- Role,BBC News
-
Una polémica ley migratoria está en el centro de una batalla entre el gobierno estatal de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos.
La Corte Suprema de EE.UU. dictaminó el martes por la tarde que las autoridades de Texas podían aplicar la nueva ley migratoria del estado que permite detener, encarcelar y deportar a migrantes indocumentados.
Pero dejó la revisión de su legalidad en manos de un tribunal federal inferior.
Y en la noche del mismo martes, la Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU. informó que, tras una votación de 2-1, anuló un fallo de otro tribunal que permitía su aplicación, a la espera de los alegatos del gobierno de Texas.
Se espera que este miércoles se produzcan los argumentos orales.
La SB4 autoriza a la policía local y estatal arrestar y procesar a quienes sean sospechosos de cruzar irregularmente la frontera desde México.
El gobierno del presidente Joe Biden argumenta que la ley de Texas viola la Constitución y las leyes federales, al interferir con la potestad del gobierno de Washington para regular la migración.
Y es que la aplicación de las leyes de inmigración (incluidos los arrestos) están generalmente a cargo del gobierno federal.
La SB4 pretende otorgarles ese poder a los funcionarios de Texas, permitiéndoles procesar a los migrantes y ordenar su regreso a México.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de EE.UU., y antes de la resolución del tribunal federal de apelación, el gobierno de México dijo que reprobaba su entrada en vigor.
“México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”, señaló la Cancillería mexicana en un comunicado.
Hasta 20 años de cárcel
Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, las tres juezas progesistas de la Corte Suprema, discreparon con la decisión del alto tribunal.
“El tribunal da una luz verde que alterará el antiguo equilibrio de poder federal-estatal y sembrará el caos”, escribió Sotomayor.
La ley podría “perturbar las delicadas relaciones exteriores, frustrar la protección de las personas que huyen de la persecución, obstaculizar los esfuerzos federales de aplicación de la ley y evitar que los migrantes denuncien abusos o trata”, añadió.
La SB4 otorga a los agentes de policía locales y estatales la capacidad de detener y arrestar a cualquier persona sospechosa de haber cruzado la frontera irregularmente, excepto en escuelas, hospitales y lugares de culto.
La ley contempla desde delitos menores hasta delitos graves, que pueden ser castigados con multas que pueden llegar a US$2.000 o condenas de hasta 20 años de prisión.
La máxima pena se estipula para quienes reingresen irregularmente a Texas después de haber sido deportados, dependiendo de los antecedentes penales y migratorios de la persona.
La SB4 se convirtió en ley en diciembre e inicialmente debía entrar en vigor el 5 de marzo.
Cuando firmó la ley, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que era necesaria debido a la incapacidad del gobierno de Biden para hacer cumplir las leyes federales que penalizan la entrada irregular al país.
“La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”, aseguró.
La normativa ha sido rechazada por organizaciones de defensa de derechos humanos, que advierten que podría ser usada como un instrumento de discriminación, y también por el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por considerarla “antiinmigrante”.
“México cuestiona también disposiciones legales que afecten los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, generando ambientes hostiles en los que la comunidad migrante esté expuesta a expresiones de odio, discriminatorios y de perfilamiento racial”, señaló la Cancillería mexicana este martes.
¿Qué pasará ahora con la ley?
La SB4 es una de las leyes migratorias más duras adoptadas por cualquier estado en los últimos tiempos en Estados Unidos.
Tras la decisión de la Corte Suprema y la posterior suspensión por parte de la Corte de Apelaciones, el panel de jueces del tribunal federal escuchará este miércoles los argumentos orales de Texas para poner la ley en efecto.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, había elogiado la decisión de la Corte Suprema como una “gran victoria” contra Biden y contra la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que impugnó la ley ante los tribunales.
La ACLU, por su parte, prometió que no daría marcha atrás hasta que “esta ley antiinmigrante extrema sea derogada para siempre”.
La discusión sobre la implementación de la SB4 se produce en medio de una creciente preocupación pública en EE.UU. por la inmigración.
Una encuesta de Gallup publicada en febrero mostró que casi un tercio de los estadounidenses cree que la inmigración es el mayor problema que enfrenta su país, por delante del gobierno, la economía y la inflación.
Un tribunal federal de apelación evitó nuevamente el martes que Texas arreste y deporte a migrantes acusados de ingresar sin autorización a Estados Unidos, horas después de que la ley entró en vigor apenas brevemente.
Antes de que la Corte Suprema federal, en un fallo dividido, permitió previamente que la ley del estado entrara en vigor en lo que se resuelve el proceso jurídico, algunos sheriffs estaban preparados para disfrutar de una expansión estatal sin precedentes en la aplicación de la ley fronteriza, mientras que otros se mostraban reacios.
Texas se mantuvo en silencio en las horas posteriores al fallo sobre si los policías estatales o los soldados de la Guardia Nacional del estado —quienes tienen la mayor interacción con los migrantes— comenzarán a implementar la ley y cuándo lo harán.
Horas más tarde, una orden de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito suspendió nuevamente la ley. En una decisión de 2-1, un panel del tribunal levantó una pausa anterior antes de escuchar argumentos sobre el caso, programados para el miércoles.
En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México señaló en un firme comunicado que el país se negará a acoger a cualquier persona a la que se le ordene salir de Estados Unidos en virtud de la ley estatal y que “rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio”.
“México reitera su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos y el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”, dijo el gobierno.
El jefe policial del condado de Kinney, Brad Coe, quien ha apoyado en buena medida el multimillonario esfuerzo del gobernador de Texas, Greg Abbott, en la aplicación de las leyes migratorias, dijo que estaba “preparado para proceder con las acciones judiciales”, pero que los agentes necesitarán una “causa probable” para llevar a cabo los arrestos. Su condado abarca una franja de la frontera cerca de Del Río que hasta hace poco fue el corredor de mayor actividad de cruces ilegales, pero que se ha calmado considerablemente.
“Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana”, dijo Coe.
El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, comentó que la impartición de las leyes migratorias debe seguir siendo una responsabilidad de las autoridades federales, y no de las estatales, manteniendo la postura del gobierno del presidente Joe Biden. Dijo que el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en la ciudad de El Paso durante una oleada de inmigrantes anterior trajo consigo persecuciones a alta velocidad y detenciones de tránsito basadas en la suposición de que los pasajeros se encontraban ilegalmente en el país.
“Tuvimos accidentes, tuvimos heridos, obtuvimos un pequeño vistazo de lo que podría pasar si el estado empieza a controlar lo que ocurre en relación con la inmigración”, señaló Samaniego.
Su impacto se extiende más allá de la frontera de Texas. Legisladores republicanos redactaron la ley para que se pueda aplicar en los 254 condados del estado, aunque Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, ha dicho que prevé que se implemente principalmente cerca de la frontera.
Otros estados gobernados por republicanos lejos la frontera también buscan seguir los pasos de Texas. En Iowa, la Cámara de Representantes estatal dio su aprobación final el martes a un proyecto de ley que también otorgaría a sus fuerzas policiales el poder para arrestar a las personas que se encuentren en Estados Unidos de manera ilegal y se les hubiera negado anteriormente la entrada en el país.
El proyecto de ley pasará ahora a manos de la gobernadora, la republicana Kim Reynolds. De promulgarse, la medida entraría en vigor en julio.
“El gobierno federal ha abdicado sus responsabilidades y los estados pueden y deben actuar”, comentó el representante Steven Holt.
Skylor Hearn, director ejecutivo de la Asociación de Jefes Policiales de Condados de Texas, dijo que los departamentos de policía han estado recibiendo capacitaciones desde el año pasado.
“Si un condado decide tomar el asunto en sus manos, está decidiendo que sus contribuyentes también lo hagan”, comentó Hearn. “Mientras el gobierno federal esté dispuesto a hacer la parte que le corresponde, lo ideal es que tome posesión y custodia de estas personas”.
No hubo un repunte inmediato de cruces en la frontera ni reportes de detenciones, pero la noticia del fallo se difundió rápidamente y causó inquietudes entre los defensores de los inmigrantes.
“¡Terrible noticia de última hora, amigos!”. dijo Carlos Eduardo Espina en su cuenta de TikTok con más de 8 millones de seguidores, muchos de ellos migrantes en tránsito. Dijo que la ley sembraría la confusión y prometió instrucciones para “conocer sus derechos” sobre cómo responder a un interrogatorio policial.
Daniel Morales, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo que “claramente será un desastre” implementar la ley de Texas.
“Está muy claro que Greg Abbott quiere implementar la ley para que pueda conseguir un montón de fotografías y oportunidades, pero su implementación va a requerir muchos recursos estatales. Y no sé, de hecho, cuánto apetito y capacidad realmente tiene el gobierno estatal para hacerlo”, comentó Morales. Texas se dará cuenta de que su aplicación es “difícil y agotadora”, añadió.
Las detenciones por cruces ilegales se redujeron a la mitad en enero respecto a un máximo histórico de 250.000 en diciembre, y hubo marcados declives en Texas. Los arrestos en el sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza, epicentro de las medidas de Abbott, bajaron un 76% en comparación con diciembre. Rio Grande Valley, el corredor de mayor actividad de cruces ilegales durante la mayor parte de la última década, registró su menor cantidad de detenciones desde junio de 2020.
Tucson, Arizona, ha sido el corredor más transitado en los últimos meses, seguido de San Diego en enero, pero las razones de los cambios repentinos suelen ser complicadas y están dictadas por las organizaciones de tráfico de personas.
Cuando el presidente Biden visitó Rio Grande Valley en su segundo viaje a la frontera como mandatario el mes pasado, funcionarios del gobierno atribuyeron el descenso en el número de detenciones a un mayor control por parte de las autoridades mexicanas en esa parte de la frontera. Dijeron que las condiciones eran más difíciles en Sonora, estado situado al sur de Arizona.