El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este jueves (05.09.2024) -como uno de los logros de su Gobierno (2018-2024)- que no ha habido asesinatos de periodistas ni de liderazgos políticos “más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”, pese a que la organización Artículo 19 ha denunciado 47 homicidios contra la prensa en el sexenio.

Cuestionado durante su conferencia de prensa sobre los logros de su Gobierno, que concluye el 30 de septiembre, el mandatario señaló que hay tres cosas de las que se siente orgulloso: el combate a la corrupción, la reducción de la pobreza y que no ha habido asesinatos de periodistas ni liderazgos políticos, según su perspectiva.

“Lo tercero que celebro, toco madera porque me faltan 20 días o 25 (días), es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado ni de políticos”, declaró el presidente. Esto pese a que, en su más reciente informe, la organización Artículo 19 documentó que, desde diciembre de 2018, cuando inició la Administración de López Obrador, han asesinado en el país a 47 periodistas por su labor, mismo número que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El gobernante mexicano además festejó que -según él- no hubo asesinatos de liderazgos políticos como los que ocurrieron en otros sexenios. Sin embargo, el monitoreo de violencia político-criminal Votar Entre Balas registró 130 actos de violencia contra personas candidatas o aspirantes a un cargo durante el periodo electoral 2023-2024, de las que 34 fueron asesinatos, con lo que fueron los comicios más violentos del país.

López Obrador también dijo que no se asesinó a un cardenal, en referencia al crimen de Juan Jesús Posadas Ocampo en mayo de 1993, aunque en junio de 2022 mataron a dos sacerdotes jesuitas en el norteño estado de Chihuahua, lo que desató la indignación de la Iglesia católica.

El presidente igualmente mencionó que no ha habido accidentes en los que han muerto secretarios de Gobernación como el de Francisco Blake Mora, en 2011, y el de Juan Camilo Mouriño, en noviembre de 2008, ambos ocurridos durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Esto a pesar del incidente en avión que mató el 24 de diciembre de 2018 a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, ambos del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

ama (efe, vanguardia, animal político)

México. Hace un mes, el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel empezó a recibir amenazas por Facebook. Lo acusaban falsamente de operar una serie de páginas oscuras donde se ventilaban chismes del submundo del narcotráfico en la ciudad fronteriza de Tijuana, donde él vivía. Martínez Esquivel, de 49 años de edad, era un hombre valiente y un periodista experimentado, curtido en temas de seguridad en México. Conocía de cerca el narcotráfico y sabía perfectamente el peligro que este tipo de acusaciones implicaba.

Contactó inmediatamente a sus colegas del colectivo #YoSiSoyPeriodista, quienes publicaron el 13 de diciembre de 2021 una aclaración de que Martínez Esquivel no tenía nada que ver con estas páginas. “El pseudocomunicador Ángel Peña lo acusó sin pruebas en sus redes sociales de ser el administrador de páginas anónimas dedicadas a publicar crímenes en la ciudad, trabajo que no tenía ninguna necesidad de hacer, pues él trabajaba de manera formal en varios medios de comunicación”, aclaró el colectivo. También refirieron el caso al mecanismo estatal de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, un organismo gubernamental creado durante la escalada de la guerra contra el narco en 2012 por presión del gremio periodístico y organismos internacionales de derechos humanos.

Desgraciadamente, el lunes 17 de enero de 2022, a mediodía, cuando Martínez Esquivel estaba saliendo de su casa en el barrio popular de Camino Verde para abordar su viejo Ford Escort todo despintado, se escucharon unas ráfagas. Cuando su esposa Elena y su hija de 16 años salieron alarmadas a la calle, ya yacía muerto en el piso, al lado de su carro, acribillado. “No pude hacer nada por él”, sollozó su esposa.

Hipótesis alejadas del móvil periodístico

“Aún es muy pronto para identificar las circunstancias alrededor de su asesinato e identificar las fallas del proceso de protección”, dijo Pedro Cárdenas, coordinador de documentación del programa de protección y defensa de Artículo 19 a DW. “Pero la protección no solamente puede enfocarse en un mecanismo”, señala. “Se requiere una política íntegra, la cual no solamente reacciona ante amenazas, sino que trabaja en la prevención.”

El año 2022 recién empezó y es ya el segundo periodista asesinado en México. El 10 de enero murió el director del sitio Inforegio de Veracruz, José Luis Gamboa, luego de ser acuchillado. Las autoridades manejaron la hipótesis de un asalto. Ahora, en el caso de Martínez Esquivel, la versión oficial especula sobre un conflicto vecinal.

Anunciar hipótesis sin fundamentos o pruebas en las primeras horas de un asesinato es un procedimiento común de las autoridades encargadas de investigaciones en México. Algo que despierta cada vez más críticas por parte de los organismos de defensa de derechos humanos.

“Es una práctica preocupante, porque se pueden desviar desde un inicio las investigaciones”, dice Cárdenas. “Reiteramos que las autoridades deben utilizar el protocolo homologado, donde se establece que deben investigar la labor periodística como una de las hipótesis”.

También Reporteros Sin Fronteras exigió que no se descartara el móvil de la labor periodística en ambos casos. En el caso de Esquivel, Miguel Mora, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, declaró que es “imperativo que se realice un proceso expedito del caso, ya que cualquier ataque a periodistas constituye un atentado a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad de estar informada”.

AMLO esquiva el tema

El asesinato de Martínez Esquivel causó conmoción. Era muy conocido más allá de las fronteras de la Ciudad de México y muy querido por sus colegas quienes recordaron el martes su valentía. Llevaba dos décadas trabajando para medios nacionales importantes, como el semanario Zeta y La Jornada y trabajaba como fixer para clientes internacionales como la cadena británica BBC y el periódico Los Ángeles Times, quienes también informaron sobre su asesinato.

En total, ya van 32 periodistas asesinados desde 2018, durante la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, según la agencia de defensa de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. El martes (18.1.2022), Adriana Flores, del Instituto Mexicano de la Radio, reclamó al gobernante durante la conferencia de prensa matutina por la inseguridad que padecen los periodistas y le preguntó qué garantías iba a dar el Gobierno a la libertad de prensa.

Sin embargo, el presidente esquivó el tema, contestando que el asunto se iba a tratar más adelante en un informe especial sobre seguridad. “Nuestros adversarios aprovechan todo para atacarnos, pero, en realidad, en el fondo no es que sinceramente les preocupe el que pierdan la vida seres humanos”, argumentó el mandatario. El gobernante añadió que en su administración no se permite la impunidad.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), México es el segundo país más mortal para periodistas, después de Siria y 86 por ciento de los homicidios de periodistas desde 2006 han quedado impunes.(ms)

Son 247 páginas llenas de cifras y hechos que son como una ducha fría y desafían la narrativa del avance de la democracia en México. “Derechos pendientes” es el título del informe que acaba de presentar la organización Artículo 19 (Art. 19) en la capital del país latinoamericano. En él se analizan los seis años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador bajo la perspectiva de la libertad de expresión e información.

Cifras inaceptables en un país en paz

“Hubo 3.408 agresiones contra la prensa, equivalentes a una cada 14 horas; un incremento del 62,13 por ciento en comparación al sexenio anterior. 46 periodistas fueron asesinados, cuatro desaparecidos”, enumera el informe.

La representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México, Balbina Flores, dijo en entrevista con DW: “Son cifras inaceptables en un país en paz como México”. Contrariamente a lo que se pueda pensar, el mayor perpetrador de delitos contra la prensa no ha sido el crimen organizado, si no el Estado, con 1.559 agresiones (45,75 por ciento del total).

La representante de RSF añade que, a pesar de ser tan altas, las cifras de agresiones presentadas en el informe probablemente subestiman la magnitud del problema. “Hay cada vez más zonas de silencio donde los periodistas no denuncian públicamente las agresiones”, comenta la experta, que está en contacto directo con periodistas en todo el país.

Espionaje, publicidad oficial, bloqueo al INAI

Pero la violencia es solamente la punta del iceberg. El informe también enumera muchas otras iniciativas de acortar la libertad de prensa e información, como casos de espionaje por parte de los militares a periodistas y defensores de derechos humanos, o el uso de la pauta publicitaria para influir la opinión pública. La organización -que toma su nombre del artículo dedicado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos- encontró que casi la mitad del dinero fue destinado a solamente diez medios, algo que va en contra del pluralismo democrático.

También ilustra con muchos ejemplos una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos. Como ejemplo, cita el bloqueo por omisión del trabajo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que la bancada parlamentaria oficialista (Morena, PT y PVEM) usó su mayoría para boicotear el nombramiento de los funcionarios que iban a encabezar ese organismo autónomo.

Convertir a los periodistas en blanco fácil para el crimen

“Es ofensivo y peligroso el desdén que han mostrado por las instituciones, es un daño a la transparencia”, comenta a DW Josefina Buxadé, profesora de Comunicación y Periodismo en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y comisionada del Instituto de Transparencia en ese mismo estado entre 2005-2008. Buxadé ha observado que en su curso de investigación periodística, sus alumnos cada vez reciben menos respuestas del INAI. “Los estudiantes se enojan y casi les parece un milagro cuando una dependencia les contesta bien”, cuenta.

La docente está preocupada por los sistemáticos ataques del presidente contra periodistas. La organización, fundada en 1987, registró 179 agresiones en las conferencias de prensa “mañaneras” de López Obrador, e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades del país repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante contra los trabajadores de prensa, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí (clasistas)”, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara”, y “corruptos”.

“Que la violencia venga de las autoridades es terriblemente grave, porque después cualquiera piensa que tiene derecho a insultar o agredir a un periodista”, dice Buxadé, posgraduada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. “Si uno añade a eso la altísima impunidad, esto convierte a los periodistas en blanco fácil del crimen organizado”, lamenta.

La tentación de una política de censura

Según Flores, en un país con una tradición de pluralidad democrática incipiente (en 2000 ganó por primera vez la oposición la presidencia luego de 71 años del mismo partido en el poder), la tentación de censurar está todavía muy presente en el poder político. “En este momento observo hechos de censura y algunas acciones que parecen ir hacía una política de censura”, advierte.

Sin embargo, Flores espera que el nuevo gobierno bajo la recién electa Claudia Sheinbaum pueda enderezar el rumbo, a pesar de pertenecer al mismo partido que López Obrador y de su promesa de continuidad con su proyecto.

“En su programa de gobierno, no vimos muchas promesas concretas sobre derechos humanos y  libertad de expresión”, admite Balbina. Pero Sheinbaum firmó un compromiso ante RSF de defender la libertad de expresión: “Esperamos que se haga efectivo.” Según ella, es positivo el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como Secretaria de Gobernación (Interior), ya que ella fue periodista.

Buxade es más crítica: “Yo no veo mucho interés en que las cosas cambien, o suficiente fuerza en la sociedad civil para lograrlo. Y la oposición queda ahora muy acotada en el nuevo Congreso”. Sin embargo, cree que el INAI -que López Obrador quiere hacer desaparecer- pueda sobrevivir: “Mi única esperanza es el (tratado de libre comercio con Estados-Unidos y Canadá) T-MEC, donde hay clausulas que obligan a los miembros a tener órganos de transparencia”, concluye.

(cp)