REDACCIÓN ECONÓMICA, SANTO DOMINGO. La medida de coerción de la Operación Caimán refleja cómo a lo largo de los años el crimen organizado se ha aprovechado de la falta de oportunidades en las provincias del sur, la región con mayor incidencia de pobreza de República Dominicana.

El documento reseña que desde los 90´s los carteles colombianos identificaron a Barahona, Pedernales, Azua y Peravia como sus zonas predilectas para el trasiego de drogas.

Para aquella época, establece la medida, los habitantes de Barahona y Pedernales padecían los influjos de la poca inversión estatal y las oportunidades de desarrollo económico individual eran casi nulas.

“Todo esto obligaba a buscar otras alternativas laborales, fuera de la agricultura y la pesca, siendo precisamente esta última (actividad pesquera), la que natural y tradicionalmente se conectaba con los intereses de la narcoactividad”, describe el documento.

Estas características de la zona, que, aunque ha experimentado cambios en los últimos años, sigue enfrentando importantes desafíos, de acuerdo al Boletín 2023 sobre Pobreza Monetaria, sirvieron de base para que diferentes grupos, estructuras y organizaciones narco delictivas nacionales e internacionales, explotaran todas las condiciones sociológicas favorables para sus actividades ilícitas.

Así se creó toda una narco-economía paralela que se constituyó en una seudo esperanza de ascenso social de múltiples familias, comunidades y grupos sociales vulnerables.

El narcotráfico está tan normalizado en la zona que hay personas que se dedican a la fabricación de lanchas, a vender motores fuera de borda, entre otras actividades.

“Estas son comunidades que en un gran porcentaje de sus ciudadanos vive de ese mercado de las drogas ilícitas y por tal razón crean una barrera de protección en conjunto cuando se trata de algunas maniobras del Estado, para combatir dicho flagelo, como es avisar de cualquier vehículo o persona que no conozcan, incluso dándole persecución”, explica el documento.

El narco ya forma parte de su cultura

El documento señala que en la zona se ha creado incluso una narco-cultura, que hace la población perciba el delito del narcotráfico como una actividad económica y comercial común. Esto dio lugar a la proliferación de clanes familiares que se ha dedicado al narcotráfico y delitos conexos por más de 30 años, entre ellos citan a Los Florián, Los Gloria, Los Cuevas, Los Feliz, entre otras.

“La narco-cultura se encuentra tan arraizada que niños y adolescentes se encuentran inmerso dentro de este mal, ya que dichas localidades poseen pocas opciones para su desarrollo”, explica la medida de coerción.

Se estima que en Barahona y Pedernales hay más de quinientas personas entre adultos, jóvenes, adolescentes y niños que se dedican a lo que se denomina playar, que consiste en vigilar a que lleguen las narcolanchas para protegerlas, lo cual es visto como algo normal y no como algo delictivo.

Detalles del caso

El pasado 11 de abril el Ministerio Público (MP) solicitó que se imponga medida de coerción contra Malbin Martínez Feliz, Geise Feliz Pérez, Wilkin Joel Cuevas Ferreras, Wilmer Joel Cuevas Florián, Wellington Ford Garó, Jerbinson Bernabe López, Máximo Andrés Ruiz Moreta, Carlos Manuel Cuevas Pérez, Gloria Elena Cuevas y Rafael Marcelo Saldaña Cuevas.

El organismo pidió además que el caso sea declarado complejo puesto que involucra a unas 60 personas que forman parte de la estructura criminal, que se dedica a la estafa de personas estadounidenses y coloca su dinero sucio en el sistema financiero dominicano por medio de un amplio y complejo sistema de lavado y blanqueo de capitales, a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, conformación y constitución de compañías, entre otros delitos.

El documento señala, además, que las actuales estructuras criminales insertadas en el sur manejan exorbitantes cantidades de dinero producto del narcotráfico, el cual es invertido en pagos de sobornos desde figuras políticas, comerciales, empresariales y militares.

“Al analizar la participación individualizada de los miembros de la organización, se confirma ser una red dedicada a actividades ilícitas, que han movido más de 250 millones de dólares, en lo que hasta el momento se ha podido calcular, afectando a decenas de víctimas en los Estados Unidos”, estima el MP.

 

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