Mientras que dictó auto de no ha lugar en favor de María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Eric Joan Dorrejo Medina.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó auto de apertura a juicio en contra del empresario Emmanuel Rivera Ledesma y demás implicados por formar parte de una red que estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
El magistrado, durante el conocimiento de un juicio preliminar, dispuso que el grupo responda por los hechos que se le imputan en un juicio de fondo, tras acoger la acusación presentada por la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
El tribunal envió a juicio, además, a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Reilin Arismendy Rosario García y Juan Omar Rosario López, así como a la entidad comercial Inmobiliaria Diseños Arquitectónicos INDIARDQ y la entidad comercial CDR Equipos Pesados.
Por igual, el juez varió la medida que pesaba en contra de los imputados de prisión preventiva y de arresto domiciliario con colocación de brazalete electrónico, por el pago de garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica; con excepción de Rivera Ledesma y Rivera Pichardo, a quienes se les mantuvo la prisión preventiva.
Asimismo, el juez dictó auto de no ha lugar a favor de María Gabriela Rivera Pichardo, Franklin Benjamín Martínez Jonkson, Moisés Benjamín Castro Balbi y Eric Joan Dorrejo Medina, al considerar que los elementos de prueba ofertados en la acusación presentada en su contra resultan insuficientes, al tiempo que ordenó el cese de la medida de coerción.
El tribunal resaltó en el dispositivo de la decisión que, para su discusión en el juicio de fondo, se admiten los hechos contenidos en la acusación y solicitud de apertura a juicio, y para su ponderación se admiten las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Conforme con el Ministerio Público, la investigación arrojó que la red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, a través de los cuales crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Emmanuel Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellaran en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
