El Primer Tribunal Colegiado de la provincia Santo Domingo, condenó a siete años de prisión a un ex precandidato a diputado por el Partido Fuerza del Pueblo (PFP), en el municipio de Boca Chica, encontrado culpable de falsificación de documentos y estafa, en perjuicio de varias personas y el Estado Dominicano.
El condenado es Víctor Manuel Hernández Samora, de 41 años de edad, domiciliado en el Condominio Rio Verde, Edificio número 15, Apartamento 101, en la Ciudad Juan Bosch, en el municipio Santo Domingo Este.
El justiciable fue encontrado culpable de Falsificación y uso de sellos del Estado, documentos públicos y privados, así como también, de Estafa.
De acuerdo a la acusación, que está colocada a al final de esta nota, el encartado se pudo comprobar que logró apropiarse de manera irregular de un inmueble con una extensión superficial de tres mil cientos ochenta y cinco puntos catorce (3,185.14) metros cuadrados, propiedad de las victimas Sun Wah Ng León, Jun Quan Ng Joa, Li Qun Cen Leung y Yet-Ming Sang Fund de Ng.
Para lograr su cometido, llegó a falsificar varios dictámenes del Ministerio Público, sellos de la Fiscalía de Santo Domingo Este, firmas de Notarios públicos y las cédulas de identidad y electoral de las víctimas.
También, las firmas de los afectados y las de al menos dos Fiscales.
La denuncia formar contra el justiciable fue interpuesta por las victima el 26 de junio del 2019, y el 16 de septiembre del 2020, luego de investigaciones, fue remitido de la jurisdicción Inmobiliaria al Departamento Investigativo de Falsificaciones de la Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este-Norte.
El 9 de Agosto del 2022, mediante una Orden Judicial, fue realizado un allanamiento en la residencia de justiciable Hernández Samora, donde fueron ocupados decenas de documentos, sellos, certificaciones oficiales, actos notariales y documentos de la Fiscalía, todos falsos.
Luego de arrestado, el dos de septiembre del 2022, Hernández Samora fue presentado ante un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, que le impuso medida de coerción de prisión preventiva, mediante la Resolución Penal número 530-2022-SMEC-02178.
En el juicio concluido el nueve de septiembre del 2024, el tribunal compuesto por Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal (presidente), Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada (miembros), encontró al imputado culpable en la violación los Artículos 139, 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican las infracciones de Falsificación y uso de sellos del Estado, Falsificación y uso de documentos públicos y privados y Estafa.
Junto con el justiciable, están imputados otras seis personas (entre ellas cuatro abogados notarios), los cuales fueron todos favorecidos con sentencias absolutorias.
El tribunal impuso al condenado el pago de una indemnización de 12 millones 300 mil pesos, distribuido de la manera siguiente:
-Dos millones para cada ciudadano chino víctima-denunciante (cuatro en total).
-Dos millones para el fiscal Andrés Marte (victima en el proceso).
-Un millón para la victima Steven Báez.
-Un millón para la victima Manuel Soriano.
-300,000.00 para la victima Juan Hernández Vásquez.
Los fiscales Evelyn Peña y Alexis Casado, Departamento de Litigación Definitiva de la Fiscalía en Santo Domingo Este-Norte, estuvieron a su cargo demostrar en el juicio la responsabilidad penal del encartado.
El fiscal Hamlet Andrés Paulino García, del Departamento Investigativo de Falsificaciones de la mima Procuraduría Fiscal, estuvo a su cargo la acusación contentiva de Solicitud de Apertura a Juicio.
El fallo del tribunal establece que la condena sea cumplida en Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR)-Najayo hombre, en la provincia San Cristóbal, y el fallo comunicado el juez de la Ejecución de la Pena, para su fiel cumplimiento.
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