Periodistas someterán a la justicia a sus acusadores por difamación e injuria
Panorama Nacional. -Los periodistas Marino Zapete, Altagracia Salazar y Huchi Lora someterán a la justicia, por difamación e injuria, a quienes les han acusado de recibir pagos por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Según indican, la demanda se llevará a cabo tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos.
Los comunicadores identificaron que la información falsa procedió de una persona residente en Estados Unidos, quien trabajó en algunas instituciones del Estado dominicano como relacionista público.
Además, los periodistas demandarán a quienes, en la República Dominicana, los han acusado de formar parte de la nómina de esa organización internacional y han difundido dicho contenido falso con la intención de dañar su reputación pública. La información sobre la demanda fue filtrada en las redes sociales.
Según documentos filtrados, los periodistas y comunicadores señalados y desmentidos por los afectados son: Marino Zapete, Huchi Lora, Altagracia Salazar, Mariasela Álvarez y Edith Febles.
“Esa gente que aspiró a serlo, pero no lo fue, es la que ha montado una campaña contra periodistas decentes, campaña que el exsenador Iván Lorenzo reconoció haberse originado en su litoral, sabiendo que lo que dicen es falso y sin presentar la más mínima prueba de sus afirmaciones”, expresó Altagracia Salazar en su canal de YouTube.
Conjuntamente, Huchi Lora declaró que los afectados ya realizaron una investigación sobre la procedencia de la información y él consideró que existe una participación activa de “unos pocos directivos del PLD, varios de los cuales tienen expedientes judiciales por grandes desfalcos al Estado”.
Empresario exige RD$250 millones a Carlos Peña por difamación e injuria
Panorama Justicia. -A través de sus abogados Bunel Ramírez Merán y Amaury Peña, el empresario Lugel Gasilie Guelie se querelló en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste por difamación e injuria en contra de Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores (GenS). Al mismo tiempo, Carlos Peña se querellaba contra el director de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel.
A Carlos Peña lo acusan de haber asegurado que el empresario Gasilie Guelie forma parte “de una mafia” que, presuntamente, opera en el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) utilizando “subterfugios legales” para la obtención de los terrenos donde opera de forma ilegal una iglesia evangélica.
El empresario que alega difamación e injuria exige 250 millones de pesos como indemnización, por los daños causados.
Según la querella, depositada en la Fiscalía de SDO, Carlos Peña incurrió en el delito de difamación e injuria establecidos en la jurisprudencia como “la alegación o imputación de un hecho preciso; alegación o la imputación afecte el honor del ofendido; la difamación recaiga sobre una persona; la publicidad. El señor Carlos Peña hizo un video con la difamación, lo publicó en redes sociales y llamó a publicarlo; la intención”, apuntaron los abogados del demandante.
Uno de los abogados, Bunel Ramírez, manifestó que Peña habría violado los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Tras el depósito de la querella, Ramírez cuestionó el proceder del activo político Carlos Peña ante un caso que “él, como cristiano”, estaría consciente de que la ocupación del terrero por parte de los pastores y la iglesia “es ilegal”.
“Este señor, Carlos Peña, se prestó grabar un video para difamar a una persona que en su accionar solo le es conocido el ejercicio de empresarial que ha impactado esa comunidad y que con el derecho sobre ese terrero ha agotado las vías legales vigentes en el país para el uso que entienda puede darle con sus empresas. Afectando así la imagen y el honor, violentando incluso el sagrado compromiso cristiano de predicar la justicia”, refirió Ramírez Merán.
Asimismo, en nombre de su defendido, agregó que “aquí hay que acabar de una vez y para siempre que por usted autodenominarse pastor tiene el derecho de ocupar ilegalmente un terreno que no es de su propiedad, y posteriormente acudir a espacios como las redes sociales y otros, para difamar, calumniar y afectar la honra y la moral de la gente”.
El querellante solicita además el resarcimiento por los daños provocados a su imagen, honor y empresa, un monto de RD$250 millones.
Legitimidad del terreno
El terreno que Carlos Peña busca continúe invadido por miembros de una iglesia evangélica es propiedad de la empresa Lugel S.R.L., el cual abarca una superficie de 4,211.08 metros cuadrados y está ubicada en Hato Nuevo Santo Domingo Oeste, según consta en Certificado de Título, matrícula 2400085879, designación catastral 309403575613, expedido por el Registrador de Títulos de Santo Domingo; empresa cuyo gerente es el querellante, señor Lugel Gasilie Guelie.
Posponen audiencia contra Carlos Peña por difamación a empresario
Panorama Nacional.- La Fiscalía de Santo Domingo Oeste pospuso este viernes el conocimiento de la querella por difamación e injuria pública depositada por el empresario dominicano Lugel Gasilie Guelie en contra de Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores (GenS), para el próximo 26 de noviembre a las 10:30 de la mañana.
“La posposición esencialmente se debe a que el señor Carlos Peña no compareció ante la Fiscalía ya que, la entrega de la citación ha sido imposible que la recibiera porque este no tiene un domicilio conocido y los lugares a los cuales se les ha enviado, dígase su partido y la iglesia que representa, no ha habido quien reciba o en su defecto no han querido recibirla”, manifestó Bunel Ramírez Merán, abogado del empresario.
Sin embargo, manifestó que, “Carlos Peña a pesar de no tener la citación en manos, sabe vía todos los medios de comunicación que existe una demanda en su contra y que estaba citado para la mañana de hoy”, al tiempo de externar su confianza en que las direcciones que se tienen del mismo haya una persona que reciba la nueva citación.
“De no obtemperar al llamado de acudir ante la Fiscalía, estamos por igual solicitando a este órgano persecutor que proceda a citarlo por las vías institucionales y legales con las que cuenta”, manifestó Ramírez Merán.
Agregó que el alguacil Dionicio Zorrilla Nieves ha acudido en varias ocasiones a la casa nacional de GenS y la iglesia de Carlos Peña ubicada en el sector de Naco, pero han estado todo el tiempo cerrados, y que no sería propio ni legal realizar dicha notificación en horas de la noche que es la que se presume opera dicha casa evangélica.
Se recuerda que Carlos Peña es acusado de afirmar que el empresario dominicano forma parte “de una mafia” que presuntamente opera en el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex) utilizando “subterfugios legales” para la obtención de los terrenos donde opera de forma ilegal una iglesia evangélica en la zona de Hato Nuevo, Santo Domingo Oeste.
La queerella contra el también pastor y comunicador es de unos RD$250 millones. Dentro de las violaciones hechas por Carlos Peña está también la de los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07 contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Legitimidad del terreno
El terreno que Carlos Peña busca continúe invadido por miembros de una iglesia evangélica es propiedad de la empresa Lugel S.R.L., el cual abarca una superficie de 4,211.08 metros cuadrados y está ubicada en Hato Nuevo Santo Domingo Oeste, según consta en Certificado de Título, matrícula 2400085879, designación catastral 309403575613, expedido por el Registrador de Títulos de Santo Domingo; empresa cuyo gerente es el querellante, señor Lugel Gasilie Guelie.
La iglesia se encuentra ocupando alrededor de mil metros de este terrero, acción que se contrapone a las normativas vigentes en la República Dominicana.
