ANÁLISIS | Mano dura y militarización en Ecuador: las propuestas que repiten los candidatos ante la crisis de seguridad
Ecuador se alista para las elecciones presidenciales en las que la violencia y la seguridad vuelven a ser parte de los principales temas de campaña, tras alcanzar una de las tasas de homicidios más altas de la región, masacres carcelarias y participación de grupos criminales en redes de narcotráfico, extorsión y enfrentamientos entre sí por el control territorial, aunque analistas consultados por CNN coinciden en que no hay propuestas novedosas para afrontar la problemática.
El Gobierno del presidente Daniel Noboa, quien asumió en noviembre de 2023 y busca ser elegido para un mandato completo, destaca una reducción del número de muertes violentas. En el único debate presidencial (dividido en dos tandas, entre los 16 candidatos), dijo que su plan de seguridad “está funcionando”, pero que el objetivo “no se puede conseguir en un año”. En su gestión, decretó un estado de conflicto armado interno y renovó el estado de excepción, que sigue vigente hasta marzo en algunas provincias y localidades.
En 2024 se registraron 6.962 muertes violentas en Ecuador, un descenso de 15% frente a las 8.237 del año anterior, según cifras de la Policía Nacional. En 2023, la tasa de homicidios fue de 47,2 por cada 100.000 habitantes, la tasa más alta de Latinoamérica y ocho veces superior a la de 2016.
Sin embargo, expertos advierten que el descenso ocurrió principalmente en el primer semestre (luego del asalto de un grupo armado a un canal de televisión y las medidas posteriores), pero que después se vio un nuevo aumento.
“La reducción de la tasa (de muertes violentas) se dio en los primeros meses de decretar el conflicto armado interno. Hubo una mayor incidencia de militares en el control, implicó operativos territoriales, capturas de cabecillas y una implosión de las bandas criminales. Dada la implosión, tuvo un efecto disuasivo”, explicó a CNN Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
Pontón remarca que a medida que avanzó el año, los números comenzaron a acercarse a los niveles de 2023. Según opinó, el logro del Gobierno hubiese sido más rescatable si se hubiese mantenido el descenso.
“La tendencia a la baja no se sostiene, vuelve a haber un repunte pese a las medidas que se tomaron”, indicó a CNN, de manera coincidente, la investigadora Carla Álvarez, especialista en asuntos de seguridad en el IAEN. “No hay una pacificación, sino una reducción contextual de muertes violentas”, aseguró.
En cambio, advierte que se registra “un crecimiento exponencial” de secuestros y extorsiones. “No podemos hablar de que estamos viviendo en paz. Hay otros indicadores graves, aunque estén menos cuantificados”, señaló.
En 2023, la extorsión fue el crimen más denunciado a nivel nacional, con 21.811 casos reportados, un aumento del 364% con respecto a 2022, según un reporte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, con base en cifras de la Fiscalía. Pero Álvarez destaca que los datos preliminares del OECO apuntan a un incremento en 2024. En marzo, la Policía anunció la creación de la Fuerza Especial Contra la Extorsión (FICE) para atender esta problemática.
Uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de la región, según indica el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch, que afirma que el aumento de violencia se produjo en un contexto de fragilidad de las instituciones democráticas.
La oferta electoral
En el debate de candidatos, buena parte del segmento sobre la seguridad estuvo centrado en la posible reducción de la edad de imputabilidad, de la que Noboa se mostró a favor de llevarla a 15 años (de los 18 actuales).
“Todos los candidatos están centrados en la mano dura, es lo natural por el estado de las cosas que tenemos”, dijo Álvarez. “La población está asustada y esas estrategias tienen su pegue. La opinión pública quiere oír que los candidatos van a hacer algo”, agregó. Sin embargo, comentó que hubo promesas convencionales y que ninguno de los contendientes presentó propuestas nuevas. “No hubo ninguna propuesta sobre el entorno geopolítico para buscar reducir la incidencia del narcotráfico, de la minería ilegal. No hubo propuestas que apunte a una depuración institucional. Ninguna sobre sanciones a militares involucrados en las desapariciones forzadas”, agregó, en referencia a la muerte de cuatro menores tras un operativo militar a fines del año pasado que estremeció a la sociedad, en un caso por el que 16 militares quedaron bajo custodia y el ministro de Defensa pidió disculpas públicas a las familias de las víctimas, pero rechazó que la justicia califique el caso como desaparición forzada.
“Me preocupa que lo que proponen son distintos matices de la misma mano dura. No se cuestiona la militarización”, agregó la investigadora.
La politóloga Glaeldys González Calanche, analista de la organización Crisis Group para la región andina, consideró también que “la mano dura fue la tónica” del debate. “Casi todos coincidieron en endurecer las leyes de imputabilidad, por la cuestión del reclutamiento de las bandas criminales. Hubo respuestas laxas sobre la impunidad de las fuerzas”, expresó. Sobre otras propuestas, las consideró repetitivas o vacías. “No veo un esquema de trabajo: qué se va a hacer con la Justicia, con la Policía, con el tema carcelario”, lamentó.
Noboa propone en su plan de gobierno la continuidad de su denominado “Plan Fénix” de seguridad enfocado en la prevención y respuesta del delito, que no ha sido detallado formalmente y según la ministra del Interior, Mónica Palencia, tiene carácter reservado. Además, promete “diseñar y aplicar políticas públicas de seguridad de acuerdo con el escenario actual de riesgo y amenaza”, aunque no detalla cuáles serían, así como programas y servicios comunitarios para la prevención del delito.
Por su parte, Luisa González, la candidata ligada al correísmo, que se vuelve a postular y que según han mostrado las principales encuestas a lo largo de la campaña sería quien pasaría junto a Noboa a una eventual segunda vuelta, propone restituir el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, que fueron cerrados durante el gobierno de Lenín Moreno. Además, propone, entre otros puntos, un “pacto ético” de toda la sociedad para fortalecer sus principios y legislación para transparentar el financiamiento de los partidos políticos y una modernización de la Policía Nacional con herramientas tecnológicas.
Sobre la falta de un ministerio de Justicia, la analista González, de Crisis Group, consideró que se trata de “una anomalía regional” y que la falta de ese andamiaje institucional “ciertamente tuvo un impacto” al generar vacíos institucionales, teniendo en cuenta que hubiese servido como “espacio articulador que coordine las políticas públicas”. Por su parte, Pontón dijo que es “inexplicable” e injustificado que la oficina no tenga rango ministerial más allá del discurso de la reducción estatal. “Implicó un proceso traumático de pérdida de capacidad. En una sola institución estaba el diseño de la política y la ejecución, hoy está bifurcado. Es un despropósito”, agregó.
El panorama de seguridad
En el primer semestre del 2024 hubo tres factores clave en la ola de violencia, según González Calanche: el rol de Ecuador en el mercado del narcotráfico, la crisis penitenciaria y la fragmentación de los grupos criminales. Meses después, estos elementos persisten en alimentar la crisis, aunque con modificaciones, analizó.
“Ecuador sigue teniendo mucho peso en lo que respecta al tránsito y almacenamiento de drogas. A nivel operativo, el negocio sigue igual, el país sigue siendo una plataforma importante”, comentó, destacando la cocaína que se envía a Europa.
Sobre la crisis penitenciaria, González señaló que hubo una reducción de la violencia y las masacres en comparación con años anteriores, aunque no del todo. “Hubo un control inicial, una paralización temporal. Se ha visto que el control de las prisiones no es absoluto, se siguen registrando casos de enfrentamientos, sin la escala de años anteriores, pero quedan indicios y revelan que incluso con presencia militar, siguen manejando sus economías ilícitas”.
De los grupos criminales, resaltó como punto de partida el quiebre de la banda Los Choneros en 2020, que dio paso a una escalada de violencia. “La fragmentación y atomización se ha profundizado por las capturas de líderes, la militarización de las prisiones y el corte de comunicaciones. Se crean subgrupos, facciones que incluso no saben entre sí que existen”, repasó. También, indicó que la actividad criminal “se ha vuelto más predatoria de las comunidades”, con mecanismos como extorsiones y secuestros y el abordaje de otras economías como la minería ilegal.
Pontón expresó que Los Choneros sufrieron un debilitamiento en varias provincias, aunque mantienen fuerza, y que actualmente la banda más importante son Los Lobos. “Están metidos en el narcotráfico a gran escala, la minería ilegal y la corrupción”, apuntó. También menciona a Los Tiguerones, que según dijo tienen “mayor capacidad de reclutar”, y advirtió sobre el surgimiento de “una banda muy peligrosa, Las Águilas, que tiene cierta afinidad con Los Choneros”.
Desgaste de la militarización
Los analistas consultados coincidieron en que la militarización y los estados de excepción (que han sido declarados inconstitucionales) muestran signos de desgaste y señalan algunas denuncias de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. “La presencia militar ha ayudado a contener el crimen organizado y a reducir la violencia en ciertos espacios, pero se ve un agotamiento de la fuerza y de los recursos”, dijo Glaeldys González, quien pidió políticas con una mirada menos cortoplacista y que sienten bases que no sean solo enfocadas en la contención. “Es momento de que se empiecen a plantear otras medidas, como el fortalecimiento del sistema de Justicia, de las capacidades de inteligencia, las iniciativas comunitarias”, agregó. Según dijo, los grupos criminales se adaptan a las nuevas dinámicas y logran incursionar en otras actividades criminales rentables.
En cuanto al tema penitenciario, comentó: “Puede plantearse cómo ir desmilitarizando las cárceles, ver qué significaría unas prisiones sin los militares, qué rol va a tener el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores). Eso tiene repercusiones más allá de los derechos humanos, también económicas”.
Pontón por su parte dijo que en un momento las medidas fueron necesarias y justificadas, teniendo en cuenta que la Policía no se enfrenta “a pandilleros sino a bandas organizadas” y requiere asistencia de las Fuerzas Armadas, pero señala que luego el plan se volvió “más de lo mismo”. El investigador expresó: “Toca reinventar una política de seguridad para enfrentar este problema en cuatro años y dejar trazos para una política de estado”. En su opinión, “el problema sustancial es que Ecuador todavía se niega, no tiene una planificación de largo plazo”.
Ana María Cañizares contribuyó a este reporte
