SANTIAGO.- Miembros del departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional (DICRIM) de esta ciudad ultimaron de varios balazos anoche a «Moronto», quien era buscado por homicidio, tras enfrentarlo en el sector las Flores, del barrio Arroyo Hondo, Zona Sur de aquí.
Jonathan Hernández Báez (Moronta), señalado como uno de los responsables de un hecho violento ocurrido el pasado 2 del presente mes en el sector Fondo de la Botella, de Pekín, donde falleció Máximo Amador Gutiérrez y otras seis personas resultaron heridas, enfrentó a una patrulla policial con un arma de fuego ilegal, de acuerdo al informe policial.
Indica asimismo, que tras resultar herido, Moronta fue llevado a un centro de salud del sector, pero posteriormente murió a causa de las heridas de bala recibida.
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En el lugar de los hechos, se recolectaron como evidencia una pistola utilizada para atacar a los agentes policiales, tres casquillos calibre 9 milímetros y un teléfono celular.
El cadáver de Moronta fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), de esta ciudad, para fines de autopsia.
La Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio Público, continúa la búsqueda de los demás implicados, quienes ya han sido identificados y se les exhorta a entregarse por los medios que entiendan pertinentes.
Imagen de un juez con un martillo en una sala de audiencia generada por IA/El Nacional
El Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional le impuso hoy el pago de dos millones de pesos y presentación periódica a la conductora del vehículo que el pasado 26 de febrero le ocasionó la muerte a la joven Aida Nicole Reyes Gómez, de 21 años, en un accidente de ocurrido en la avenida Winston Churchill.
La medida coercitiva le fue impuesta luego que el Ministerio Público no presentara la prueba del acoholímetro que, según los familiares de Reyes Gómez, certifica que la conductora Raquel Guzmán Torres se encontraba en estado de embriaguez al momento del accidente.
La imputada Raquel Guzmán Torres podría ser enviada a la cárcel, con la posibilidad de que en el juicio de fondo se le imponga una pena de 3 años de prisión, si se establece que conducía en estado de embriaguez, como alega la familia de la víctima.
La ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, establece una pena máxima de tres años de cárcel para los conductores que en estado de embriaguez provoquen la muerte a una o más personas.
En la propuesta de modificación del Código Penal se ha sugerido modificar la pena y llevarla a 10 años.
Vicente Reyes, padre de la víctima, alega que la imputada Guzmán Torres conducía en estado embriaguez cuando cometió el hecho, a las 10:30 de la noche del 26 de febrero.
El accidente se produjo cuando su hija, en compañía de otros amigos, se desplazaba en un vehículo por la Winston Churchill.
Reyes manifestó que luego del accidente solicitó a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que se le hiciera una prueba de alcoholímetro a la conductora y que en principios los agentes se estaban negando, aunque después se le practicó.
