
Un total de 800 agentes de la Unidad de Traslado de Alto Riesgo (UTAR) que moviliza a los tribunales a imputados de alto riesgo, principalmente vinculados en actos de corrupción, renunciaron al Cuerpo de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario Dominicano.
Así lo denunció Roberto Santana, experto en temas carcelarios, quien dijo que la renuncia de los agentes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, de la Procuraduría General de la República, es motivada por el deterioro del nuevo sistema penitenciario y sus precarias condiciones laborales.
Al hablar en el programa “Rumbo de la Tarde”, el ex asesor honorífico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, sostuvo que otros agentes también presentaron sus renuncias, pero que no se la aceptaron. Santana dijo que cuando algunos del personal no se prestan a las mafias y las torturas que imperan en la Procuraduría General de la República, entonces lo que hacen las autoridades es que botan a los agentes.
Se quejó de que, a pesar de ser designada una comisión para realizar una investigación sobre la aparición de una fibra óptica en el penal de La Victoria, no se han conocido los resultados de la pesquisa. Destacó que posteriormente a eso aparecieron 11 parábolas en el mismo penal, donde también se creó otra comisión investigadora, pero que tampoco se han revelado los resultados. Explicó que ahora se creó una comisión de seguimiento para determinar las causas del incendio y analizar qué se hará con el área afectada del penal, por lo que espera que las autoridades no las dejen en el olvido.
Informó que se fue porque se creó en la Procuraduría de la República un gabinete porque las personas que sabían del tema penitenciario fueron dejadas fuera y que dicho Gabinete fracasó de tal manera que la ley penitenciaria no cuenta con un reglamento a dos años de ser aprobada dicha ley.
Descarta lucha de bandas
Santana descartó que fuera ocasionado por lucha entre bandas, el incendio ocurrido el pasado lunes en el penal de La Victoria, donde hasta el momento unas 12 personas han fallecidos y unas 400 trasladadas a los centros del Pinito, de La Vega y Vista al Valle, de San Francisco de Macorís.
“En una celda no hay incendios que se puedan convertir en fuego bajo control, salvo que no lo provoquen. Entonces se dijo que era un cortocircuito; no, ahí le cerraron con candado para que la gente no saliera y la policía estaba ahí cuando eso ocurrió, donde estaban ellos”, adujo Santana.
Reiteró que en el penal de la Victoria hay una corrupción entre agentes de la policía y gente del narcotráfico, ventas de las camas, entre otros negocios y que solo al comandante del penal le deja un millón de pesos diariamente.
Evalúan edificio de La Victoria; familias están angustiadas

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (Onesvie) comenzó la evaluación del edificio siniestrado en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, construido hace 70 años, para determinar su destino lo más rápido posible, informó la entidad.
Casi mil 800 internos tenía el área afectada por el incendio el lunes que ha provocado el fallecimiento según la Procuraduría General, hasta el momento, de 13 y el traslado de más de 600, según reportes oficiales. Mientras, siguen los reclamos de familiares que buscan informaciones sobre sus parientes.
Ayer, en el perímetro del recinto fue registrado un aumentó considerable del movimiento de familiares de reos, representantes de entidades religiosas y de derechos humanos. Opinaron que deber ser cerrado de manera definitiva.
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Mientras tanto, el presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Virgilio Almánzar, sugiere que en la cárcel habiliten tribunales de excepción para agilizar los procesos de muchos reos con enfermedades terminales y otras condiciones. Cree que no debían estar encerrados en este lugar.
Informó que hay prisioneros que tienen que valerse de pares hasta para ponerse una prenda de vestir.
Sostuvo que hay muchos que no han sido condenados y llevan años encerrados, por lo que urge la instalación de tribunales para agilizar sus salidas.
Puntualizó que hay cientos de prisioneros preventivos en el penal que han cumplido el tiempo, pero siguen encerrados, lo cual -opinó- es inhumano y habla muy mal del sistema carcelario y de la justicia dominicana.
“Eso es grave, la Suprema Corte de Justicia y todo el sistema tienen que ponerse de acuerdo y abrir tribunales aquí para poner todo esos presos en libertad de una vez”, acotó.
Rol de onesvie
La Onesvie es la encargada de la preservación del patrimonio de las edificaciones públicas.
Tiene como misión contribuir a mitigar el riesgo sísmico de las edificaciones e infraestructuras y proteger las vidas de los ciudadanos mediante procedimientos técnicos y educativos.
Los técnicos de ese órgano iniciaron la evaluación para identificar las potenciales deficiencias en las edificaciones del penal que representan un riesgo para la vida humana.
Mediante las evaluaciones se determina si en la estructura hay elementos débiles visibles que puedan provocar un fallo estructural o de alguno de sus componentes al responder una serie de revisiones.
La presencia de riesgos en las infraestructuras no solamente se crea por el peligro o amenaza de un fenómeno peligroso de origen natural o humano, sino por la aparición de condiciones de vulnerabilidad en los mismos.
Por ello, precisa la entidad, la trascendencia de identificar y comprender el estado con el objetivo de mitigar la probabilidad de que ocurra un futuro desastre.
Área siniestrada
El titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, coronel Roberto Hernández Basilio, revela que el área donde se produjo el siniestro, denominada El Patio, cuenta con cuatro grandes celdas donde había 1,799 privados de libertad.
Aclaró que dentro de las celdas se construyeron las denominadas goletas (construcciones en madera con pasillos muy pequeños) donde estaba la cantidad de reos citados cuando se produjo el siniestro el lunes, pues según cifras dela Procuraduría General ha dejado 13 muertos, lo que grupos de derechos humanos en en duda.
Informó que en la 1 y la 2 había 480, en la 3 y la 4, 490; las 5 y 6 tenían 542; las 7 y 8 unos 285 para el total de 1,799.
Luego del fuego, informó Hernández Basilio, unos 665 reclusos fueron trasladados a diferentes cárceles, unos 300 a La Vega, 100 a San Francisco de Macorís, 180 a Higuey y 85 a La Romana.
Para auxiliar a las familias, Servicios Penitenciarios y Correccionales instaló una carpa a la entrada del penal donde un personal informa el destino de los internos.
El oficial estima que alrededor del 50% de los reclusos que permanecen en La Victoria no ha avisado a sus familias que están vivos, por lo cual -dijo- las autoridades guían a familiares hasta el interior para que vean a sus parientes.