Donald Trump negó ayer haber ordenado al Departamento de Justicia (DOJ) que desestimara el proceso penal contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

La negación del mandatario se produjo luego de que el principal fiscal federal de Manhattan y cinco altos funcionarios del DOJ en Washington DC renunciaran debido a la orden emitida el lunes por Emil Bove, fiscal general adjunto interino en el Departamento de Justicia, de desestimar el caso contra Adams.

“No lo hice”, dijo Trump en la Casa Blanca cuando un periodista le preguntó si solicitó la desestimación. “No sé nada al respecto. No lo hice”, agregó, citado por NBC News.

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Bove, quien representó anteriormente a Trump en el caso penal donde fue condenado en un juicio por falsificar registros comerciales, dijo ayer que el DOJ se haría cargo del caso de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Bove

Y agregó que el DOJ presentaría una moción en la corte federal de Manhattan para desestimar los cargos contra Adams, quien se había ganado el favor de Trump después de que el pasado 26 de septiembre se convirtió en el primer alcalde de NYC en ejercicio en ser acusado en una investigación federal, bajo cargos de soborno, entre otros.

Danielle Sassoon, la fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, renunció después de negarse a cumplir la orden de Bove. El jefe interino de la división penal del DOJ, Kevin Driscoll, también renunció el jueves tras negarse a aceptar el caso Adams. Al menos otros tres altos funcionarios de la Sección de Integridad Pública del DOJ renunciaron después de una reunión con el fiscal general adjunto.

Sassoon, una conservadora de 38 años, le dijo a la fiscal general Pam Bondi en una carta el miércoles que estaba en total desacuerdo con la orden de Bove y su fundamento para ella. También afirmó que los abogados de Adams en una reunión con ella y Bove habían “instado repetidamente a lo que equivalía a un quid pro quo” en el que el alcalde apoyaba los esfuerzos de aplicación de la ley de inmigración de Trump a cambio de la desestimación del caso.

“Bove amonestó a un miembro de mi equipo que tomó notas durante esa reunión y ordenó la recopilación de esas notas al concluir la reunión”, escribió Sassoon. Agregó que sus fiscales estaban preparados para solicitar una acusación formal contra Adams por cargos adicionales relacionados con su presunta destrucción de pruebas y por haber dado instrucciones a otros para que lo hicieran y proporcionaran información falsa al FBI.

El abogado de Adams, Alex Spiro, dijo en un comunicado: “La idea de que hubo un quid pro quo es una mentira total”. “No ofrecimos nada y el departamento (DOJ) no nos pidió nada”, afirmó Spiro.

Pero a las pocas horas de que Sassoon renunciara, Adams anunció que firmaría una orden que permitiría a los oficiales federales de inmigración ingresar al complejo Rikers Island, la cárcel más grande de la ciudad de Nueva York.

Además el miércoles Pam Bondi, la nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial ayer para anunciar que demandará al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder, el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

“Éste es un pacto hecho con el diablo para tratar de revertir las antiguas leyes y políticas de santuario de nuestra ciudad, políticas que permiten a todos los neoyorquinos vivir libremente y al mismo tiempo mejoran la seguridad pública de todos”, dijo Murad Awawdeh, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), en un comunicado.

“Eric Adams no tiene integridad”, sentenció Awawdeh. “Simplemente se hizo cómplice de la administración Trump que lleva a cabo el proceso de detención y deportación a cambio de una promesa del Departamento de Justicia de eliminar los cinco cargos federales de corrupción que pesan contra él”.

Según una carta mordaz que Bove le envió el jueves, Sassoon le dijo que el equipo de la fiscalía responsable del caso de Adams estuvo de acuerdo en no desestimar el caso.

En esa carta, Bove dijo que los fiscales de ese equipo han sido puestos en licencia administrativa en espera de las investigaciones de la Fiscal General Bondi y la Oficina de Responsabilidad Profesional del DOJ, para determinar si deben ser despedidos o disciplinados.

Después de que Sassoon se negara a desestimar el caso, el asunto fue reasignado a John Keller, el jefe interino de la Sección de Integridad Pública (PIN) del DOJ, quien luego también se negó a desestimar el caso y renunció. PIN supervisa los casos que involucran soborno a funcionarios públicos.

Desde su triunfo electoral en noviembre, el alcalde de Nueva York se ha acercado al polémico mandatario. Tanto Adams como Trump -quien ha sido uno de los pocos que han salido en su defensa- han dicho que las acusaciones federales surgieron por haber cuestionado las políticas migratoria del entonces presidente Joe Biden, un tema que según muchos analistas a la larga inclinó la balanza hacia el reciente avasallante triunfo electoral republicano.

La noche del miércoles 25 de septiembre, en sus primeras declaraciones cuando corrían rumores de que sería acusado al día siguiente, Adams dijo que era una víctima de la Casa Blanca por haber cuestionado las políticas migratoria de Biden.

El inicio del juicio contra Adams, un demócrata que antes fue republicano y se rumora podría volver a serlo, había sido fijado para el próximo 21 de abril.

Trump había dicho en diciembre que él y Adams fueron “perseguidos” por los fiscales del gobierno de Biden y que consideraría indultar al alcalde. El caso formal de cinco cargos acusa a Adams de aceptar por años regalos de viajes de lujo a cambio, entre otras cosas, de persuadir al Departamento de Bomberos (FDNY) para que aprobara la apertura del nuevo consulado de Turquía en Manhattan a pesar de las persistentes preocupaciones de seguridad de los inspectores.

Adams ganó las elecciones y asumió el cargo el 1 de enero de 2022. La crisis migratoria ha marcado la gestión del alcalde Adams desde 2022, en medio de una batalla política nacional entre demócratas y republicanos.

Por diversas causas el entorno de Adams ha sido notoriamente sacudido en los últimos meses. Las casas de cinco altos funcionarios de su gobierno fueron allanadas por las autoridades federales el 4 de septiembre de 2024. Desde entonces renunciaron el Comisionado de NYPD Edward Cabán -el primer hispano en ocupar ese cargo en la historia-, el canciller escolar David Banks, los vicealcaldes Philip Banks y Sheena Wright, y el Comisionado de Salud, Dr. Ashwin Vasan, cada uno expresando su propia razón. Ninguno de ellos ha sido acusado de ningún delito.

A principios de noviembre renunció la novia de Adams, Tracey Collins, funcionaria del Departamento de Educación. Igualmente ese mes se abrió una investigación penal sobre un comité de acción política formado para apoyar a Adams por el reverendo Alfred Cockfield II, un pastor de Queens que en 1998 se había declarado culpable de traficar cocaína.

En diciembre hubo acusaciones federales por supuesto soborno que llevaron a la salida de la principal asesora del alcalde, Ingrid Lewis Martin. También poco antes de la navidad renunció el jefe policial (NYPD) Jeffrey Maddrey, bajo alegatos de acoso sexual a una subordinada. En enero el FBI allanó su hogar en Queens y otros lugares vinculados a él.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.