresión en operativo
Durante un operativo conjunto realizado con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron detenidos 35 ciudadanos de nacionalidad haitiana, entre hombres y mujeres, quienes se encontraban laborando en condición migratoria ilegal.
La intervención se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Migración No. 285-04, que faculta a la DGM a realizar inspecciones en centros laborales para verificar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros, con el objetivo de prevenir irregularidades y proteger el cumplimiento del marco legal vigente.
Según detalló la institución, el propietario del establecimiento es reincidente en prácticas de ocultamiento de personas indocumentadas, se opuso de manera violenta a la labor de los agentes, incitando a sus empleados a la agresión y profiriendo expresiones ofensivas contra las autoridades. Como resultado del incidente, varios agentes resultaron lesionados.
La Fiscalía aún no recibe el sometimiento contra el chino dueño de Mudan por agresiones a inspectores
“Ante la agresividad del entorno, los actuantes se vieron en la obligación de aplicar técnicas de control y uso racional de la fuerza, a fin de preservar el orden y la integridad física de los presentes. No obstante, debido a la intensidad de las agresiones, no fue posible la detención inmediata del propietario, optando las autoridades por retirarse momentáneamente para evitar una escalada de violencia con consecuencias mayores”, dijo la entidad.
La Dirección General de Migración reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la aplicación estricta de la normativa migratoria, al tiempo que exhorta a los empleadores a respetar las disposiciones legales en materia de contratación de mano de obra extranjera.
Agregó que la presencia de personas en situación migratoria irregular no solo constituye una falta al marco normativo, sino que también propicia escenarios de vulnerabilidad laboral y evasión de responsabilidades legales y fiscales.
