Panorama Entretenimiento. La industria cinematográfica en República Dominicana enfrenta una realidad preocupante: las películas dominicanas apenas logran recaudar en promedio el 12% de su costo total en taquilla, mientras el Estado sigue invirtiendo millones de pesos en incentivos a producciones que no logran generar beneficios tangibles para el país.
Otra debilidad es que la legislación permite que el Estado dominicano destine millones de pesos al pago de estrellas internacionales, como fue el caso de Sandra Bullock por una película filmada en territorio nacional en el año 2023, sin recibir ninguna retribución por los resultados de esa película.
Bajo la Ley de Cine actual, se han destinado subsidios masivos a producciones locales y extranjeras, sin que estas lleguen a recuperar siquiera una fracción significativa de su inversión.
Como ejemplos se citan los casos de las películas dominicanas La Encomienda, la cual recibió RD$69,867.982 pero solo recaudó RD$10,850. Igualmente sucedió con Des-aparecido que el Estado le otorgó RD$69,962,619 y solo vendió RD$1,034,425.
Lo mismo ocurrió con La Otra Lucha que le dieron RD$71,302,507 y recaudó RD$83,175; con La Boyá que obtuvo RD$73,059,734 y vendió RD$50,450; La Trampa con RD$82,311,578 versus RD$35,147,181.
El País de las Últimas Cosas obtuvo RD$84,464,868 y solo vendió RD$27,650; El Brujo recibió RD$84,710,389 y vendió RD$20,133,153 y Flow Calle recibió RD$119,792,369 y vendió RD$32,537,205.
De hecho, las películas más exitosas y recordadas por la población dominicana fueron realizadas antes de la promulgación de la ley de cine en el año 2010.
Películas como por ejemplo Nueva Yol, la cual fue un éxito rotundo, fue realizada en el año 1995. También se puede mencionar Perico Ripiao de Ángel Muñiz que es del 2003. O también, La Cárcel de La Victoria grabada en el 2004. Dentro del género de terror se encuentra “Andrea” del 2005.
Todo esto demuestra que, si bien es cierto que la ley de cine ha brindado un apoyo importante a la industria, ya desde antes a la misma existían obras exitosas que pudieron realizarse sin ningún apoyo. Es hora de modificar esa ley y que los productores, que han sido formados y apoyados por el Estado, asuman la mayor parte de los riesgos financieros de sus obras, como cualquier actividad privada.
Sandra Bullock recibió 1,764 millones del Estado por una película en RD
La actual legislación dominicana en materia de incentivos a la industria cinematográfica provocó que la famosa actriz Sandra Bullock recibiera un salario que asciende a la impactante cifra de 1,764 millones de pesos por su participación en una película extranjera filmada en República Dominicana en el año 2023 con fondos provenientes mayoritariamente de las arcas públicas. A pesar de esa inversión astronómica, el Estado dominicano no recibió ninguna retribución por los resultados de esa película.
Esta situación pone en evidencia una falla crítica en la Ley de Cine, que fue diseñada para atraer producciones internacionales, pero que ha permitido que una gran parte del dinero invertido termine en manos extranjeras. En el caso de las dos películas extranjeras filmadas en 2023, el Estado aportó más de 2,293 millones de pesos en subsidios, de los cuales el 65% se destinó al pago de personal y empresas no residentes, dejando poco o ningún impacto en la economía local.
Resulta alarmante que mientras el país enfrenta necesidades urgentes en salud, infraestructura, energía eléctrica y otros servicios básicos, esa legislación permita que el dinero de los bolsillos de los dominicanos cubra salarios millonarios para estrellas internacionales, considerando que República Dominicana es una nación pobre.
El 35% del presupuesto de esas dos películas destinado a personal residente en el país fue financiado en su mayoría (71%) por el Estado, lo que plantea una gran interrogante: ¿cómo es posible que el Estado financie casi todo el componente local sin recibir una retribución directa de los beneficios que generan estas producciones?
Adocco plantea eliminación de privilegios al cine por falta de impacto económico
Panorama Nacional. El presidente de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco), Julio César de la Rosa Tiburco, planteó que deben eliminarse los privilegios en la Ley de Cine, argumentando que los fondos aportados por el Estado no han logrado transformar al sector cinematográfico en una industria rentable.
Planteó que desde el año 2013 cuando entró en vigor esa normativa, el Estado dominicano ha destinado más de 16,800 millones de pesos para financiar 235 películas producidas localmente.
Sin embargo, las ventas obtenidas por esos proyectos en los cines han sido solo de 1,979 millones de pesos. Lo que equivale a menos del 12% del costo total de producción.
“Esta situación se ha mantenido así desde 2013, lo que evidencia que el apoyo del sector público no ha sido aprovechado para que los productores locales hagan sus negocios rentables”, indicó De la Rosa Tiburcio.
El presidente de Adocco expuso que, en el año 2023, las 160 empresas que presentaron su declaración jurada consolidaron pérdidas por 717 millones de pesos, lo cual refleja un claro estancamiento del sector cinematográfico.
De la Rosa Tiburcio también cuestionó la eficiencia de los recursos destinados al sector, comparándolos con necesidades más urgentes. “En el 2023, el Estado destinó 7,400 millones de pesos a la industria del cine. Una cifra que equivale al presupuesto para la construcción de más de 15 hospitales de nivel 1 y 2”, señaló.
Con respecto a las películas extranjeras filmadas en el país durante 2023, expuso que dos de ellas tuvieron presupuestos combinados superiores a los 9,174 millones de pesos, de los cuales el 65% fue destinado al pago de personal y empresas no residentes en República Dominicana, lo que, según él, no genera un impacto positivo en la economía local.
“No tiene ningún sentido que el Estado esté subsidiando casi por completo el componente local sin recibir ninguna retribución por los resultados de esas películas extranjeras”, dijo.
Añadió que la Constitución de la República establece que no deben existir privilegios para ningún sector por encima de otro.
Puntualizó que esos recursos que se invierten en películas nacionales y extranjeras por los “privilegios irritantes” que tiene el sector, bien pudieran utilizarse para mejorar los hospitales, la energía eléctrica, la seguridad ciudadana y otros que benefician a toda la población.
La modernización fiscal debió producirse hace tiempo
El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, afirmó que la modernización fiscal debió haberse implementado hace mucho tiempo. Pero señaló que “la clase política en campaña rehuía el tema”.
Explicó que la última reforma fiscal profunda se llevó a cabo hace 32 años, en 1992, y que la falta de ajustes ha generado mayor endeudamiento. Esto limita la capacidad del Estado para realizar inversiones necesarias debido al elevado pago de intereses de la deuda.
“Por ello nosotros valoramos de positivo el arrojo que ha tenido el Gobierno de presentar este proyecto de reforma fiscal”, manifestó.
Asimismo, destacó como un avance significativo la eliminación de privilegios y exenciones fiscales para algunos sectores, ya que estas prácticas han fomentado una competencia desleal.
Subrayó que es justo que dichos sectores comiencen a tributar de acuerdo con las normativas fiscales vigentes. Añadió que “la Constitución de la República no contempla estos privilegios, sino que, por el contrario, los rechaza”.
Preocupación en la industria cinematográfica dominicana ante posibles cambios a la Ley de Cine
Los incentivos a la legislación de fomento a la industria cinematográfica dominicana podrían ser desmontados o, en su defecto, la Ley 108-10 podría desaparecer.
Esa es la preocupación de productores, directores y actores de cine.
El tema fue abordado en el conversatorio organizado por la Academia Dominicana de Periodistas, ocasión en la cual el experimentado productor Gilberto Morillo comunicó que, a pesar de los excelentes resultados que ha dejado al país, existen planes concretos para afectar la Ley de Cine.
En la jornada, que tuvo como escenario uno de los salones de la Cinemateca Dominicana, también participaron como expositores, el cineasta Archie López, la productora de cine Desirée Reyes, la directora de operaciones de Caribbean Cinemas, Zumaya Cordero, y la abogada y periodista Laura Castellanos.
Reacciones
El presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine (ADOCINE), el cineasta Hans García fijó la posición del gremio que representa.
“Desde hace tiempo hemos venido escuchando rumores del interés de algunos sectores que están interesados en eliminar el incentivo a las producciones cinematográficas“, dijo García.
El presidente de ADOCINE expresó que están preocupados porque se trata de una disposición que, lejos de perjudicar, lo que ha traído es mucha inversión extranjera y local.
“En un país donde la inversión extranjera, producto del artículo 39 (incentivo a la inversión extranjera), alcanzó en 2023 más de 12 mil millones de pesos, más de cuatro veces la inversión que se hizo a través del artículo 34 (incentivo a la producción local)”, comentó.
Hans García se quejó de que otros sectores, que reciben incentivos para su desarrollo desde hace más de 50 años, por ejemplo, no han sido afectados con pretensiones como las que se están gestando.
“A esos sectores no les han desmontado nada, al contrario, las facilidades han aumentado. Sin embargo, en el caso del cine, hemos escuchado rumores que indican que podrían afectarnos”, argumentó.
Aunque desde el gobierno no se ha enviado una señal oficial, el gremialista y director de cine coincidió con Gilberto Morillo, quien denunció que en la próxima reforma fiscal que impulsará el gobierno introducirán modificaciones a la Ley de Cine.
“Nosotros hemos conversado con legisladores y nos han dicho que no existe proyecto alguno, pero es de conocimiento que ya se trabaja en un proyecto de ley que sería presentado en octubre de este año en el que se afecta la inversión que se hace a través del artículo 34″, denunció.
Eliminación del artículo 34
Aunque de manera extraoficial, los cineastas se han enterado de la posibilidad de que, en una eventual reforma, el artículo 34 que promueve a la industria dominicana, sea eliminado, lo que representaría un golpe al desarrollo de la industria cinematográfica local.
“Hay quienes piensan en suprimir el artículo 34 y dejar el 39 para continuar captando divisas, pensando que eso es posible. En ese sentido, te aseguro que aquí no se filmará una película si es eliminado el 34”, sostuvo.
Y avanzó que las producciones internacionales rechazan el maltrato a un profesional de su misma industria, no importa el país donde filmen.
ADOCINE no se quedará con los brazos cruzados ante una situación así. “A ninguna producción le va a gustar que le hagamos un piquete durante un rodaje”, acotó.
Sectores oscuros
El presidente de ADOCINE reveló que las personas que están detrás de esas acciones representan a sectores “oscuros“, los cuales no entienden la importancia de la ley en términos culturales y de la proyección del país.
“No dimensionan el daño eventual que le harán a la juventud. Una juventud que apostó y creyó en la palabra del presidente Luis Abinader, quien dijo que en su gobierno sería la época dorada del cine dominicano”, reflexionó.
Impacto negativo
Destacó que han sido notificados por varios productores de que hay inversionistas que han detenido los procesos por esa situación.
“Hemos sabido de ministros que han conversado con grandes contribuyentes a los que les han advertido que no inviertan porque van a quitar la ley. Eso hace daño al país y al presidente Abinader”.
La posición de la DGCINE
La Dirección General de Cine, a través de su directora, la abogada Marianna Vargas Gurilieva, expresó: “Desde el gobierno no se ha emitido ninguna declaración de intención de modificar la Ley de Cine ni sus incentivos. Desde la DGCINE seguimos trabajando en todos los ejes de la industria y comprometidos con los planes en curso”, deja saber la funcionaria a través de un comentario remitido a Diario Libre.
La ONDA
El director general de la Oficina Nacional de Derecho de Autor (ONDA), José Rubén Gonell Cosme, descartó que el presidente Luis Abinader acoja cualquier sugerencia que vaya a afectar los aportes que hace el Estado a la industria creativa nacional, y muy en especial las leyes de Cine y Mecenazgo, que ha venido apoyando de manera decidida en sus cuatro años de gestión gubernamental.