Las declaraciones del director ejecutivo del Fideicomiso Pro-Pedernales, Sigmund Freud, afirmando que esa entidad cumplió con su deber en la licitación del Aeropuerto Internacional de Pedernales genera más dudas que respuestas.

¿Cómo es posible que Acciona, una empresa de origen español con un historial tan negro por soborno, lavado de activos y corrupción haya logrado colarse y ganar en uno de los proyectos más importantes del país sin que se levantaran banderas rojas? ¿Qué sucedió con la exhaustividad que se supone debe prevalecer en las contrataciones públicas?

Acorde al funcionario, la entidad verificó la validez del registro de proveedor del Estado de la empresa Acciona, que cabe resaltar, fue emitido el 16 de enero de 2024 y la adjudicación se hizo solo dos meses después, y validó que la misma no había sido inhabilitada en el país, ¡a pesar de estar sancionada internacionalmente por prácticas corruptas!

En la licitación del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo en Pedernales, no solo Acciona Construcción ha sido cuestionada por su historial de riesgo reputacional. Empresas como Remix y Acero Estrella, finalistas en el proceso, también han estado implicadas en casos de corrupción.

Remix fue parte del Caso Medusa, donde se mencionó su participación en un esquema de sobornos y adjudicaciones irregulares gestionadas desde la Procuraduría General de la República, en la pasada gestión de Jean Alain Rodríguez, indicando que la misma ajustó su oferta siguiendo sugerencias a lo interno de la institución y realizando pagos de “extorsión”, ya con el contrato adjudicado, lo que formaba parte de las irregularidades investigadas.

Sigmund Freud

En relación a Acero Estrella y su vinculación con el proyecto de Punta Catalina, la empresa fue parte del consorcio encargado de la construcción de la central termoeléctrica junto con Odebrecht y Tecnimont. Este proyecto estuvo marcado por acusaciones de sobornos y sobrecostos de más de 39 millones de dólares. Odebrecht admitió haber pagado millones en sobornos para obtener contratos, y Acero Estrella, como socio local, se vio mencionada.

Desde una perspectiva de gestión del riesgo reputacional, es crucial que se realicen evaluaciones exhaustivas del historial de las compañías para evitar que se repitan situaciones similares a las de su pasado.

La normativa vigente es clara: las entidades públicas deben investigar a fondo los contratistas y suplidores con los que establecerán vínculos contractuales, tomando en cuenta criterios de riesgo legal, reputacional, operativo y de corrupción. Esto es conocido como debida diligencia.

Acciona

Sin embargo, en el caso de Acciona, parece que nadie hizo la tarea. Se ignoraron dos señales fundamentales de alto riesgo: estar bajo investigación judicial y ser el centro de un caudal de noticias negativas sobre sobornos y corrupción.

¿Qué dice la DGCP?

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) cuenta con el “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas”, un documento que establece procedimientos obligatorios para que las instituciones públicas puedan evaluar correctamente a las empresas contratistas.

Carlos Pimentel, director de la DGCP, ha dicho públicamente que la aplicación de la debida diligencia ayuda a disminuir la vulnerabilidad de las instituciones en temas de riesgos legales, reputacionales, operativos, de lavado de activos, de corrupción, de integridad, financieros entre otros.

En este documento se explica que la debida diligencia contribuye a garantizar el cumplimiento de las leyes y, además, el comportamiento ético en las instituciones.

Este instrumento enfatiza la importancia de investigar a fondo a los proveedores, y subraya que las personas o empresas con investigaciones judiciales en curso o con amplia cobertura mediática negativa deben ser clasificadas como de alto riesgo.

¿Qué es la debida diligencia?

La debida diligencia, según el documento “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas», es un conjunto de acciones, procedimientos y políticas implementadas por las instituciones para obtener un conocimiento profundo y adecuado sobre las partes involucradas en un proceso de contratación pública. En otras palabras, se trata de una investigación exhaustiva de todos participantes en dicho proceso.

Se trata de un documento que busca dotar a los servidores públicos de los conocimientos básicos necesarios para prevenir conductas antijurídicas y contrarias a la ética pública; así como la identificación oportuna y el tratamiento de los conflictos de interés, inhabilidades y prácticas anticompetitivas.

Para llevar a cabo esta tarea, las instituciones del Gobierno disponen de diversas plataformas que permiten corroborar la información proporcionada por los proveedores.

Durante la debida diligencia también se aceptan datos disponibles públicamente de forma impresa o virtual, ya sea a través de la radio, televisión, periódicos, artículos, el internet, así́ como también bases de datos comerciales.

Es decir que antes de tomar cualquier decisión sobre una empresa, la normativa establece que se debe investigar minuciosamente su historial y evaluar el impacto potencial que dicha empresa podría tener en la entidad que realiza la contratación.

Altísimo riesgo para el Estado dominicano

El “ABC de la debida diligencia en las contrataciones públicas” preparado por la DGCP estipula que el nivel de diligencia a aplicar depende del riesgo asociado a la empresa o persona involucrada. En términos simples, cuando el riesgo es bajo, el proceso es más simple; sin embargo, cuando el riesgo es alto, la investigación debe ser mucho más rigurosa.

Indica que toda entidad contratante es responsable en determinar si una persona física o jurídica debe ser clasificada como de alto riesgo.

Este mismo documento especifica que una entidad o empresa debe ser considerada de alto riesgo si cumple con ciertos criterios como estar bajo procesos judiciales o tener una exposición considerable a noticias negativas relacionadas con corrupción.

Acciona cumple con ambos criterios. Ha sido sancionada en España, Brasil, México, Perú y Bolivia, y está bajo investigación en otros países.

Además, su historial de escándalos por sobornos, lavado de activos y corrupción ha generado una abundante cobertura mediática negativa.

Ante estas evidencias, resulta incomprensible cómo no se evaluó adecuadamente el riesgo que representaba para el Estado dominicano establecer un contrato con una empresa con un historial tan oscuro.

¿Cómo fue posible que Acciona no fuera clasificada como de altísimo riesgo y se desestimara?

En este caso, al parecer, esa normativa quedó en letra muerta. Aunque la gestión de riesgos es fundamental para proteger la integridad de las instituciones públicas, en el caso de Acciona, no parece haberse aplicado con la rigurosidad necesaria.

La incógnita persiste: ¿cómo una empresa con un historial tan sombrío logró obtener un contrato de tal envergadura sin que se aplicaran los criterios de debida diligencia?

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