El exprocurador general Jean Alain Rodríguez y el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta le han salido dos “huesos duro de roer” al Ministerio Público en los casos de corrupción denominados Medusa y Calamar, y en los que, indistintamente, figuran como principales encartados.

Calamar se encuentra “enchivado” a la espera de que el órgano acusador presente su acto conclusivo; y Medusa mantiene su cabeza pétrea lista para contraatacar.

Lo que ocurrió el pasado viernes en la preliminar de Medusa fue un ejemplo de ello.

Si bien el imputado Juan Azael Martínez fue tendencia en los medios de comunicación al declarar ante el juez que el MP lo habría extorsionado para que acepte culpabilidad en este proceso a cambio de una pena cumplida, no tardó mucho en arrepentirse, pero al parecer ya era muy tarde para ello.

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En la misma audiencia Martínez quiso retractarse ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción Amauri Martínez, pero el MP se lo impidió al retirar el acuerdo, afirmando que “ese no es el accionar” del órgano acusador, y que desconocía la extorsión a que se refería el imputado.

Trascendió que desde ese día, el imputado de supuestamente estafar al Estado con RD$6,000 millones no cesa llamando al MP, arrepentido, para que el órgano de persecución vuelva a introducir el acuerdo.

Hasta el momento, la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), ha sometido ante el juez de la instrucción 21 acuerdos plenos con igual número de imputados en el caso Medusa, los cuales están pendientes de aprobación por el magistrado Martínez.

Sin embargo, de esos 21 solo se conocen los de siete que han admitido los hechos que se les imputan dentro del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario dominicano gestado por la PGR de Jean Alain con una inversión superior a los RD$6,000 millones, y que incluían la construcción de la nueva penitenciaría de La Victoria, y la provisión de alimentos para los internos y el personal administrativo.

Son ellos Carlos Augusto Guzmán Oliver (de Herrajes Rachel), César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique y Francisco Alberto Vásquez Féliz; Fausto José Cáceres Santerio, Francisco Arturo Santos Gómez (y la empresa La Parasata Mercantil) y Lisandro Macarrulla hijo.

Condiciones del MP

A cambio de su admisión de culpabilidad, la devolución de recursos y confiscación de bienes, estos imputados han aceptado ser condenados a penas de tres años suspendidas, más una serie de condiciones que incluyen prohibición de viajar al extranjero sin notificarlo a la autoridad judicial competente, y el porte de armas de fuego.

Durante el tiempo de la condena además deberán abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas o drogas narcóticas; realizar 50 horas de trabajos comunitarios; presentarse cada 60 días ante el juez o la autoridad que este designe; tener un domicilio fijo y, si cambian, notificarlo.

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